Acabar con la impunidad de los crímenes contra periodistas es uno de los desafíos más grandes y complejos de los últimos tiempos. Es esencial para garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información de todos los ciudadanos.
Ante el auge de los conflictos y otras crisis, la conmemoración de 2024 pone sobre la mesa un debate más amplio sobre la seguridad de los periodistas que trabajan en estos contextos, con el objetivo de tratar cuestiones de prevención, de protección y de enjuiciamiento de los periodistas afectados.
Muchos periodistas, profesionales de los medios de comunicación y personal asociado ejercen sus funciones en contextos altamente peligrosos. Demasiados son los que pagan un precio inaceptablemente alto por producir información independiente, fiable y verificable. Muchos llegan a pagar con su propia vida o sufren desapariciones forzadas, torturas, detenciones ilegales y secuestros.
Los periodistas que cubren información desde zonas de conflictos y crisis se enfrentan a graves amenazas en el desempeño de su vital labor. A pesar de que desde 2017 la UNESCO ha registrado una disminución gradual de los asesinatos entre los trabajadores de los medios de comunicación en áreas de conflicto, la tendencia se ha invertido recientemente. En 2023, más del 50 % de los crímenes contra periodistas se produjeron en zonas de crisis y conflicto, con cifras que no dejan de aumentar en el primer semestre de 2024.
Las infraestructuras de los medios sufren a menudo considerables daños o incluso son destruidas, y los periodistas se enfrentan a agresiones físicas, detenciones, confiscación de materiales y la denegación de acceso a lugares de cobertura. Muchos se ven obligados a huir o a optan por dejar de ejercer su labor, con el consecuente riesgo de convertir los territorios de conflicto en «zonas silenciadas».
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La impunidad de las agresiones a periodistas tiene un efecto escalofriante en la sociedad
América Latina y el Caribe es la región con el mayor número de ataques mortales contra periodistas, según el Informe 2022 del Director General de la UNESCO sobre la seguridad de periodistas y el peligro de la impunidad.
Desde 1993, más de 1700 periodistas fueron asesinados por cumplir con su labor de informar al público. En nueve de cada diez casos los asesinos salen impunes, según el según el observatorio de periodistas asesinados de la UNESCO. La impunidad trae consigo más asesinatos y, a menudo, es síntoma de un recrudecimiento del conflicto y del quebrantamiento de la ley y del desmoronamiento del sistema judicial.
Si bien los asesinatos son la forma más extrema de censura de los medios, los periodistas además están sujetos a otras muchas amenazas, que van desde el secuestro, la tortura y otros ataques físicos hasta el acoso en la esfera digital. Las amenazas de violencia y los ataques contra periodistas, en particular, crean un clima de miedo entre los profesionales de este medio, lo cual impide la libre circulación de información, opinión e ideas entre los ciudadanos.
Las mujeres periodistas se ven particularmente afectadas por las amenazas y los ataques, en especial, cuando se realizan en línea. Según el reciente documento de trabajo de la UNESCO, «The Chilling: Tendencias mundiales de la violencia en línea contra mujeres periodistas«, el 73 por ciento de las mujeres periodistas encuestadas dijeron que habían sido amenazadas, intimidadas e insultadas en línea en relación con su trabajo.
En muchos casos, las amenazas de violencia y los ataques contra periodistas no se investigan de forma adecuada. Esta impunidad tiende da alas a los autores de dichos crímenes, y, al mismo tiempo, tienen un efecto paralizador en la sociedad, entre ellos, los mismos periodistas. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) teme que esta impunidad dañe a la sociedad en su conjunto al encubrir graves abusos de los derechos humanos, corrupción y otros crímenes. El tipo de noticias que son «silenciadas» es exactamente el tipo de información que la opinión pública necesita conocer.
Por otro lado, los sistemas judiciales que investigan enérgicamente todas las amenazas de violencia contra periodistas envían un poderoso mensaje de que la sociedad no tolerará los ataques contra los periodistas y contra el derecho a la libertad de expresión para todos.
Plan de Acción de la ONU sobre la Seguridad de los Periodistas
El Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad es el primer esfuerzo concertado de la ONU para abordar los ataques y la impunidad de los crímenes contra los periodistas. Reúne a organismos de la ONU, autoridades nacionales, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.
Desde que se adoptó el plan, la cuestión de la seguridad de los periodistas ha adquirido una mayor visibilidad en la ONU, como demuestra el creciente número de declaraciones, resoluciones y otros textos normativos; además del Llamamiento a la Acción del Secretario General de la ONU en favor de los derechos humanos. La protección de los periodistas forma parte también de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Asimimso, el Plan ha contribuido a crear coaliciones internacionales de gobiernos y de la sociedad civil y ha servido para provocar cambios sobre el terreno, como la creación de mecanismos nacionales de seguridad en al menos 50 países.
A pesar de estos logros, queda mucho camino que recorrer. Persiste el alto índice de impunidad de los delitos contra los periodistas y se dan nuevas formas de amenazas sin precedentes.
El décimo aniversario sirvió para reafirmar, volver a comprometerse y reposicionar los esfuerzos para avanzar en el Plan de la ONU.
Antecedentes
El 18 de diciembre de 2013 la Asamblea General aprobó su primera resolución relativa a la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad A/RES/68/163 en la que se condenaba todo tipo de ataques contra los trabajadores de los medios de comunicación y se proclamaba el 2 de noviembre como el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. La fecha se eligió en conmemoración del asesinato de dos periodistas franceses en Malí en 2013.
Esta histórica resolución insta a los Estados Miembros a que tomen medidas concretas para prevenir las agresiones contra los periodistas, asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia y garantizar el derecho de las víctimas a las reparaciones. Asimismo, exhorta a los Estados a promover un entorno propicio y seguro en el que los periodistas puedan realizar su labor de manera independiente y sin interferencias.
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