Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, A. C. (IMCO)7, en la medición de la calidad del aire, reporta: 283 muertes prematuras, 697 hospitalizaciones y 28 472 consultas al año, para este instituto los niveles de contaminación de Mexicali es inaceptable con (+80), y donde el parámetro de buena calidad oscila en (0-20). Se están aplicando políticas públicas de salud, y como el propio Bardach8 puntualiza, la suboptimización, permite encontrar el óptimo local pero no el global, entonces, hace pensar a los analistas de soluciones que el problema se minimiza con más consultas abiertas y no con la disminución de índices de contaminación atmosférica, la aplicación de gobernanza resultaría en una vía para reorientar este problema, entendiendo a esta como que debe responder a principios mayores, entre estos la legitimidad del ejercicio del poder y arraigo de buenas prácticas, democracia y ciudadanía, capacidad para concebir instituciones que buscan objetivos específicos, manejar las relaciones entre los problemas, generar políticas satisfactorias transversales a las distintas administraciones; cooperación entre actores y la articulación de lo local y lo global…(Calame, 2006:2-13)9
Es en todo caso un proceso integral que abarca desde la aplicación rígida de las reglamentaciones ya existentes para esos fines, como la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), Reglamento de protección al ambiente para el municipio de Mexicali, B. C. y la Ley de protección al ambiente del Estado de Baja California y el Bando de Policía y Buen Gobierno, a través de su área de ecología, hasta las buenas prácticas administrativas y la participación ciudadana activa de la que se habla a continuación.
Se reconoce que el problema es complejo, que la diversidad de consideraciones que se deben promover para al menos acertar a una política pública sostenible e integral y dar una solución o al menos el andamiaje para iniciar ese proceso de combatir la contaminación del aire, es un proyecto a largo plazo, que debe incentivar la transparencia y acceso a la información sobre la problemática, fomentar la toma de decisiones sobre justicia ambiental y desarrollar programas de educación ambiental focalizados con temas de interés local apegados a los diversos documentos emitidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para el desarrollo sostenible.
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