La desmovilización de las FARC, tras la firma del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” (AFP) en 2016, ha propiciado que los grupos armados ilegales transformen las dinámicas asociadas con el conflicto armado dejando de ser netamente interno, lo que repercute negativamente en las comunidades transfronterizas locales de Puerto Leguízamo (Colombia), el Cantón Putumayo (Ecuador) y el Distrito Manuel Clavero (Perú).
El río Putumayo se ha convertido en un corredor estratégico para grupos de narcotraficantes transnacionales. Foto: Luis Robayo / AFP.
La frontera occidental compartida por estos tres países se caracteriza por su gran riqueza cultural y biodiversa, y además representa un espacio geoestratégico vital para el entendimiento del conflicto armado colombiano en clave transfronteriza. En el grupo de investigación Relaciones Internacionales y Asuntos Globales (RIAG) resaltamos dos variables fundamentales para entender la realidad de este territorio entre 2017 y 2024: (i) las categorías de análisis del conflicto armado —historia, pervivencia y nuevas dinámicas—, y (ii) las relaciones sociales transfronterizas en sus dimensiones productivas, reproductivas, y político-organizativas.
Conflicto y posconflicto en la triple frontera occidental de Colombia, Ecuador y Perú
Desde finales del siglo XX y hasta hoy este territorio ha sido testigo silencioso tanto de los entramados violentos de redes transnacionales de narcotráfico como del control de la cadena de la minería ilegal de oro, con cobros a los pequeños mineros, al trabajo de las excavadoras o impuestos a insumos como el mercurio, lo que ha generado una economía incluso más lucrativa que la cocaína mientras aumentan los precios del metal (Macías, 2024).
Al tiempo se han desarrollado conflictos armados y actividades ilícitas que han perdurado en el tiempo y que han evolucionado en sus dinámicas, como la migración forzada, los cultivos de uso ilícito, las violaciones a los derechos humanos, el control territorial y la explotación de recursos naturales por parte de grupos armados al margen de la ley. Como señala el portal Rutas del Conflicto, algunos de estos fueron el Frente 48 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), desde 1990, y posteriormente incursionó el Bloque Sur Putumayo, liderado por los hermanos Castaño en su expansión paramilitar para disputar el control del negocio cocalero, los cuales utilizaron el aislamiento geográfico y la densidad de la selva para establecer bases y controlar rutas de narcotráfico.
Este patrón de conducta ha alterado la composición demográfica y exacerbado tensiones sociales y económicas a lo largo de la triple frontera analizada. Como prueba de ello hoy se evidencia el control territorial ejercido por los Comandos de Frontera, un grupo armado irregular que ejerce retenes ilegales y que, como expresó un líder social de la zona, “el control ya no es solo a las dinámicas del territorio, sino que se ha expandido hasta acaparar la privacidad” (El País, 2025).
Los procesos históricos evidencian cómo las dinámicas del conflicto armado y la migración forzada están intrínsecamente ligadas a intereses económicos y políticas estatales de colonización y control territorial. Un claro ejemplo de esto es la colonización militar en Puerto Leguízamo (Putumayo), donde el Estado impulsó el asentamiento de poblaciones en regiones fronterizas con el fin de consolidar su soberanía.
Por su ubicación geográfica, el municipio de Puerto Leguízamo se ha constituido en un punto neurálgico sobre el cual se dan acciones relacionadas con el conflicto armado que han traspasado a las municipalidades fronterizas vecinas. Este esfuerzo resultó en el desplazamiento de comunidades indígenas y en una significativa transformación de las estructuras sociales locales. Según la Unidad de Víctimas, hasta 2024 se han contabilizado allí 22.295 víctimas de hechos relacionados con el conflicto armado interno, de los cuales 20.775 fueron víctimas de desplazamiento forzado.
El departamento de Putumayo se considera como uno de los enclaves del cultivo de coca en Colombia, como salida económica para los campesinos. Foto: Schneyder Mendoza / AFP.
Y aunque se esperaba que la firma del Acuerdo de Paz en 2016 y la posterior desmovilización de las FARC condujeran a una disminución de las acciones armadas en regiones históricamente violentadas como Putumayo, las nuevas dinámicas del conflicto armado están caracterizadas por la transnacionalización de los grupos criminales y la diversificación de sus actividades ilícitas.
El investigador Jaime Anteanza, experto en narcotráfico y seguridad de Perú, señalaba en 2020 que disidentes de las FARC se habían consolidado en la Provincia de Putumayo controlando el cultivo y la producción de clorhidrato de cocaína, a los que se sumaba el ELN con el objetivo de controlar el mercado de la droga y una ruta hacia Brasil, convirtiendo al río Putumayo en “la pista por excelencia para el transporte de coca» (Paz Cardona, 2023).
Aunque durante el transcurso de las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC los eventos violentos asociados con el conflicto armado se redujeron significativamente entre 2012 y 2015, desde 2017 se evidencia un aumento gradual de la violencia por cuenta de “otras organizaciones criminales binacionales, conformadas por disidentes de esta guerrilla y por otras estructuras locales, [las cuales] coparon los espacios y negocios dejados en la frontera entre Colombia y Ecuador”, según un análisis dela fundación InSight Crime (2019).
Este resurgimiento se atribuye a factores como la desestructuración de las FARC en disidencias y la proliferación de grupos de narcotráfico transnacionales que buscan un control del territorio. Con más de 20.000 hectáreas de cultivos de coca, Putumayo aporta alrededor del 10% de la producción nacional de cocaína. Corredores fluviales como los ríos Caquetá y Putumayo se utilizan para movilizar esta droga hacia Ecuador y Perú, consolidando la región como un eje clave en las redes de narcotráfico transnacional (Agencia EFE, 2024; Unidad de Investigación de Colombia, 2022).
