- La red facilitaba el transporte y la comercialización ilegal de madera nativa, principalmente de cedro (Cedrela odorata), una especie amenazada. Estas actividades ocasionaron deforestación y afectaciones a los ecosistemas y recursos hídricos de esta zona de Santander, sin que existieran las compensaciones ambientales correspondientes
- La investigación, que contó con la participación de Parques Nacionales Naturales de Colombia como víctima, permitió evidenciar una red que utilizaba sobornos y documentos fraudulentos para movilizar madera nativa extraída ilegalmente en el área de influencia del PNN Serranía de los Yariguíes.
- Este resultado representa un avance en la lucha contra los delitos ambientales y la corrupción que facilitan la deforestación en Colombia.
Bogotá D. C., – Dos integrantes de una red dedicada al tráfico ilegal de madera en Santander fueron condenados a 15 y 8 años de prisión por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga. El fallo es resultado de un trabajo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y Parques Nacionales Naturales de Colombia, entidad que participó como víctima en el proceso, luego de la denuncia inicial presentada por la jefatura del Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes.
La investigación permitió establecer que esta red utilizaba documentos e información ambiental manipulada para legalizar el transporte de madera extraída ilegalmente de territorios ubicados en el área de influencia del Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes, en Santander. Entre las zonas relacionadas con esta actividad se encuentran el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Serranía de los Yariguíes, el Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes y la Reserva Forestal del Río Magdalena, territorios de importancia ambiental para la conservación de los ecosistemas y los recursos hídricos de la región.
Uno de los condenados, un servidor público de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), recibió una pena de 180 meses (15 años) de prisión, además de una multa de 2.945,76 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), inhabilitación para ejercer funciones públicas durante 180 meses y la pérdida de su cargo. Fue hallado responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables agravado y daño en los recursos naturales agravado. El juzgado también ordenó su captura inmediata.
Por su parte, un particular que actuaba como tramitador fue condenado a 96 meses (8 años) de prisión, una multa de 2.700 SMLMV y la inhabilitación por el mismo periodo, por el delito de concierto para delinquir agravado. La orden de captura se librará una vez que la sentencia quede en firme.
Así operaba la red de tráfico ilegal de madera
De acuerdo con la investigación, el esquema criminal funcionaba mediante la manipulación de información forestal y el pago de sobornos. El particular alteraba los inventarios forestales en terreno, mientras que el funcionario público recibía pagos ilegales, conocidos en clave como «maíces», para modificar la plataforma VITAL, aumentar los saldos de madera autorizados y expedir salvoconductos sin respaldo legal.
De esta manera, la red facilitaba el transporte y la comercialización ilegal de madera nativa, principalmente de cedro (Cedrela odorata), una especie amenazada. Estas actividades ocasionaron deforestación y afectaciones a los ecosistemas y recursos hídricos de esta zona de Santander, sin que existieran las compensaciones ambientales correspondientes.
Sin beneficios penales
El juzgado negó a los dos condenados la prisión domiciliaria y la suspensión condicional de la pena. En consecuencia, deberán cumplir las sanciones en establecimientos penitenciarios bajo responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
Este resultado representa un avance en la lucha contra los delitos ambientales y la corrupción que facilitan la deforestación en Colombia. Desde Parques Nacionales Naturales de Colombia reiteramos nuestro compromiso con la protección de los ecosistemas, la denuncia de las actividades ilegales y el trabajo articulado con las autoridades para evitar que los recursos naturales sean objeto de explotación y comercio ilegal.

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