Es inevitable volver sobre los alcances políticos y sociales del ordenamiento territorial, el cual no se limita a los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) –instrumentos de planificación importantes pero insuficientes para un adecuado manejo de la geografía nacional y regional– ni al denominado “catastro multipropósito”.
Miguel Borja | Catedrático del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).share
Se requiere un arreglo diferente de la cartografía política, con el fin de que sea adecuada tanto para las labores de la economía y la sociedad como para el ejercicio del poder estatal. Fuente: Jeimi Villamizar, Unimedios.
Cuando el país, agobiado por sus múltiples dificultades, ya se olvidaba de la necesidad de ordenar mejor la gestión y administración del territorio de la nación y sus regiones, el alto gobierno vuelve a colocar en el escenario la preocupación por el ordenamiento territorial.
Así, por ejemplo, el director del Departamento Nacional de Planeación, profesor Jorge Iván González, ha expresado que uno de los problemas centrales del país es precisamente el ordenamiento territorial existente.
Igualmente, el presidente de la República suele jugar con el regionalismo, aunque todavía sin atreverse a tomar la decisión firme de apostar por la configuración federal de la República, o por impulsar una reforma que permita resolver las cuestiones básicas de la organización del territorio.
La preocupación gubernamental por el ordenamiento territorial, es compartida socialmente, pues la nación no ha podido despegar, entre otras cosas, debido a la obsolescencia de su ordenamiento territorial. No solo la gestión de los territorios y regiones está afectada por los desajustes territoriales, sino que la economía y la gobernabilidad también están comprometidas.
Lo anterior a pesar de que la Asamblea Nacional Constituyente dejó plasmada en la Carta Política una configuración territorial alternativa para la organización estatal, con el fin de abrirle camino a espacios sociales y culturales como las regiones, los territorios indígenas, negros y raizales.
Las modificaciones previstas en la Carta Política fueron atadas al derecho territorial en su conjunto, el cual se ha venido desarrollando sin una dirección estratégica que permita contar con normas legales adecuadas para modificar el mapa oficial de la República. El derecho territorial ha sido sometido a los vaivenes del poder político, de manera que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial ordenada por la Carta Política no solo fue el mandato constitucional que mayores obstáculos encontró para su aprobación, sino que, cuando fue aprobada en 2011, resultó en un texto que no es más que un saludo a la bandera y mantiene latentes las dificultades que debió solucionar.
Por ejemplo, no alcanzó a direccionar qué forma de Estado es conveniente para la nación y sus partes integrantes. Dejó así sin darle salida a una discusión centenaria que no logra alcanzar un consenso y mantiene en vilo a las poblaciones cuando se trata de resolver el interrogante por el diseño territorial del Estado: qué se debe construir, ¿un Estado nación al estilo europeo, un Estado indígena, negro y raizal, andino, costero o amazónico?
Por otro lado, se esperaba que la Ley Orgánica señalara la vía a seguir para modificar el caduco mapa oficial, delinear nuevas entidades territoriales, redefinir las relaciones entre la nación y las partes que la integran y rediseñar las instituciones estatales encargadas de orientar el ordenamiento territorial, entre otras cuestiones, cuya resolución es urgente.
Nuestros gobernantes y legisladores han preferido no atender a estos asuntos, hasta el momento, con el fin de mantener el statu quo del poder económico y social territorial que representa el mapa oficial, algo que sucede a pesar de la necesidad de entrar armados con un mejor ordenamiento territorial a los tiempos de cambio que se aproximan.
Diseñar y aprobar la Ley Orgánica y otras normas del derecho territorial no era tarea fácil, y ahora será necesario revisar y enderezar los textos aprobados para que sirvan de marco a una reforma territorial que sea la carta de navegación de la nación y las regiones.
Es inevitable volver sobre los alcances políticos y sociales del ordenamiento territorial, el cual no se limita a los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) –instrumentos de planificación importantes pero insuficientes para un adecuado manejo de la geografía nacional y regional– ni al denominado “catastro multipropósito”, ahora tan de moda.
El nuevo gobierno baraja la necesidad de realizar cambios en nuestro ordenamiento territorial, pues las dificultades que genera su caducidad para la gobernabilidad y el progreso son evidentes.
Problemas como límites internos mal trazados; entidades territoriales mal diseñadas; ignorancia de la forma como las diferentes culturas que conviven en la nación organizan el espacio; desconocimiento de las territorialidades culturales; y pérdida histórica de espacios geográficos en los litigios por el trazado de los límites internacionales son cuestiones cuya solución demanda una acción urgente de la dirección estatal.
El ordenamiento territorial sería un indicador relevante para medir el avance del cambio que se anuncia. Fuente: Jeimi Villamizar, Unimedios.
A la altura del debate sobre la cartografía política de Colombia es de Perogrullo señalar la obsolescencia de las configuraciones territoriales departamentales y municipales, las cuales, como se ha demostrado con suficiencia en múltiples estudios, no cuentan con el diseño necesario para que puedan ser los contenedores adecuados de la gestión pública.
Las fronteras internas que el mapa oficial de la República muestra que se trazaron según los parámetros de la sociedad colonial, por el arbitrio real, desconocedor de la geografía de sus posesiones de ultramar. Por ende, responden a los viejos tiempos y no interpretan la organización territorial que el funcionamiento real de la sociedad y la economía poscoloniales han cimentado.
Incluso, el mal diseño del mapa oficial ha llevado a la existencia de diversas Colombias periféricas, espacios geográficos mantenidos al borde de las estructuras económicas y culturales, convertidos en escenarios privilegiados de la guerra y la violencia. Una de las claves olvidadas en los procesos de paz, como se observa en la búsqueda de la paz total, tiene que ver precisamente con el papel que el desorden territorial juega en los conflictos bélicos.
Se dice permanentemente y por múltiples voces que el tiempo del cambio parece haber llegado. Si es así, desde la perspectiva de tallar y cimentar mejores gobernabilidades territoriales, es indudable que el cambio social no se podrá realizar si no se introducen las reformas necesarias en el ordenamiento territorial. El cambio demanda un arreglo diferente de la cartografía política, con el fin de que sea adecuada tanto para las labores de la economía y la sociedad como para el ejercicio del poder estatal.
El actual Gobierno tiene un punto de partida favorable para iniciar políticas y programas de reordenamiento territorial: los mandatos constitucionales y legales existentes para ordenar el territorio, en especial el título XI de la Carta Política.
Cuenta con la experiencia, poco exitosa, de los POT y la Comisión de Ordenamiento Territorial, así como de diversos ejercicios de gestión territorial adelantados por las instituciones estatales.
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