- La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, informó que 11 personas fueron capturadas, incluyendo seis exfuncionarios de Corponariño, por tráfico ilícito de madera que generaba ganancias de 1.000 millones de pesos mensuales.
- La estructura criminal operaba en la cuenca media del río Putumayo, afectando Puerto Leguízamo, Puerto Asís y Tarapacá, lugares con altos índices de deforestación.
- Los capturados serán procesados por aprovechamiento ilícito de recursos naturales, concierto para delinquir y prevaricato por acción.
Bogotá, 28 de noviembre de 2024 (@Minambienteco) – En el marco del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y Delitos Ambientales (Conaldef), la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lideraron una operación conjunta en la que se logró la captura de 11 integrantes de una estructura criminal dedicada al tráfico ilícito de madera en la Amazonía. Esta red estaba causando un grave impacto ambiental en la cuenca media del río Putumayo, en los municipios de Puerto Leguízamo y Puerto Asís (Putumayo) y en Tarapacá (Amazonas).
Entre los capturados se encuentran seis exfuncionarios de la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño), incluidos altos directivos como una subdirectora quien presuntamente otorgaba permisos fraudulentos de salvoconducto para la movilización de madera. Estas acciones ilícitas generaban ganancias de cerca de 1.000 millones de pesos mensuales para la organización ilegal.
“Es una contradicción y una situación profundamente grave que funcionarios públicos encargados de salvaguardar el medio ambiente estén involucrados en actividades criminales que destruyen los ecosistemas que deben proteger”, afirmó la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad.
Los detenidos enfrentan cargos por los delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales, concierto para delinquir y prevaricato por acción, dada su calidad de funcionarios públicos. Este caso es especialmente alarmante, pues involucra a miembros del Sistema Nacional Ambiental (SINA), cuya misión constitucional es proteger los recursos naturales del país.
La operación reafirma el compromiso del Gobierno Nacional con la lucha contra los delitos ambientales y la protección de los ecosistemas estratégicos del país. Las autoridades continuarán reforzando las investigaciones y acciones para prevenir y sancionar este tipo de crímenes.
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