Por otro lado, en el período 2016-2025 se documentaron en Puerto Leguízamo 59 acciones urgentes comunicadas por organizaciones de la sociedad civil, así como 8 alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, y además 5 excombatientes de las FARC-EP fueron asesinados. En este contexto es pertinente preguntarse a quién ha beneficiado o perjudicado el AFP en la triple frontera entre Colombia, Perú y Ecuador. ¿Por qué parece que las comunidades locales son las más afectadas por el proceso de paz?
Gráfico 1. Eventos de violencia relacionados con el conflicto armado en Puerto Leguízamo, Putumayo. Fuente: elaboración propia con datos del Observatorio de Memoria y Conflicto.
Una de las visiones para abordar esta pregunta consiste en la estigmatización de población civil y la violación de principios propios del Derecho Internacional Humanitario por parte de diferentes actores. En abril de 2022 ocurrió una masacre de 11 personas, entre campesinos e indígenas cocaleros, durante un bazar comunitario en la vereda Alto Remanso de Puerto Leguízamo (Putumayo). Aunque inicialmente las autoridades señalaron que se trató de un enfrentamiento armado entre las Fuerzas Militares y disidencias de las FARC, más adelante se corroboró que esto no fue así, y que entre las víctimas estaba un gobernador indígena y el presidente de la Junta de Acción Comunal (El Espectador, 2024).
De igual manera, la masacre ocurrida el 12 de febrero de 2020 en Puerto Lupita, distrito de Manuel Clavero en Perú, da cuenta de la pervivencia del conflicto: allí miembros de las disidencias de las FARC asesinaron a 7 presuntos narcotraficantes colombianos (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 2020).
Una segunda visión consiste en la existencia de nuevas dinámicas del conflicto armado y factores de pervivencia consecuencia del control territorial y social que ejercen estos grupos sobre las comunidades locales. A propósito, Macías (2024) describe cómo los grupos Comandos de Frontera y el Frente Carolina Ramírez operan en la región del Putumayo, consolidando su poder mediante el control de la minería ilegal, las extorsiones y el narcotráfico.
Las actividades ilícitas se mantienen y diversifican, apoyadas por la extracción ilegal de oro y los cultivos ilícitos, adaptándose a la presión estatal y a las oportunidades internacionales. Es así como las nuevas dinámicas del conflicto armado toman un matiz en clave transfronteriza, donde rompen su dinámica nacional y lo exportan hacia países vecinos a través de las rupturas de las fronteras, en tiempos donde los flujos transfronterizos son más importantes que nunca.
Por su parte Tapia (2019) considera la triple frontera de Perú, Colombia y Ecuador como un punto de convergencia de las actividades ilícitas y transfronterizas y un espacio en el que permanentemente aumenta la producción de coca y derivados. El aumento de los cultivos ilícitos obedece a las restricciones de erradicación cerca de la línea fronteriza, lo cual supone un aumento de violencia y actividades criminales. El Boletín Estadístico del Centro Nacional de Memoria Histórica liderado por el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC, 2022) refuerza esta perspectiva al señalar que las economías ilegales, especialmente el narcotráfico, dependen de corredores transfronterizos como el río Putumayo para la conexión con los mercados internacionales a través de Perú y Ecuador.
Desafíos sobre las relaciones sociales transfronterizas en la triple frontera occidental
Las relaciones económicas y sociales de las comunidades se han visto alteradas por el conflicto en la triple frontera. Foto: Jeimi Villamizar, Unimedios.
Las comunidades locales que habitan en la región amazónica de la triple frontera comparten lazos históricos y culturales que trascienden las fronteras nacionales. Estas relaciones sociales transfronterizas son fundamentales para la supervivencia y el desarrollo de las poblaciones locales, pero constantemente se ven afectadas y transformadas por las dinámicas del conflicto armado y las actividades ilegales. En este sentido, se pueden entender las relaciones sociales transfronterizas desde una mirada productiva y reproductiva.
En el aspecto productivo, aunque las comunidades dependen en gran medida de la explotación de los recursos naturales y del comercio fronterizo, la reconfiguración de las dinámicas del conflicto armado las ha transformado, centralizando el poder de la producción de la pasta base de cocaína dentro de estas. Como lo explica una líder indígena de Puerto Leguízamo, “para el campesino y para muchas comunidades la coca se ha convertido en un gobierno. Es la luz, la educación, la vivienda, la comida y el transporte” (Liga Contra el Silencio, 2022).
Por otro lado, las relaciones reproductivas –entendidas como las actividades necesarias para la reproducción social de las comunidades locales e indígenas– se ven impactadas en este contexto. La interrupción de las prácticas culturales y educativas no solo desestabiliza el tejido social, sino que además pone en grave riesgo la continuidad de sus identidades. Así lo manifiesta un líder indígena en Puerto Leguízamo: “hemos vivido en tres años lo que no hemos vivido en 50 años de guerra”.
Hay que reconocer que el conflicto armado no ha desaparecido, sino que se ha transformado, generando nuevas dinámicas y actividades ilegales que impactan en las relaciones sociales y reproductivas en la triple frontera occidental. Ante este panorama es imprescindible implementar integralmente el AFP desde y por los territorios, por lo que es necesario ampliar su marco de análisis e incluir actores transfronterizos, coordinación interestatal y operaciones militares que propendan por la seguridad humana, formulando y cristalizando una política pública para el desarrollo de la frontera que abarque un enfoque diferencial y trinacional, promoviendo estrategias integrales que fortalezcan las capacidades locales y que a su vez generen oportunidades relacionadas con la identidad y la organización política de las comunidades que habitan la región.
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