Madrid, 25 feb (EFE).- Este martes los países reanudan en Roma las discusiones sobre cómo financiar la lucha contra la crisis de biodiversidad, negociaciones que pusieron en pausa en Colombia, el pasado noviembre, y que ahora los ecologistas esperan puedan concluir en un acuerdo ambicioso.
La COP16 celebrada en la ciudad colombiana de Cali en noviembre de 2024 terminó sin un acuerdo sobre financiación, dada la falta de consenso que terminó alargando la cumbre más de lo previsto. La demora logró que no hubiera delegados suficientes para adoptar decisiones. Y es que asistir a una cumbre del clima o de biodiversidad no es precisamente barato. Los precios los hoteles se disparan, la oferta se satura pronto y algunas cadenas aprovechan para subir sus tarifas, dada la escasez de opciones. Durante la COP16 de Cali fue sonado —medios como AFP o The Guardian se hicieron eco— que muchos delegados tuvieron que hospedarse en “moteles del amor”, con espejos en el techo, columpios y barras de streaptease, tras no encontrar lugar para alojarse en establecimientos convencionales. Otros se ven obligados a pagar las tarifas infladas de los hoteles. En múltiples ocasiones los representantes de los países en desarrollo han criticado que si uno de estos procesos de negociación –sea en cumbres del clima o de biodiversidad– se alarga más de la cuenta, a ellos les sale especialmente caro retrasar sus billetes de avión y ampliar su estancia en los hoteles.
Ahora la capital de Italia acoge en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) una segunda ronda de negociaciones enmarcada en esta cumbre, discusiones que arrancan este martes y concluyen el jueves.
Oficialmente, es la décimo sexta reunión de las partes que se celebra desde la adopción del Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, acordado en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992 y rafiticado por 196 países.
La ONU define este convenio como un “instrumento internacional para la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos».
Desde la presidencia colombiana de la COP16, la ministra de medio ambiente Susana Muhamad trasladó optimismo en la rueda de prensa previa al encuentro.
“Tengo la esperanza de que el camino que hemos abierto pueda crear un buen mensaje desde Roma y desde el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Y ese mensaje es que aún, incluso con un panorama geopolítico muy fragmentado, con un mundo cada vez más en conflicto, todavía podemos llegar a un acuerdo sobre algunas cuestiones fundamentales. Y uno de los más importantes es la necesidad de proteger la vida en esta crisis del cambio climático y la biodiversidad. Así que eso es lo que nos espera en estos tres días. Va a ser una reunión totalmente centrada en la negociación”, dijo Muhamad.
Dijo que la Presidencia de la COP16 ha emprendido un proceso “muy amplio” de consultas regionales. “Durante el mes de noviembre también tuvimos consultas bilaterales con ministros a nivel político por recomendación de los grupos regionales de los partidos. Enviamos una nota de reflexión a todas las partes, y una semana después publicamos un texto específico para el debate sobre la movilización de recursos como sugerencia a las partes. Creamos en Cali un espíritu que da gran legitimidad al marco común de Montreal, que es el marco que en la COP 15 las partes adoptaron como compromiso para proteger la biodiversidad hacia 2030. Y ese marco, que es una muy buena política pública internacional, requiere ahora de las decisiones para concretarse, para darle los brazos, los músculos, las piernas para poder caminar”.
“Cali fue una reunión fructífera y su espíritu nos guió hacia un gran compromiso”, coincidió la secretaria ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Astrid Schomaker. “Tenemos mucha confianza en que, bajo el liderazgo de la Presidenta Susana Muhamad, podamos revitalizar el espíritu de Cali y convertirlo en el espíritu de Roma, para salir de aquí en tres días con un acuerdo sobre las cuestiones pendientes”, agregó en la rueda de prensa.
Preocupación
Pero la falta de consenso preocupa a las organizaciones de sociedad civil Marco Global de Biodiversidad y los derechos de los pueblos indígenas. Demandan, sobre todo, que se garantice un financiamiento “accesible y adecuado” a los países del Sur Global, especialmente a las comunidades indígenas y comunidades locales, quienes a veces no logran acceder a esos fondos internacionales. También piden que se redireccionen los subsidios fósiles hacia iniciativas de conservación y transición energética “justa”, “cerrando la brecha de financiamiento estimada en 700 mili millones de dólares anuales. Por otro lado, quieren que se inste a las instituciones financieras a que abandone sus inversiones en sectores extractivos en zonas de alta biodiversidad, como la Amazonía.
Todo eso está en juego en Cali/Roma, como también lo está desarrollar un marco de seguimiento “que integre clima y biodiversidad”, y que priorice los ecosistemas críticos.
Reivindican el papel de los pueblos indígenas como “socios clave” en la conservación, restauración y uso sostenible de la biodiversidad. “Para eso, es esencial garantizar el reconocimiento de sus territorios como una categoría especial de conservación, con indicadores específicos en metas como la 1, 3 y 22 y con respeto por sus derechos y sistemas de gobernanza. Asimismo, es fundamental incorporar sus sistemas de conocimiento como herramientas eficaces para la conservación, y asegurar que su contribución quede reflejada en los informes nacionales y globales de biodiversidad. Estos indicadores deben medir el progreso en la protección de ecosistemas estratégicos como la Amazonía y los océanos”, asegura un grupo de oenegés ambientalistas y protectoras de los derechos humanos de Latinoamérica y el Caribe en un comunicado.
Organizaciones como Amazon Watch, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) o la Climate Action Network América Latina (CANLA), entre otras firmantes del escrito, piden detener nuevos proyectos de extracción fósil, “priorizando áreas de alta biodiversidad como la Amazonía y los ecosistemas marinos en el Caribe“ y proteger derechos de las comunidades afectadas y desarrollar alternativas económicas basadas en ”soluciones locales y sostenibles”, “reconociendo el papel de Latinoamérica y el Caribe como abanderada de una transición justa”. EFEverde