Madrid.- La transición energética de los países ricos se está haciendo a costa de los más pobres. La extracción de minerales críticos como el litio o el cobalto -necesarios para las renovables, los vehículos eléctricos o la infraestructura de inteligencia artificial (IA)- está generando graves crisis ambientales y de salud que recaen «desproporcionadamente» en los más vulnerables.

Esta es la principal conclusión de un informe que ha presentado este miércoles el conocido como think tank del agua de Naciones Unidas (UNU-INWEH, por sus siglas en inglés), que denomina a los materiales críticos como «el petróleo del siglo XXI», en un «sombrío paralelismo» con el «colonialismo extractivo de la era de los combustibles fósiles».

El estudio no cuestiona la necesidad de llevar a cabo la transición energética, sino que se pregunta quién lo está pagando y quién se está beneficiando, con una respuesta «tremendamente injusta»: las ganancias no están llegando a todo el mundo, mientras que los costes de extracción están recayendo en los más vulnerables.

Se trata, en palabras de los investigadores, de «una de las injusticias más pasadas por alto de la transición global hacia la sostenibilidad».

Según el informe, las fallas sistemáticas globales están permitiendo que los costes de extracción ambientales y de salud recaigan en algunas de las comunidades más vulnerables del mundo, principalmente en África y América del Sur, mientras que los beneficios se acumulan en el conocido como Norte Global.

«No se puede llamar a una transición verde, sostenible y justa si simplemente se traslada el daño ambiental de los ricos a los pobres, y de un grupo de personas o región a otra», ha afirmado el director del think tank y director del equipo de investigación, Kaveh Madani.

 

Concentraciones mundiales de yacimientos de minerales críticos, obtenidas a partir de datos geoespaciales puntuales del USGS sobre minas, yacimientos, distritos y regiones mineras (2017). / UNU-INWEH

Escasez de agua y contaminación

Los investigadores han subrayado los intensos requisitos de agua que supone la extracción de minerales críticos, lo que hace que las comunidades que viven más cerca estén pagando un alto precio en agua contaminada, en escasez, pérdida de medios de vida y graves consecuencias para la salud.

A modo de ejemplo, el informe sostiene que la producción mundial de 240.000 toneladas de litio en 2024 consumió alrededor de 456.000 millones de litros de agua, lo que equivale a las necesidades anuales de agua doméstica de 62 millones de personas en África subsahariana, es decir, aproximadamente la población de Tanzania.

En el Salar de Atacama (Chile), la minería de litio por sí sola representa hasta el 65 % del uso regional del agua, lo que provoca un «drástico agotamiento de las aguas subterráneas»; mientras que en la región de Uyuni (Bolivia) está dificultando que las comunidades cultiven quinoa, base de su economía y alimentación.

Según la ONU, el 16 % de las reservas de minerales críticos se encuentran en regiones con alto estrés hídrico, mientras que más de la mitad de los minerales de la transición energética están situados en o cerca de territorios indígenas.

El daño ambiental no se limita al consumo de agua, sino que por cada tonelada de minerales de tierras raras difíciles de extraer que se producen, se generan aproximadamente 2.000 toneladas de desechos tóxicos, lo que supuso que en 2024 se alcanzaran lo 707 millones de toneladas, suficiente para llenar alrededor de 59 millones de camiones de basura que podrían formar una cola que rodee Ecuador 13 veces.

La paradoja del Acuerdo de París

El Acuerdo de París urge a la extracción de minerales críticos para reducir las emisiones de dióxido de carbono, pero crea una nueva «paradoja»: cumplir los objetivos climáticos mundiales requeriría un aumento de nueve veces la demanda de litio y una duplicación de la demanda de cobalto y níquel para 2040.

«El mundo se está apresurando a construir un futuro energético más limpio, y apoyamos esa urgencia. Pero nuestra investigación demuestra que las operaciones mineras que impulsan esa transición están contaminando el agua potable, destruyendo los medios de vida agrícolas y exponiendo a los niños a metales pesados tóxicos en algunas de las comunidades más vulnerables del mundo», ha afirmado Madani.

El estudio, además, advierte de que la transición energética corre el riesgo de repetir el patrón de los combustibles fósiles, al crear nuevas «zonas de sacrificio» en regiones ricas en minerales, pero económicamente marginadas.

Un problema de salud pública

La contaminación del agua relacionada con la minería está provocando graves emergencias de salud pública. Por ejemplo, en la República Democrática del Congo (RDC), que produjo más del 60 % del cobalto mundial entre 2020 y 2024, el 72 % de las personas que viven cerca de los lugares mineros reportaron enfermedades de piel y más de la mitad de las mujeres y niñas, problemas ginecológicos.

A ello se suma el coste psicosocial, con miedo constante, ansiedad y una sensación de los habitantes de que pueden ser «sacrificados» para que las regiones más ricas puedan avanzar.

El estudio subraya que la carga de salud afecta de forma más dura a las mujeres y niños, con lugares como el Congo, donde un 30 % de los lugares mineros emplean a niños.

Medidas urgentes

Un problema que no se reduce solo a estas regiones, sino que, por ejemplo, la mina de litio de Thacker Pass, en Nevada (EE.UU), requeriría hasta 3.500 millones de litros de agua al año.

Por ello, los investigadores señalan que la inseguridad hídrica no es un efecto secundario de la extracción de minerales críticos, sino una consecuencia sistémica de cómo está diseñada y regulada la cadena de suministro global en la actualidad.

En este contexto, la ONU pide «un cambio fundamental en la forma en que la comunidad internacional gestiona las cadenas de suministro de minerales críticos».

Entre las recomendaciones del informe, destacan que se pongan en marcha normas internacionales de diligencia obligatorias que sustituyan al cumplimiento voluntario o mecanismos jurídicamente vinculantes para el abastecimiento ético y la justicia medioambiental.

También se solicitan  controles estrictos de contaminación y aguas residuales o monitoreo del uso del agua, inversión en soluciones de economía circular, acuerdos de distribución de beneficios por ley, consentimiento legal de las comunidades indígenas con tierras afectadas o sistemas de salud pública sólidos. EFE Verde

mnc

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