La salida de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) de la región amazónica, donde hicieron presencia desde mediados de 1980 para controlar las economías ilícitas, permitió que se desarrollaran actividades como la ganadería a gran escala, el acaparamiento de tierras y la explotación de hidrocarburos; y además se aumentaron la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito, que han acelerado la devastación de la selva.
5 de diciembre de 2024
Stephanie Garzón | Periodista Unimedios Sede Bogotás
La tala de bosques se duplicó en los municipios donde la guerrilla de las FARC tenía presencia. Foto: Juancho Torres Anadolu AgencyAnadolu vía AFP.
Luego de la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016, en los municipios que estaban controlados por esta organización se registró un aumento de 177% en la deforestación –frente a 90% en los municipios sin su influencia–, acelerando la amenaza de uno de los ecosistemas más biodiversos del país, una consecuencia asociada con el vacío de autoridad tras el retiro de las FARC, que se tradujo en cambios en las reglas de uso del suelo y en la llegada de nuevos actores tanto armados como civiles.
Esta cifra es producto de la investigación de Valentina Cano Giraldo, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien realizó un análisis detallado de las 79 entidades territoriales amazónicas, incluyendo municipios y áreas no municipalizadas como El Encanto y La Chorrera, utilizando datos del Ideam y alertas tempranas de deforestación, de 2013 a 2022, para evidenciar la evolución de este fenómeno.
“Mi investigación aborda cómo la transición del control territorial en la Amazonia, tras más de 5 décadas de conflicto armado, ha dejado a estos ecosistemas vulnerables frente a actores legales e ilegales”, comenta la magíster Cano.
Mapa de la deforestación en la Amazonia colombiana como porcentaje del total nacional (2014-2021). Mapa: Valentina Cano Giraldo, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la UNAL.
Un vacío de control con consecuencias ambientales
Las FARC-EP tuvieron presencia en 42 de las 79 entidades territoriales de la región Amazónica, en las que impusieron normas e impuestos a actividades económicas, lo que generaba un control sobre el uso del suelo. “Tras la firma del Acuerdo, estos territorios, antes inasequibles, se convirtieron en un objetivo para actividades como la minería ilegal, el acaparamiento de tierras y la expansión de la ganadería”, señala la investigadora.
Antes de la reincorporación, el 49% de la deforestación nacional se concentraba en la Amazonia, pero tras este proceso la cifra llegó al 70,3%. Solo de 2016 (cuando se firmó el Acuerdo) a 2017 este fenómeno aumentó 87%, al pasar de 83.533 a 156.560 hectáreas de selva arrasadas respectivamente, según los resultados de la investigación.
Aunque este proceso de paz marcó un hito crucial para la superación del conflicto en Colombia, la implementación del Acuerdo ha puesto de manifiesto las profundas dificultades que enfrentan los territorios antes controlados por la guerrilla para adaptarse a las nuevas condiciones. Por ejemplo, San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, San José del Guaviare y La Macarena han sido los municipios con mayor deforestación en el país entre 2017 y 2021.
Entre 2013 y 2021 Colombia registró 1.485.734 hectáreas deforestadas, con un marcado aumento a partir de 2016, año que coincide con la firma del Acuerdo. En el contexto de la Amazonia la situación es aún más crítica: entre 2014 y 2021 se perdieron 866.779 hectáreas, siendo Caquetá el departamento con mayor deforestación, con 290.560 hectáreas afectadas. Las entidades territoriales del Meta también presentan cifras alarmantes, con 229.898 hectáreas deforestadas en el mismo período.
Caquetá, Meta y Guaviare pasaron de representar el 35 % de la deforestación nacional antes de 2016, al 59 % en el posacuerdo. Foto: Juancho Torres Anadolu AgencyAnadolu vía AFP.
