La extracción de recursos naturales por parte de grupos armados ilegales no solo afecta el medioambiente sino que también provoca desplazamientos masivos, confinamientos, amenazas y asesinatos de quienes habitan y protegen nuestros ecosistemas. Aun después del Acuerdo Final, el fortalecimiento de los grupos armados es innegable y el conflicto arrecia sobre las comunidades indígenas.
Aura Natalia Cuartas Parra | Estudiante de Ciencia Política, integrante del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa (Gisde) de la UNAL
La minería aumenta la deforestación y las dragas deterioran los ríos, especialmente los ubicados en territorios indígenas. Foto: Raúl Arboleda / AFP.
El Acuerdo Final firmado en 2016 por las FARC y el Gobierno colombiano marcó un hito histórico y una esperanza para millones de víctimas del conflicto armado. Este pacto busca reparar a las víctimas y establecer una paz estable y duradera. En este contexto las comunidades indígenas desempeñan un papel central por su histórica vulneración y por ocupar territorios ricos en recursos naturales disputados por grupos armados ilegales.
La limitada capacidad del Estado y el fortalecimiento de disidencias de las FARC y de otros grupos armados organizados (GAO) –como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo– han dificultado la implementación del Acuerdo. Esto ha propiciado la expansión de economías ilícitas como la minería criminal y el narcotráfico, que afectan directamente el medioambiente, y por ende la supervivencia de los pueblos indígenas. En ese sentido, este artículo pretende exponer la vulneración de los derechos humanos de la población indígena en Colombia en el posacuerdo, derivada de expresiones criminales en conflictos socioambientales por los territorios.
Los indígenas, el ambiente y el Acuerdo Final
Las comunidades indígenas se identifican a partir de su autorreconocimiento colectivo y de la transmisión total o parcial de sus costumbres e instituciones sociales, económicas y políticas (Organización Internacional del Trabajo, 2014); además conciben el territorio no solo como un espacio físico sino también como una condición esencial para su existencia: los ríos, árboles y montañas cumplen funciones irremplazables en el equilibrio vital. Con el fin de respetar esta cosmovisión, el Estado colombiano ha implementado zonas especiales para los pueblos, conocidos como Resguardos Indígenas, entre otras medidas de protección.
Igualmente el punto 6 del Acuerdo Final reconoce la violencia selectiva contra estas comunidades y se establece un enfoque étnico para implementarlo, en el cual se destaca la protección de los derechos sobre sus recursos y territorios, que implican el reconocimiento de sus prácticas ancestrales (Acuerdo Final, 2016). En la Reforma Rural Integral del Acuerdo se protege la propiedad colectiva y la seguridad jurídica de territorios ancestrales, y además se establece una agenda para la sostenibilidad socioambiental y económica, y también que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) deben ser consultados y aprobados por estas comunidades antes de su implementación.
En materia de seguridad, el Programa de Seguridad y Protección debe incorporar una perspectiva étnica y fortalecer los sistemas de seguridad propios, como la Guardia Indígena (Acuerdo Final, 2016). Así mismo, para la sustitución de cultivos Ilícitos se reconoce el uso tradicional y ancestral de la hoja de coca, y en el Programa de Desminado y Limpieza se prioriza la atención especial de las comunidades Emberá en Córdoba y Antioquia, Jiw y Nukak en Guaviare, y Awá en Nariño (Acuerdo Final, 2016).
De igual manera, para garantizar la reparación de las víctimas indígenas, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición debe respetar sus jurisdicciones y consultar todas las decisiones que los afecten, y además se estableció la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos para monitorear la implementación del Acuerdo.
Incumplimiento del Acuerdo Final
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) ha documentado los impactos ambientales generados por la extracción en territorios ancestrales de recursos naturales como oro, plata, petróleo y gas. Estas actividades, realizadas tanto por empresas nacionales e internacionales como por los GAO, han traído consigo desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas y homicidios contra la población indígena.
Entre 2021 y 2024 los principales hechos de violencia contra los pueblos indígenas fueron el confinamiento y el desplazamiento forzado masivo. Según la ONIC, estos fenómenos se deben a la disputa territorial entre los GAO, que buscan controlar corredores estatégicos para el narcotráfico, la tala ilegal y la minería (ONIC, 2021), situación que ha generado devastación de grandes áreas naturales al igual que el desplazamiento de la población.
