Aerial view of an illegal gold mine on the banks of the Cauca river, in the rural area of Suarez, department of Cauca, Colombia, on February 13, 2015. Illegal mining takes place mostly in areas of environmental conservation as moors, rivers and forests, and produces ecosystem pollution, loss of animals' habitats and displacement of native communities. The inappropriate use of chemical products, such as mercury, causes pollution in watersheds. Illegal mining areas are mostly controlled by armed groups, guerrillas and criminal gangs. In Colombia, one of the countries with the largest biodiversity in the world, minerals such as gold, coal, nickel and tungsten are exploited by illegal mining. AFP PHOTO/LUIS ROBAYO (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

El Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) reunirá este 23 de febrero a los precandidatos a la Presidencia de la República para conocer sus propuestas ante la crisis ambiental del país, en aspectos como la política ambiental y minero-energética.

  • El país le apuesta a la transición energética como una nueva ola de extractivismo. Foto: minenergia.gov.co
  • La extracción de oro, carbón o coltán genera impactos ambientales y sociales como contaminación, desplazamiento, deforestación, enfermedades, violencia y corrupción. Luis ROBAYO / AFP
  • Las movilizaciones locales buscan sensibilizar sobre la importancia de preservar recursos valiosos como el agua. GUILLERMO LEGARIA / AFP
  • El Gobierno espera que la matriz energética colombiana tenga una cuota mayor al 15 % en energías renovables no convencionales. JOAQUIN SARMIENTO / AFP
  • En Colombia la deforestación por minería contribuye significativamente al fracaso en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector minero. Luis ROBAYO / AFP
  • El país le apuesta a la transición energética como una nueva ola de extractivismo. Foto: minenergia.gov.co
  • La extracción de oro, carbón o coltán genera impactos ambientales y sociales como contaminación, desplazamiento, deforestación, enfermedades, violencia y corrupción. Luis ROBAYO / AFP

Con un aporte del 7 % al PIB nacional, el sector minero-energético es un actor decisivo para la economía colombiana. Sin embargo, representa el 34 % de la inversión extranjera directa y el 56 % de las exportaciones, y afronta conflictos ambientales y territoriales, entre otras problemáticas.

La profesora Carmenza Castiblanco Rozo, investigadora del IDEA, afirma que “el país, como explotador y exportador de recursos naturales, asume los eslabones de la cadena de producción internacionales que tienen el mayor costo físico –en términos de deterioro ecológico– y el menor valor monetario”.

“Así, deja a los países industrializados aquellos eslabones de la cadena que tienen menor impacto físico y mayor valor monetario, lo cual se convierte en una relación ecológica y económica desigual entre los países del centro –o países desarrollados– y la periferia, donde se ubican los países en vías de desarrollo”.

“Los costos ambientales y sociales producto de este tipo de explotaciones minero-energéticas difícilmente son asumidos por las empresas, la mayoría multinacionales”, enfatiza la experta.

Un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad del Rosario –publicado en la revista Environmental Research Letters–evidenció que en Colombia  la minería legal es un motor significativo de la deforestación, el cual contribuyó a la destrucción de121.819 hectáreas de bosque entre 2001 y 2018.

Conflicto territorial

Los procesos extractivos afectan especialmente a los territorios rurales, en donde los planes de vida de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendiente son reemplazados –mediante mecanismos legales e ilegales como el despojo– por los proyectos de las empresas con sus intereses económicos.

“El Estado ha sido cooptado, y en vez de defender el interés general decide ubicarse del lado de las empresas y de sus beneficios económicos por los intereses rentistas que obtiene”, afirma la académica Castiblanco.

Uno de los principales mecanismos mediante los cuales el Estado favorece a las empresas mineras son los beneficios tributarios, otorgados como una manera de incentivar la inversión extranjera, pero afectando seriamente los ingresos de la nación, esenciales en la reducción de la desigualdad.

En 2020, la Red de Justicia Tributaria denunció la existencia de unos 89 beneficios tributarios en Colombia, muchos de ellos sin fecha de vencimiento, que en 2019 redujeron el recaudo nacional en 9,2 billones de pesos.

Con respecto a la importancia de defender los liderazgos locales, la profesora Susana Barrera, directora del IDEA, indica que en los territorios las personas han generado procesos interesantes en términos de sostenibilidad económica y ambiental que involucran acciones de producción limpia.

“Las movilizaciones locales buscan sensibilizar sobre la importancia de preservar recursos valiosos como el agua y evidenciar que en la realidad el dinero que el país recibe por la minería no se queda en los territorios, y por lo tanto no genera transformaciones contundentes”.

Transición energética sin las comunidades

Las académicas mencionan que ahora el país le apuesta a la transición energética como una nueva ola de extractivismo, pero también invisibilizando a las poblaciones locales.

En 2018, el diagnóstico elaborado por el Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia (GDIAM) concluyó que los conflictos mineros entre el Gobierno nacional y los territorios se dan justamente por falta de consensos previos. Por ejemplo, se otorgan las licencias ambientales sin consultar a las comunidades de influencia del proyecto.

Para la profesora María del Rosario Rojas Robles, directora del Observatorio de Conflictos Ambientales del IDEA, “la transición energética no se trata solo de pasar de una energía fósil a otra con la que se pretenda seguir produciendo rentas para unos pocos; estos cambios no pueden seguir la misma lógica del modelo capitalista”.

Debate con precandidatos

En medio de la infinidad de temas que han quedado rezagados en la actual campaña electoral, sobresalen la minería y las decisiones que el país debe tomar sobre esta actividad económica, que representa cada vez más desafíos para el Estado y la sociedad.

Entendiendo que se trata de un tema crucial para la ciudadanía, el IDEA realizará este 23 de febrero a las 9 de la mañana el debate “Política minero-energética y crisis ambiental en Colombia” con precandidatos a la Presidencia de la República, en la Universidad Nacional de Colombia.

Para ello cuenta con el apoyo del Movimiento Nacional Ambiental, la Alianza Colombia Libre de Fracking, la Federación de Medios de Comunicación de Colombia, el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider) de la Universidad de los Andes y la Unidad de Medios de Comunicación (Unimedios) de la UNAL.

El evento se transmitirá en línea a través de FacebookYouTube y Radio UNAL

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