Obedeciendo a las dinámicas culturales, económicas y sociales de sus habitantes, los campesinos de la Serranía del Perijá de Colombia –ubicada entre los departamentos del Cesar y La Guajira– se han convertido en actores clave del ordenamiento del territorio. Acá una mirada sobre la influencia política del campesinado entre 1987 y 2018.

Annelise Barriga Ramírez | Periodista de Unimedios – Sede de La Paz

Los campesinos han sufrido problemas de ocupación de tierras con la llegada de hatos ganaderos, legalización de tierras de minería y de palma, que tras la llegada del proceso paramilitar tienen lógicas de expropiación. Fuente: Jeimi Villamizar, Unimedios.Los campesinos han sufrido problemas de ocupación de tierras con la llegada de hatos ganaderos, legalización de tierras de minería y de palma, que tras la llegada del proceso paramilitar tienen lógicas de expropiación. Fuente: Jeimi Villamizar, Unimedios.

“El campesinado protege los ríos de esta ecorregión, así como el ciclo del agua, que es la principal base del sostenimiento del ecosistema. Su cultura y sus bases de trabajo han aportado a la agricultura familiar en momentos críticos como en pandemia, cuando hubo una escasez de recursos y se ratificó que ellos tienen un papel preponderante porque abastecen de comida natural a las poblaciones”, manifestó el politólogo Brayan Andrés López Matamoros, magíster en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien realizó un estudio sobre la influencia política del campesinado entre 1987 y 2018.

Sobre el ámbito político, el experto agregó: “los campesinos se han fortalecido en la zona rural y han ejercido gobierno comunal, en donde han dirimido conflictos, no solo entre ellos mismos sino también con poblaciones como los yukpas, solucionando los problemas de ocupación de tierras que se dieron con la llegada de muchos hatos ganaderos, legalización de tierras de minería y de palma, que tienen lógicas de expropiación tras la llegada del proceso paramilitar”.

Cabe recordar que el territorio, inicialmente de los indígenas, se convirtió en escenario de conflicto armado debido a que guerrillas y paramilitares lo utilizaron como corredor estratégico. La situación de orden público los obligó a desplazarse y a dejar buena parte de sus predios, que fueron ocupados por campesinos.

Al respecto, Giovanni Chona, campesino del municipio de La Jagua de Ibirico (Cesar), expresó: “cuando nos despojaron de nuestras tierras por el conflicto armando nos vimos obligados a trasladarnos hacia las ciudades, pero en el momento que se nos dio la oportunidad de retornar a las parcelas lo hicimos cargados de recuerdos dolorosos. En mi caso perdí a mi padre, pero nos llenamos de mucho valor porque nosotros amamos la tierra, amamos el campo y nacimos para hacer campesinos… eso nos dio la motivación para seguir trabajando en el campo”.

Por su parte, Jhon Pérez, campesino del corregimiento de San José de Oriente, en el municipio de La Paz (Cesar), aseguró que los recuerdos amargos que le dejó la violencia no son algo que se supere con facilidad, sino que el tiempo sigue y hay que avanzar.

“Todas esas familias que de pronto se fueron por desplazamientos forzosos han retomado su labor en el campo; se empezó a recuperar un poco lo que es el agro y poco a poco han empezado a hacer sus casitas otra vez, fortaleciendo la economía del agro”, recalcó.

Según la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), respecto a los terrenos dedicados a la ganadería en el Cesar “la única información disponible que permite realizar una aproximación de esa área es la relacionada con las coberturas de la tierra”, suministrada en 2018 por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), que data de 1.085.234 hectáreas.

No obstante, la Unidad precisa que “la presencia de pastos no implica necesariamente que se desarrollen actividades pecuarias en dichos terrenos”. Las cabezas de cadena también superan el millón en el Cesar, según la Secretaría de Agricultura Departamental, datos que reafirman que el campo en esta parte del país está dominado por la ganadería.

