Pobreza, desempleo, violencia y destrucción de territorios ancestrales son algunos de los nefastos legados de las actividades extractivas en departamentos como Arauca y La Guajira; para cerrar brechas sociales se debe transitar hacia un modelo de desarrollo que use de forma inteligente el potencial y los recursos nacionales.
14 de enero de 2025Libardo Sarmiento Anzola | filósofo y magíster en Teoría Económica de la Universidad Nacional de Colombia
La ubicación de Colombia en la cordillera de los Andes hace al país con alto potencial minero especialmente metálico de oro y cobre. Foto: LUIS ACOSTA/AFP.
Pobreza, desempleo, violencia y destrucción de territorios ancestrales son algunos de los nefastos legados de las actividades extractivas en departamentos como Arauca y La Guajira; para cerrar brechas sociales se debe transitar hacia un modelo de desarrollo que use de forma inteligente el potencial y los recursos nacionales.
La nuestra es la historia de la tasa de extracciónde recursos naturales y su exportación a países centro del sistema mundo capitalista. Por sus condiciones geológicas, Colombia posee gran potencial para la extracción de minerales. El análisis de la contribución de la economía extractiva al bien común requiere hacerse en dos niveles: uno general, respecto a su trascendencia en el desarrollo, y otro particular, focalizado en los municipios donde se desarrollan las actividades de explotación de minas y canteras, correlacionado con variables de pobreza, desigualdad, empleo, afectaciones de suelos y aguas, violencias como homicidios, desplazamiento y confinamiento.
La “explotación de minas y canteras” incluye la extracción de minerales que se encuentran en estado natural, a saber: sólido, como el carbón y otros minerales; líquido, como el petróleo crudo, y gaseoso como el gas natural. La explotación de los sectores de hidrocarburos y carbón aportan alrededor del 80% del agregado sectorial.
El comercio global exige que, de una parte, cada país exporte lo que los demás necesitan, y de otra importe lo que requiere y no lo produce, o es poco competitivo. Colombia se especializó en exportar sus recursos naturales y materias primas sin procesamiento o bajo valor agregado, lo que ha generado un problema estructural: la inestabilidad del sistema económico debido a las frecuentes y violentas variaciones que experimenta el mercado mundial de productos básicos y materias primas.
En Colombia dicha actividad ha presentado dos ciclos económicos durante el último siglo: el primero de 1925 a 1978 (con dos picos: 1928 y 1940), y el segundo de 1979 a 2024 (el valor más alto fue en 2011). La contribución media de las actividades extractivas en el período 1925-2024 al PIB es de 4,3%, de manera bastante inestable (el coeficiente de variación es de 51%) y con un amplio rango de variación (11 puntos porcentuales). La contribución más baja fue de 1,3% en 1978, la más alta en 2011, al aportar 12,3% del PIB. En 2024 la contribución cae a 4,5%.
Estilo de desarrollo y “bien común”
La importancia de la “explotación de minas y canteras” en el desarrollo del país es evidente al observar las cifras más representativas: durante el último siglo aportó en promedio el 4,3% al PIB; es el primero en exportaciones con aportes de entre el 55 y el 65% del total de las ventas externas; representa una cuarta parte de los ingresos fiscales, y concentra el 26% de la inversión extranjera. El sector es altamente intensivo en capital, sus encadenamientos hacia adelante y hacia atrás son menores que en otros sectores y su contribución al empleo directo (alrededor del 1%) es inferior a su aporte al PIB.
La variedad de dimensiones económicas, sociales, políticas, culturales y ambientales que se han ido incorporando a la interpretación y evaluación del desarrollo dio lugar a lo que, desde mediados de la década de 1970, se denominó como “estilos de desarrollo”.
El 90 % de la producción de carbón de Colombia es extraído en las zonas mineras de Cesar y La Guajira por empresas multinacionales. Foto: Georg Ismar/DPA Picture/Alliance vía AFP.
La evidencia empírica e histórica del período 1950-2024 muestra un comportamiento paradójico al examinar la correlación de la dinámica de la “explotación de minas y canteras” y la evolución de las demás variables que integran el desarrollo: de una parte, está asociado positivamente (las dos variables evolucionan en el mismo sentido) con el crecimiento del PIB percápita (correlación de 0,22) y de manera significativa y negativa (las variables se mueven en direcciones opuestas) con el grado de incidencia de la pobreza monetaria (-0,66); de otra parte, la economía extractiva presenta una conexión directa con la tasa de desempleo (0,34), la violencia (la correlación con la tasa de homicidios es de 0,26) y la inequidad social (la asociación con el coeficiente de desigualdad Gini es de 0,29).
Las actividades extractivas no contribuyen al mejoramiento de las condiciones sociales ni a la convivencia pacífica en los territorios donde tienen más representatividad, y, contrario a lo esperado, incrementan la inequidad, no reducen la pobreza, desmejoran las condiciones de vida, las transformaciones artificiales del ámbito biofísico natural provocan destrucción, y las violencias se complejizan y multiplican: el total de personas incluidas en el Registro Único de Victimas a diciembre de 2023 es de 10,3 millones (20% de los habitantes de Colombia); los hechos victimizantes más frecuentes son homicidios, abandono o despojo forzado de tierras y confinamientos de las comunidades.
El 80,9% de la contribución departamental a la actividad económica “Explotación de minas y canteras” se concentra en Antioquia (9,6%), Cesar (15,9%), La Guajira (10,4%), Meta (28,6%) y los nuevos departamentos (16,4%: Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Vaupés y Vichada, antiguamente organizados como intendencias y comisarías), la mayoría de los cuales presentan niveles de pobreza y desigualdad superiores a los valores promedio del país (en 2023, el valor medio de la pobreza monetaria es de 33% y el coeficiente de Gini es de 0,546 (0 es la igualdad total y 1 la desigualdad total).
Otro ejemplo es La Guajira, que con un PIB históricamente dependiente de las actividades extractivas presenta el mayor grado de incidencia de la pobreza en el país: 65,3%, y el nivel de desigualdad viene en aumento: 0,510 en 2021; 0,522 en 2022, y 0,536 en 2023.
Opción para el futuro
Según el Gobierno colombiano, el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2025 busca avanzar en el tránsito de un modelo económico extractivista a uno productivo con justicia social y ambiental. Es un buen propósito, pero con inmensas limitaciones: la incertidumbre de recursos financieros, los problemas de gestión y las dificultades para materializar los proyectos de política pública.
La seguridad, la autonomía alimentaria y la producción de energías renovables y limpias deben ser un fin prioritario en todo modelo de desarrollo. Además, el Estado y la sociedad deben buscar permanentemente formas de aumentar la participación y la organización social de los sectores populares, y maneras de descentralizar el ejercicio de planeación del desarrollo territorial, a fin de compensar por estos medios las tendencias y estructuras concentradoras de poder que prevalecen en la economía, las instituciones y la sociedad.
En este contexto resulta significativo el aval que la Corte Constitucional le dio a la ley de aprobación del “Acuerdo de Escazú”, el tratado internacional que beneficia la protección de los líderes ambientales, el acceso a la información y las consultas previas para iniciativas que tengan impacto ambiental.
Más información en: Sarmiento Anzola, Libardo. (Enero – junio de 2018). Petróleo, paz inconclusa y nueva lógica del conflicto. Ciencia Política, 13(25),67-92. Unijus, UNAL
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