Tanto la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, como la Reserva de la Biosfera Trifinio-Fraternidad entre Guatemala, Honduras y El Salvador, son ejemplos de que la cooperación es una alternativa para superar los conflictos generados por el litigio entre Colombia y Nicaragua. Las acciones que se adelanten deben contar con la participación del pueblo Raizal y de los pescadores que conviven en el territorio.
Desde hace 15 años Nicaragua y Colombia se enfrentan en un litigio limítrofe por la posesión territorial de los espacios que ambos países comparten en el mar Caribe. Sin embargo, este tiempo no ha sido suficiente para que los dos países adelanten de manera simultánea políticas de cooperación a partir de una mínima visión compartida de las áreas marítimas en disputa.
El constante secretismo de los gobiernos y su desinterés por las poblaciones que habitan los territorios de frontera en el Caribe han impedido reconocer que todo lo dividido en la adjudicación indiscriminada de las enormes áreas marítimas en disputa pertenece a una delicada zona ambiental, humana y sociocultural que merece un tratamiento especial a pesar del litigio.
En 2000 la Unesco declaró al departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como Reserva de la Biosfera Seaflower, junto con la declaración de Área Marina Protegida de alrededor de 65.000 m2. En este espacio existe un entramado medioambiental vinculado a una gran cantidad de especies endémicas, manglares, arrecifes de coral y vegetación marina, entre otros, que son muy importantes no solo para la estabilidad ecológica de la región sino para la humanidad.
Dentro de su protección la reserva también incluye el componente humano, poblacional y sociocultural que depende de ella, pero Colombia ha desestimado esta figura como mecanismo estratégico para la defensa de sus intereses territoriales y para la protección y el reconocimiento de las comunidades raizales que habitan el Archipiélago. Nicaragua por su parte ha hecho caso omiso de la reserva antes y después de las distintas demandas elevadas frente a su contrincante.
Ante estas condiciones, los pobladores de los territorios fronterizos han quedado a la deriva, pese a que son quienes en últimas han sufrido los efectos negativos del insistente propósito de los gobiernos en dividir lo que otrora fue una gran unidad sociocultural. Esta comunidad, reconocida como “nación creole” está asentada sobre la gran costa Caribe que hoy supera los límites de al menos cuatro países centroamericanos: Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Honduras, y del país caribeño de Colombia.
En este caso es de resaltar el histórico vínculo familiar, lingüístico y sociocultural entre los habitantes del Archipiélago y las comunidades colindantes de los municipios de Bluefields, Bilwi y las Corn Island, ubicados en los márgenes de las comunidades autónomas de la costa Caribe nicaragüense.
Lo que sí es un hecho real es que después del fallo de la Corte Internacional de Justicia, dictado el 12 de noviembre de 2012 y que le adjudicó a Nicaragua unos 75.000 km2 de aguas territoriales (antes custodiadas por Colombia), esta Reserva de Biosfera quedó de facto dividida en dos, lo cual supone que, atendiendo a la normatividad internacional, tanto Colombia como Nicaragua deberían estar en la obligación de garantizar de manera compartida el manejo especial de estas aguas y sus recursos.
Por: Silvia Mantilla, profesora
– Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe