Hace algunos días el Gobierno nacional anunció la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el municipio de Tibú, en la conflictiva región del Catatumbo, para el Frente 33 del llamado Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), una de las “disidencias de las disidencias” de las antiguas FARC. Esta decisión ha sido objeto de serias dudas e interrogantes, ya que los reubicados conservarían las armas, el impacto en la comunidad y la arremetida del ELN en su contra.
Eduardo Pizarro Leongómez | Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)share
La disidencia del Frente 33 se agrupará con armas en una zona del Catatumbo, donde el ELN busca liquidarlos. Foto: Schneyder Mendoza / AFP.
Hoy varias fronteras del país, tanto marítimas como terrestres, están siendo objeto de una dura disputa entre diversos “grupos armados no estatales” de origen tanto político como puramente criminal.
Este es el caso de la extensa región del Catatumbo (4.826km²), ubicada en Norte de Santander y una pequeña porción en el departamento de César, entre la cordillera Oriental de Colombia y el lago de Maracaibo, por lo cual muchos geógrafos la consideran como una “región transfronteriza”, es decir donde convergen dos o más Estados —como por ejemplo la llamada Triple Frontera que comparten Brasil, Paraguay y Argentina— y en la cual se presentan numerosas interconexiones y flujos entre los países vecinos, como señalan Haroldo Dilla e Ingrid Breton (2018).
Sin duda se trata de una región de enorme interés geopolítico, ya que la zona del Catatumbo cuenta con una extensa frontera con el estado venezolano de Zulia, y mediante su control el Ejército de Liberación Nacional (ELN) busca extender más allá de Arauca su carácter de guerrilla binacional en defensa de la “revolución bolivariana”. Para ello no ha dudado en adelantar una campaña militar devastadora que ha dejado ya más de 100 muertos, más de 60.000 personas desplazadas y 16.000 bajo confinamiento, y que tarde o temprano se extenderá hacia el Vichada.
Desde mi perspectiva, más que el control de las rentas ilegales, que sin duda son muy cuantiosas por los extensos cultivos de hoja de coca que hay en esta región1, lo que verdaderamente está en juego es el control de la frontera colombo-venezolana, en la cual el ELN tiene su “retaguardia estratégica”, y allí se localizan tanto los 5 miembros del Comando Central (COCE) como los 9 de la Dirección Nacional (Dinal).
Pero la población no ha sido la única afectada por el intento del ELN de alcanzar un control hegemónico de esta región geoestratégica2, sino que el Frente 33 de las antiguas FARC también se ha visto muy debilitado.
En el marco de la implosión total que están sufriendo los dos grupos provenientes de las antiguas FARC: el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia —ya las “disidencias de las disidencias” son incontables—, el Frente 33, proveniente del EMC y que hoy forma parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) dirigido por Alexander Díaz “Calarcá”, todavía mantiene espacios de diálogo con la Oficina del Comisionado de Paz, Otty Patiño.
Por ello, frente a la brutal arremetida del ELN, el Gobierno nacional tomó la polémica decisión de conformar una Zona de Ubicación Temporal (ZUT), con el objeto de recoger allí los restos dispersos de este Frente y protegerlos del inminente riesgo de exterminio al que están expuestos. Aunque su justificación es la necesidad de conservar unas mínimas condiciones para los diálogos de paz en curso con este grupo, esta genera muchas dudas, pues su función no es clara: mientras los miembros del Frente 33 dicen una cosa, el Gobierno afirma otra.
Experiencias previas
En el pasado hubo experiencias de ubicación de miembros de los grupos guerrilleros, como las 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y los 8 campamentos provisionales que se negociaron entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana (mapa 1), las cuales se transformaron en 2017 en los actuales Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) administrados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
Una de estas zonas se ubicaba precisamente en Caño Indio (Tibú), en donde se establecieron 570 personas —la segunda más poblada según un censo adelantado por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) entre 2016 y 2018—, especialmente del entonces Frente 33. Su llegada no fue fácil por los múltiples actores armados en la región, y la caravana del grupo de preagrupamiento a la ZVTN se detuvo varios días por amenazas de un grupo “paramilitar”.
Mapa 1. Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN). Fuente: Oficina de Planeación – Unidad para las Víctimas. Select an Image
Además fue necesario concertar con las comunidades porque el establecimiento de esta ZVTN prohibía la presencia de cultivos ilícitos, pero esta era la principal fuente económica de la vereda, por lo que fue necesario llegar a acuerdos de sustitución. El monitoreo de cultivos ilícitos de 2016 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) señaló que se trataba de la zona que más ha crecido por área sembrada de coca, al pasar de 1.845 ha en 2015 a 4.917 ha en 2016.
Aunque en 2019 esta zona se convirtió en un ETCR, para ese entonces solo permanecían allí entre 80 y 84 reincorporados, mientras que 211 continuaban en Tibú, según un informe especial de la Defensoría del Pueblo para julio de ese año, en el que además advertía un riesgo extremo para los excombatientes, con 50 homicidios registrados para la fecha.
Las dudas que deja el acuerdo
En efecto, al parecer la intención del Gobierno nacional es asimilar la ZUT a las antiguas ZVTN con objeto de facilitar la desmovilización, el desarme y la reintegración (DDR) a la vida civil de los excombatientes del Frente 33. Es decir, para que esta facción guerrillera abandone definitivamente la lucha armada y su tránsito de las “armas a la política”.
Pero aparentemente esta visión no es compartida por todos los miembros de este Frente, si nos atenemos a las opiniones emitidas por su vocero, Andrey Avendaño, quien en una entrevista publicada en el diario El Espectador (2025) afirmó que no se trataba de un proceso de DDR sino de la conformación de una zona de ubicación para continuar las negociaciones de paz pero conservando las armas bajo protección de las Fuerzas Armadas.
Estas dos versiones encontradas sobre el papel de la ZUT en el Catatumbo requieren una urgente aclaración por parte del Gobierno nacional.
¿Es viable jurídicamente y conveniente en el plano político que las Fuerzas Armadas protejan a un grupo no estatal armado?
¿Qué ocurriría si miembros del Frente 33 deciden llevar a cabo operaciones militares por fuera de la ZUT?
¿Qué sentido tiene que el Frente 33 conserve las armas, y si mañana las negociaciones se frustran las utilicen nuevamente para combatir a las Fuerzas Armadas?
Por ello, desde mi perspectiva, la ZUP debe ser una versión 2025 de los antiguos ETCR, destinados a pasar la página de la violencia; de lo contrario se trataría de una decisión inconveniente y equivocada.
Referencias
Dilla H y Breton I. (diciembre de 2018). Las regiones transfronterizas en América Latina. Polis, 17, 51.
El Espectador. (6 de mayo de 2025). “No es una zona de distensión”.
1 Según un informe de Naciones Unidas de 2024, abarcan alrededor de 43.000 hectáreas superando a Nariño y Putumayo.
2 La región abarca nada más y nada menos que 13 municipios, es decir 6 más que la propia Arauca, que tiene 7 municipios.
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