Esta discriminación racial ecológica supone una grave amenaza para el goce de varios derechos humanos de sus residentes, en su mayoría afroamericanos, como el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a un nivel de vida adecuado y los derechos culturales.
La continua industrialización del llamado “Corredor del Cáncer”, una franja petroquímica a lo largo del río Misisipi en el estado sureño de Luisiana, en Estados Unidos, genera una especie de racismo medioambiental, alertó este martes un grupo de expertos* en derechos humanos.
En opinión de los especialistas este cinturón industrial conocido originalmente como Plantation Country, donde se obligaba a trabajar a los esclavos africanos, no sólo ha contaminado el agua y el aire de su entorno, sino que también ha provocado que sus residentes, en su mayoría afroamericanos, sufran cáncer, enfermedades respiratorias y otros efectos adversos para la salud.
«Esta forma de racismo medioambiental constituye una amenaza grave y desproporcionada en el disfrute de varios derechos humanos de sus residentes, en su mayoría afroamericanos, como el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a un nivel de vida adecuado y los derechos culturales», afirmaron.
UNSPLASH/René DeAndaEdificio de la Casa Blanca en Washington, residencia del presidente de los Estados Unidos próxima a donde una muchedumbre asalto el Capitolio.
La legislación da la espalda a sus habitantes
Los expertos consideran que las regulaciones medioambientales a nivel federal no han protegido a las personas que residen en el «Corredor del Cáncer».
El Consejo de la Parroquia de St. James aprobó en 2018 el Proyecto Sunshine, una de las instalaciones de producción de plásticos más grandes del mundo construida por FG LA LLC, una empresa subsidiaria de la compañía taiwanesa Formosa Plastics Group.
En paralelo, el Consejo también aprobó los planes de construcción de complejos de metanol por parte de las empresas YCI Methanol One y South Louisiana Methanol.
Los especialistas consideran que, sólo contando el complejo de Formosa Plastics, la posibilidad de que los habitantes del Consejo sufran cáncer “se duplicará con creces”, afectando de forma desproporcionada a los residentes afroamericanos.
De acuerdo con los datos del mapa de evaluación nacional de sustancias tóxicas en el aire de la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, el riesgo de cáncer en los distritos predominantemente afroamericanos en esa área podría situarse entre los 104 y 105 casos por millón, mientras que el peligro en otros distritos con población predominantemente blanca oscilaría entre el 60 y el 75 por millón.
La expansión del Proyecto pone en peligro varios derechos básicos
Al mismo tiempo, alertan de que la construcción de los nuevos complejos petroquímicos agravará la contaminación del medioambiente y provocará un impacto adverso desproporcionado en los derechos a la vida, a un nivel de vida adecuado y a la salud de las comunidades afroamericanas.
Los expertos también mostraron su preocupación por las posibles violaciones de los derechos culturales de las comunidades afroamericanas de la zona, ya que la construcción del “royecto Sunshine amenaza la destrucción de al menos cuatro cementerios de africanos esclavizados.
«Los descendientes de los afroamericanos esclavizados que en su día trabajaron la tierra son hoy las principales víctimas de la mortífera contaminación ambiental que han provocado en sus barrios estas plantas petroquímicas «, señalaron.
Por ello, instaron a Estados Unidos y al Consejo Parroquial a reconocer esta situación y a indemnizar a estas personas debido a “los daños causados a los afrodescendientes durante siglos que tienen su origen en la esclavitud y el colonialismo».
Los especialistas aplaudieron la orden ejecutiva medioambiental de la nueva administración estadounidense emitida el pasado 20 de enero que busca proteger la salud de los ciudadanos, la protección del medioambiente frente a la crisis climática y que los responsables de la contaminación rindan cuentas por sus actos.
Asimismo, piden al Gobierno de Estados Unidos que extienda esta justicia medioambiental a las comunidades de todo el país, empezando por los habitantes del Consejo de la Parroquia de St. James.
Añadieron que las empresas también son responsables y que deben realizar las comprobaciones debidas como parte sus evaluaciones de impacto ambiental y de derechos humanos.
*Los expertos son: E. Tendayi Achiume relatora especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; Dominique Day (presidenta); Ahmed Reid; Michal Balcerzak; Sabelo Gumedze; Ricardo A. Sunga III; Grupo de Trabajo de Expertos Afrodescendientes;
Dante Pesce (Presidente), Surya Deva (Vicepresidente), Elżbieta Karska, Githu Muigai, y Anita Ramasastry, Grupo de Trabajo de la ONU sobre los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales; David Boyd, relator especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible; Tlaleng Mofokeng, relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; Marcos Orellana, relator especial sobre las consecuencias para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y desechos peligrosos.
news.un.org.