Los delitos ambientales son una de las actividades criminales más lucrativas a nivel transnacional. El valor monetario de estos ilícitos alcanzó en 2016 entre US$ 91 mil millones y 259 mil millones anuales, siendo probablemente el cuarto crimen más rentable del mundo, después de las drogas, las falsificaciones y la trata de personas. Dicho estimado corresponde a un incremento de 26% comparado con las cifras presentadas en 2014, y se espera que incremente de 5% a 7% anualmente.
De acuerdo al reporte del 2016 de INTERPOL y ONU Medio Ambiente, las actividades ilegales que involucran al medio ambiente, la biodiversidad o los recursos naturales son lucrativas e implican un riesgo bajo para los criminales. Los delitos ambientales no han sido considerados anteriormente como una prioridad en algunos países, lo que provoca una nula respuesta gubernamental.
Un estudio reciente de ONU Medio Ambiente, titulado “The State of Knowledge of Crimes that have Serious Impacts on the Environment” (El estado del conocimiento de los crímenes que tienen graves impactos en el medio ambiente) enlista las cinco áreas de delincuencia ambiental más frecuentes a nivel mundial:
Delitos contra la vida silvestre: De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN), los delitos contra la vida silvestre son más frecuentes en África, Asía y América Latina, donde toda clase de especies – mamíferos, aves, reptiles, anfibios, insectos y plantas – está afectada.
Tala ilegal: La Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal reportó en 2016 que la tala ilegal ha afectado a todos los continentes y se ha extendido en todas las regiones tropicales como China, India y Vietnam – los tres mayores importadores de productos madereros tropicales legales e ilegales.
Pesca ilegal: Un informe de 2013 de PEW Charitable Trust indica que la pesca ilegal ocurre en todo el mundo, tanto dentro de zonas económicas exclusivas de países como en aguas internacionales.
Contaminación y delitos conexos: Los vertederos ilegales y el comercio de desechos ha intensificado la contaminación global de los sistemas de aire, tierra y agua (incluidos los niveles de agua y sistemas fluviales) y amenaza los ecosistemas locales, afectando a los animales, las plantas y además la salud humana.
El tráfico de residuos se origina principalmente en los países desarrollados. La Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Australia son comúnmente identificados como los mayores exportadores de desechos ilícitos. Los principales continentes de destino del tráfico ilegal de residuos son África. (Costa de Marfil, Ghana, Guinea, Nigeria, Sierra Leona, Tanzania, Togo, Benín y Senegal) y Asia (China, Hong Kong, Indonesia, India, Malasia, Pakistán y Vietnam).
La producción y el consumo ilegal de clorofluorocarbonos (CFC), hidroclorofluorocarbonos (HCFC) y otras sustancias que agotan la capa de ozono también entran dentro de esta categoría. Estas sustancias afectan el sistema inmune de los animales, creando vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas y reducen la productividad en las plantas y el fitoplancton.
Minería ilegal: la minería ilegal es frecuente en África, América Latina y partes de Asia, donde se está convirtiendo en un problema de preocupación pública. Tiene graves impactos ambientales, en particular la contaminación por mercurio proveniente de la extracción de oro artesanal, la destrucción de la flora y fauna natural, la contaminación, degradación del paisaje y los riesgos de radiación.
Las principales brechas
El estudio de ONU Medio Ambiente identificó varias brechas importantes en la respuesta hacia los crímenes ambientales. La falta de datos, conocimiento y conciencia, así como el uso limitado de la legislación, la casi nula cooperación nacional e internacional, el poco intercambio de información entre autoridades y la falta de compromiso de los actores privados y las comunidades locales debilitan la aplicación de la ley.
Para cerrar las brechas, la comunidad internacional debe volver a lanzar programas sobre la delincuencia ambiental, iniciar un plan de acción y compartir información, reconocer y abordar los delitos ambientales como una amenaza grave para la paz y el desarrollo sostenible, y fortalecer el estado de derecho ambiental en todos los niveles.
ONU Medio Ambiente está ayudando a los países a establecer marcos jurídicos sólidos en materia de crímenes ambientales, al desarrollar directrices de aplicación para contribuir a que las autoridades nacionales cumplan con las leyes ambientales.
También construye las capacidades de todos los actores involucrados en la aplicación ambiental, tal como la policía, los fiscales y las aduanas. Recientemente, ONU Medio Ambiente colaboró con la Asociación de Fiscales de África para crear manuales de capacitación y currículos sobre el enjuiciamiento de crímenes ambientales y ayudar a los países a integrar la educación sobre delitos ambientales en los planes de estudio de capacitación de policías y fiscales para mejorar su capacidad de investigar y enjuiciar casos. Este tipo de entrenamiento ya se ha llevado a cabo en Uganda.