•74 de los 250 instrumentos vinculantes de la OCDE se relacionan con temas ambientales.
•El ingreso de Colombia a la organización internacional fomenta las buenas prácticas públicas y estimula la inversión.
Bogotá, D.C. Mayo 27 de 2018. (MADS). De los 23 comités a los que se debió someter a evaluación Colombia para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dos de los más importantes estuvieron en cabeza del sector ambiente: el de Política Ambiental (EPOC) y el de Químicos.
“En el 2015, el país carecía de un marco de política para la gestión de sustancias químicas. Gracias a la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el acompañamiento de entidades como los ministerios de Trabajo, Salud, Comercio, Industria y Turismo y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entre otros actores claves, ya formulamos y venimos implementando con la Política Nacional para la Gestión del Riesgo Asociado al Uso de Sustancias Químicas”, explicó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo Urrutia.
Adicionalmente, “la Política de Residuos Sólidos estaba enfocada en los rellenos sanitarios. Hoy, gracias a los compromisos con la OCDE, contamos con una nueva política que propende por la economía circular y que prioriza el aprovechamiento de los residuos”, explicó el Ministro de Ambiente.
Con la expedición de la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (CONPES 3874 de 2016) y la Política Nacional para la Gestión del Riesgo Asociado al Uso de Sustancias Químicas (CONPES 3868 de 2016), Colombia completó dos de las tareas para ingresar a los Comités de Política Ambiental y de Químicos. Además, se fortaleció el marco de política para gestionar la prevención, preparación y respuesta en materia de accidentes químicos.
El país también avanzó en responsabilidad Extendida del Productor (REP), se cuenta con siete líneas de residuos peligrosos (aceites usados, pilas, baterías de ácido de plomo, bombillos, computadores y accesorios, medicamentos vencidos, neumáticos, y envases de plaguicidas) y una corriente de residuos no peligrosos (llantas usadas). “Estamos a punto de expedir la norma para la responsabilidad Extendida del Productor en empaques y envases”, señaló Murillo Urrutia. Gracias a esto Colombia logró la gestión adecuada de 50.000 toneladas de estos residuos.
Para su ingreso a la OCDE el sector ambiente también presentó la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Hoy se viene trabajando la estructuración del Programa para el reciclaje y aprovechamiento de papel y cartón.
Atendiendo recomendaciones de la organización, Colombia avanzó en la implementación de la estrategia de compras públicas sostenibles, con lo que se consiguió que las compras por el 17% del PIB incluyan criterios de sostenibilidad y a través de la firma del Protocolo Verde, 22 entidades del sector financiero se comprometieron a incluir la sostenibilidad en sus análisis de riesgo e inversión.
Uno de los avances más recientes es el Decreto 050 de 2018, que entre otros aspectos, articula los temas de planificación, ordenamiento y gestión de vertimientos con las actuales normativas en el tema e instrumentos como la Política para la Gestión Sostenible del Suelo, lo que se suma a Acciones como la declaración y consolidación de nuevas áreas en el marco de la agenda de Crecimiento Verde, que también contribuyeron a los compromisos ambientales.
Dentro de las medidas que ha impulsado el país para impedir las actividades mineras en zonas protegidas figuran la delimitación de 30 de los 37 páramos que tiene Colombia, con lo que se aseguró la protección de 2.064.091 hectáreas de estos ecosistemas estratégicos. Al delimitarlos, las actividades mineras quedan excluidas, contribuyendo a proteger el recurso hídrico de más de 27 millones de colombianos. Colombia también finalizó y adoptó las políticas sobre mitigación y adaptación al cambio climático.
Además, se formuló y se está desarrollando la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de Bosques “Bosques Territorio de Vida”; se está fortaleciendo la institucionalidad ambiental y se le está dando prioridad a la inclusión de ecosistemas y a la protección de especies endémicas y biodiversidad amenazada. Todo esto como parte de los compromisos adquiridos con la OCDE.
Para reducir y eliminar las emisiones de mercurio al ambiente se impulsó la Ley 1658 y la Ley 1892 que ratifica el Convenio de Minamata y que buscan eliminar las emisiones de mercurio al ambiente en actividades industriales, gracias a la que se ha reducido el uso del mineral de 75 a 33 toneladas anuales. Gracias a ello el país ahorra $516.000 millones por costos evitados en salud debido al uso de mercurio y se evita la liberación de 298.228 kilogramos de mercurio al suelo y el aire.
A lo largo de estos años avances en materia de negocios verdes, en el impuesto al carbono, el impuesto a las bolsas plásticas y en los incentivos para impulsar proyectos de energías renovables no convencionales como la solar y eólica, lo que le permitió a Colombia completar los requisitos que le habían pedido.
“Colombia es un país que se ha beneficiado y podrá beneficiarse enormemente de generalizar los conceptos que promueve la OCDE en materia de política ambiental. Esto es un gran apoyo en la construcción de paz de nuestro país, a través de la preservación de nuestros recursos naturales y de nuestros bosques como una alternativa de desarrollo sostenible al servicio de nuestras comunidades”, enfatizó el Ministro al referirse al ingreso oficial de Colombia a la organización de la que ahora hacen parte 36 países que se destacan por su liderazgo y buenas prácticas en el bienestar social, económico y ambiental.