Por otro lado, la Agencia Nacional de Minería (ANM) informa que el Cesar tiene 348 títulos mineros vigentes que representan un área de 277.180 hectáreas, correspondientes al 12,39% del departamento. De estos títulos, 51 están en etapa de exploración, 78 en construcción y montaje, y 219 en explotación.

En relación con el cultivo de palma africana, el Cesar es el segundo departamento del país con mayor área sembrada: de las 100.000 hectáreas, 78.000 están en plena producción en 18 de los 25 municipios. En esta actividad se destacan la zona norte representada por Valledupar, San Diego, Codazzi, Becerril y La Jagua de Ibirico; la zona noroccidente con Bosconia y Copey; el centro con Tamalameque y Curumaní; y sur con San Martín y San Alberto.

Se destaca la capacidad de los campesinos de prescindir de la dominación de actores armados tanto legales como ilegales. Fuente: Agronet.Se destaca la capacidad de los campesinos de prescindir de la dominación de actores armados tanto legales como ilegales. Fuente: Agronet.

Influencia en los gobiernos

Los campesinos también han influido en los gobiernos municipales, ya que han interactuado con los grupos armados, motivados por su supervivencia. “Ellos han intentado establecer una lógica de autonomía frente a esas dinámicas de la guerra con el hecho de poder vivir el día a día de una forma un poco más tranquila”, aseveró el magíster en Estudios Políticos de la UNAL.

Un ejemplo claro de lo anterior se percibió en el Paro del Nororiente de 1987, que modificó las relaciones de poder en el territorio y propició la creación de varias figuras organizativas para luchar por los derechos campesinos; sin embargo, esta población ha sido víctima de un lento proceso administrativo iniciado en 1959 por el reconocimiento legal de su autonomía territorial bajo la figura de Zona de Reserva Campesina (ZRC), desde 1994.

El investigador López rememora que en el territorio han hecho presencia organizaciones campesinas como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la Mesa Regional de la ZRC del Perijá, y la Asociación Campesina del Perijá Norte (Asoperijá). Esta última se ha destacado por un fortalecimiento intensivo de su proceso organizativo y acciones colectivas, generando cambios espaciales en los que ha establecido territorialidades y transformaciones simbólicas y materiales de producción de la vida con el territorio del centro de la Serranía del Perijá.

Sin embargo, Asoperijá no ha tenido éxito en la inclusión de sus demandas por la organización territorial de la Serranía del Perijá en los planes de ordenamiento territorial nacionales y departamentales, a pesar de ejercer autoridad sobre dicho territorio.

“En esta medida, se desconoce la dimensionalidad espacial del proceso organizativo y de la acción política de Asoperijá por la reorganización territorial de la Serranía del Perijá a pesar de que su acción política ha conllevado nuevas actividades productivas, formas de regulación y localización de poblaciones de la Serranía del Perijá”, expresa el experto.

Agrega: “como consecuencia de estos procesos organizativos y de acción política han emergido episodios de violencia étnica y cultural por la reorganización territorial, en los que Asoperijá, comunidades yukpa y comunidades wiwa se han visto involucrados, dando como resultado una nueva configuración territorial en la que se han establecido desplazamientos forzados, usufructo productivo de territorios sagrados, eliminación de corredores viales, asesinatos, amenazas de muerte y otros”.

Al respecto, el politólogo López destaca que en su investigación encontró que la influencia de la acción política de los campesinos se presenta en dos niveles: directa e indirecta. De forma directa, establecieron estrategias de presión y legitimación ofensivas, con el fin de establecer la autonomía territorial de su vida cotidiana, y defensivas, con el fin del reconocimiento social como actor colectivo ordenador del territorio y la gestión de problemáticas locales que su equipamiento institucional se ve limitado a la hora de gestionar, a través del equipamiento institucional estatal.

periodico.unal.edu.co