Un proyecto de minería de uranio al sur de Groenlandia, impulsado por la empresa australiana de capital chino Greenland Minerals, no se materializará después de la victoria electoral de Inuit Ataqatigiit (Comunidad Inuit, IA) en los comicios anticipados de esta semana, en los que este partido se impuso con el 36,6 % de los votos.
Groenlandia, isla perteneciente a Dinamarca (aunque con autonomía desde 1979), ha celebrado esta semana sus elecciones, en las que el partido ecosocialista Inuit Ataqatigiit ha quedado varios puntos por encima del segundo, el socialdemócrata Siumut -que obtuvo el 29,4 % de los votos- y el centrista Naleraq -con un 12 %-.
Estas elecciones anticipadas adquirieron un carácter plebiscitario sobre el proyecto de Greenland Minerals, que hasta esta semana se encontraba en fase de audiencia pública, después de que en 2013 y con un gobierno liderado por el Siumut el Parlamento derogase la ley que prohibía extraer materiales radioactivos por un estrecho margen de votos.
Precisamente, las disputas internas de la coalición gobernante a propósito de este tema han propiciado la anticipación de los comicios, según los analistas políticos, quienes advierten de que el IA deberá buscar ahora socios de gobierno que apoyen su promesa electoral de no dar vía libre a la mina.
El líder de este partido, Múte B. Egede, ha asegurado que “los electores han dicho que están en contra (del proyecto minero), hay que escuchar al pueblo: no se va a hacer”.
Dinero o medioambiente
Esta iniciativa aspiraba a convertir a Groenlandia en el mayor productor de tierras raras generando empleos e ingresos de hasta 200 millones de euros.
Groenlandia aprobó en 2008 un Estatuto que reconoce el derecho de autodeterminación de la isla y existe un apoyo importante hacia el independentismo, pero la enorme dependencia de este territorio respecto a la metrópoli, que aporta la mitad de su Producto Interior Bruto, imposibilita este objetivo.
Por ello, Greenland Minerals esperaba más apoyo a su proyecto, que suponía una importante inyección económica a la población a cambio del riesgo ambiental en la producción minera. EFEverde.