Causas de la deforestación
El principal motor de la deforestación es la expansión de la frontera agrícola, impulsada por la ganadería extensiva. Los tres departamentos que lideran las cifras de pérdida de cobertura vegetal son a su vez los que lideran esta actividad en la región. Así mismo, en el posacuerdo se han incrementado las cabezas de ganado, de cerca de 3 millones en 2016 a casi 4,5 millones en 2021.
Esta dinámica, impulsada por grupos armados, genera praderización de terrenos para convertirlos en pastizales para la cría de ganado. Mientras las FARC limitaban las hectáreas que se podían deforestar por cantidad de animales, de 4 a 5 anuales, después de la firma los colonos y otros actores han establecido fincas de hasta 1.000 hectáreas, según los resultados de la investigación. Este fenómeno también ha sido incentivado por la promesa de formalización de 7 millones de hectáreas contempladas en el Acuerdo.
En este contexto, las Áreas Protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) en la región Amazónica también han experimentado un aumento del 169% en la deforestación entre el período anterior a la firma del Acuerdo (2013-2016) y el posterior (2017-2021). Este incremento resalta la falta de capacidad del Estado para gestionar y proteger estos territorios estratégicos.
Entre los impulsores identificados también destaca la minería, tanto la lícita como la ilícita. Desde 2013 la primera registra 196 títulos mineros y 1.208 solicitudes, varios de ellos en municipios donde la guerrilla tenía presencia. En cuanto a las actividades al margen de la ley, la minería de oro de aluvión ha mostrado un incremento y se encuentra presente en 30 entidades territoriales.
Los factores detrás de la deforestación son: minería ilícita, cultivos ilícitos y ganadería extensiva, y explotación de hidrocarburos. Foto: Andrés Almeida.
En cuanto a los cultivos de uso ilícito, entre 2020 y 2021 se registró un incremento en todos los departamentos de la región, así: Amazonas 20%, Meta 33%, Guaviare 37%, Putumayo 41%, Cauca 51%, Caquetá 79%, Nariño 84%, Vichada 157%, y Guainía 158% (cálculos propios realizados a partir del Apéndice 5). Esto genera preocupación, pues, según la investigadora, para producir un gramo de clorhidrato de cocaína puro se requiere un área de 1,26m2, que se convierten en bosques deforestados.
Los datos presentados en la investigación demuestran que la deforestación en la Amazonia no solo ha aumentado en cifras absolutas, sino que además ha comprometido aún más la estabilidad de uno de los ecosistemas más vitales del planeta. Esto pone en duda el cumplimiento del objetivo del Gobierno nacional de alcanzar una deforestación neta cero para 2030, tal como se propone en el Conpes 4021 de 2020 (documento de política pública que establece acciones para alcanzar objetivos propuestos por el Consejo Nacional de Política Económica y Social).
Un legado ambiental en riesgo
“El Acuerdo de Paz, aunque crucial para la reconstrucción social, dejó un vacío de autoridad en la Amazonia, lo cual permitió que actores con intereses económicos avanzaran sobre territorios vulnerables exacerbando la crisis ambiental”, enfatiza la investigadora.
Entre 2014 y 2021 se deforestaron 290.000 hectáreas en Caquetá. Foto: Raúl Arboleda AFP.
El impacto de esta deforestación no es solo local, pues la pérdida de bosques tropicales también tiene consecuencias globales, desde la disminución de biodiversidad hasta el aumento de emisiones de carbono.
Para la magíster, “es importante integrar un enfoque ambiental en las políticas públicas posconflicto. La Amazonia es más que el pulmón del planeta, es un patrimonio cultural y ecológico invaluable; protegerla requiere una gestión territorial efectiva que involucre a las comunidades locales y garantice su sostenibilidad”.
Este estudio no solo aporta datos alarmantes sobre la deforestación, sino que además plantea la necesidad urgente de repensar las estrategias de desarrollo en zonas históricamente afectadas por el conflicto armado. “El futuro de la Amazonia depende de las decisiones que tomemos hoy como país y como comunidad internacional”, concluye la investigadora.
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