En 2022 la violencia se intensificó: en Antioquia, Chocó, Córdoba y Sucre se registraron 433.580 víctimas de confinamiento, y 8.183 de desplazamiento forzado en Córdoba, Nariño, y Norte de Santander. En el norte del país aumentaron las economías extractivas debido a la riqueza minero-energética de la zona y su conexión con la frontera venezolana. En la región del Pacífico los grupos armados se disputan las rutas del narcotráfico invadiendo territorios indígenas. Además, el Clan del Golfo ha impuesto paros armados restringiendo la caza y la pesca, lo que afecta directamente la seguridad alimentaria de estas comunidades (ONIC, 2022).
Región Amazónica
En la Amazonia las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo financian sus operaciones a través de la minería criminal. Este fenómeno ha alterado el orden natural de los territorios ancestrales profundizando la crisis humanitaria, las bajas condiciones nutricionales y la ausencia de infraestructua para servicios de salud pública (ONIC, 2022). En 2024 los pueblos Emberá, Awá, Wounaan y Nasa fueron los más afectados por desplazamiento forzado, dada la presencia de economías ilícitas en sus territorios, a pesar de que su atención se priorizó en el Acuerdo.
Los grupos armados han restringido las actividades de las comunidades, mientras explotan sus territorios. Foto: archivo Unimedios.
Según el Gobierno nacional, en 2021 la deforestación aumentó un 1,5% con respecto a 2020, registrando 174.000 hectáreas deforestadas. Esto se debe a actividades de minería en al menos 8 ríos amazónicos, con mayor fuerza en Caquetá, Putumayo e Inírida. La mayoría de los territorios indígenas coinciden con megaproyectos y corredores de desarrollo, como polígonos mineros, bloques petroleros, concesiones viales, hidroeléctricas, puertos y obras de infraestructura (ONIC, 2023). Lo anterior ha facilitado la vulneración de sus derechos y ha impedido el cumplimiento del principio de No Repetición establecido en el Acuerdo.
En 2024 la Defensoría del Pueblo denunció amenazas en 50 municipios y 18 áreas no municipalizadas en los departamentos amazónicos. El ingreso de dragas mineras desde Brasil, el deterioro ambiental y la presencia de actores armados también han aumentado (Defensoría del Pueblo, 2024). Estas máquinas acuáticas se utilizan para excavar material debajo del nivel del agua para después elevarlo hasta la superficie para obtener oro u otros minerales valiosos, lo que afecta los suelos.
Así mismo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2022) advirtió que la minería criminal se “asocia con cadenas de crimen internacional donde las economías de la violencia sexual comercial, la trata, la minería ilegal y la droga están articuladas. Comparten métodos, operadores y centros de acción” (Defensoría del Pueblo, 2024, p.88).
Como conclusión, se puede afirmar que la explotación de recursos naturales para el financiamiento de grupos armados ha socavado el cumplimiento del Acuerdo Final y ha profundizado la crisis ambiental y humanitaria en las comunidades indígenas. A pesar de los compromisos establecidos, los pueblos nativos siguen siendo víctimas de violencia y despojo territorial. Sin un control efectivo sobre la minería criminal, la deforestación y los cultivos ilícitos será imposible garantizar el buen vivir de estas comunidades. Es fundamental que el Estado implemente medidas efectivas para proteger los territorios ancestrales y los derechos de los pueblos indígenas.
Bibliografía:
Defensoría del Pueblo. (2024, marzo 18). Alerta Temprana n°. 007-24 [Prevención y Protección]. Recuperado de https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/007-24.pdf
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNOCD). (2022, junio). Colombia. Explotación de oro de aluvión.
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Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). (2022, Diciembre). Informe Final 2022. Afectaciones a los Derechos Humanos en los Pueblos Indígenas de Colombia y Situación de los pueblos indígenas en frontera Colombia – Venezuela. Consejo Mayor de Gobierno de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Recuperado de https://www.onic.org.co/images/CO-INFO-20230102-informe_final_afectaciones_DDHH_pueblos_indigenas_ONIC.pdf
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). (2023, Diciembre). Conflicto y violencias armadas contra los pueblos indígenas de Colombia 2023. Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz. Recuperado de https://www.onic.org.co/images/Informe_sobre_DDPPII_Final_2023.pdf
Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2014) Convenio Núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Perú.
Ospina, A. (2022). El papel de los pueblos indígenas en la protección de la diversidad biológica. Foto tomada de: https://www.ambienteysociedad.org.co/el-papel-de-los-pueblos-indigenas-en-la-proteccion-de-la-diversidad-biologica/
Presidencia de la República. (2016). Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Recuperado de https://www.jep.gov.co/Normativa/Paginas/Acuerdo-Final.aspx
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