El experto sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento afirma que es necesaria una gestión desde instituciones abiertas a una amplia participación pública. Frente a la creciente escasez causada por el cambio climático, recomienda aplicar incentivos económicos al uso eficiente y responsable del agua y penalizaciones al uso abusivo.
Los ecosistemas acuáticos y el agua que extraemos de ellos deben considerarse y gestionarse en el dominio público, como un bien común, accesible a todos, pero no apropiable por nadie, afirmó este lunes un experto independiente de la ONU*.
En su informe a la 57ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, el relator especial sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento** abogó por diferenciar la que es necesaria para mantener la vida de la que es utilizada con fines económicos, fijar prioridades y establecer criterios de gestión específicos.
“¿Cuál es el valor monetario del agua necesaria para garantizar la salud de sus familias? ¿El valor del agua necesaria para cultivar aguacates para la exportación es siquiera comparable al valor necesario para proteger la salud pública?”, cuestionó al respecto Pedro Arrojo-Agudo.
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Un enforque basado en los derechos humanos
Para el experto, considerar el agua como una mercancía que debe gestionarse según la lógica del mercado es un error.
“Desde este enfoque, el acceso, el uso y el beneficio del agua dependen de la capacidad de pago en función de la oferta y la demanda, y el acceso a la información y la gestión quedan en manos de las empresas. Esto es incoherente con un enfoque de la gestión del agua basado en los derechos humanos”.
Arrojo-Agudo afirmó que el agua de la que dependen las poblaciones y los ecosistemas acuáticos de los que se nutren deben gestionarse con un enfoque común basado en los derechos humanos que garantice la no discriminación, la participación igualitaria, la transparencia y la rendición de cuentas.
“Estos ecosistemas son patrimonio natural común, y su sostenibilidad debe garantizarse en beneficio de todos, incluidas las generaciones futuras”, afirmó.
Responsabilidad gubernamental
El relator especial instó a los gobiernos a avanzar hacia acuerdos e instituciones que reflejen una responsabilidad compartida a nivel mundial para hacer frente a la crisis climática y cuidar el ciclo del agua como un bien común global.
“Es un reto democrático que los Estados deben asumir para hacer realidad los derechos humanos al agua y al saneamiento”, dijo a este respecto.
Recomendaciones
Entre otras medidas, el relator espacial recomendó en el informe desarrollar la planificación y gestión del agua a nivel de cuenca, “desde instituciones abiertas a una amplia participación pública”, así como garantizar una gestión no lucrativa de los servicios de agua potable y saneamiento.
También pidió respetar los derechos al agua y a la tierra de los pueblos indígenas y las comunidades rurales.
Frente a la creciente escasez causada por el cambio climático, el experto recomendó aplicar incentivos económicos al uso eficiente y responsable del agua y penalizaciones al uso abusivo, desarrollando los principios de no deterioro, de quien deteriora restituye, recuperación de costes y coste-eficacia.
Además, Arrojo-Agudo pidió desarrollar planes de adaptación desde la planificación hidrológica, territorial y urbanística, abiertos a la participación pública y basados en el principio de precaución, así como establecer seguros agrarios para proteger a los productores más vulnerables.
* Pedro Arrojo-Agudo es el relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Fue nombrado por el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2020.
** Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
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