El Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto «marca el comienzo de una nueva era en la lucha contra la pesca ilegal», sostuvo hoy el director general de la FAO al referirse a la reciente entrada en vigor de dicho instrumento vinculante.
José Graziano da Silva subrayó, no obstante, que será necesario actuar con rapidez para garantizar que sea efectiva la implementación del Acuerdo, que también busca combatir la pesca no declarada y no reglamentada.
La FAO sabe que la aplicación del instrumento puede ser difícil para algunos países debido a la falta de recursos y capacidad, por lo que brinda apoyo a los gobiernos que más lo necesitan.
«La FAO está trabajando para aportar ayuda inmediata a los países que más la necesitan», declaró Graziano da Silva.
El Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto, vigente desde el mes pasado, cuenta ya con la adhesión de más de 30 países y de la Unión Europea en nombre de sus 28 Estados miembros.
El tratado, promovido por la FAO desde 2009, exige que los buques extranjeros se sometan a inspecciones en cualquier puerto de escala y que los Estados portuarios compartan información sobre las infracciones.
Las normas que regían previamente requerían a los países controlar las actividades de sus propias flotas pesqueras. El nuevo Acuerdo tiene el propósito de elevar los costos de la pesca ilegal, no declarada o no regulada, impidiendo que el pescado capturado indebidamente pueda desembarcarse y entrar en los mercados.
Más de la mitad de todas las exportaciones pesqueras proceden de países en desarrollo, lo que subraya la importancia -en términos de ingresos- de las prácticas de gestión sostenible.
Se calcula que cada año, la pesca ilegal suma capturas de hasta 26 millones de toneladas, con un valor que llega a 23.000 millones de dólares. La pesca ilegal no sólo pone en peligro los ecosistemas marinos, sino que también amenaza los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria de millones de pescadores de todo el mundo, advirtió el responsable de la FAO.