Alejo Vargas Velásquez Profesor titular y director del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Farid Camilo Rondón Raigoza estudiante de la Maestría en Estudios Políticos e integrante del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la UNAL
La falta de una política de seguridad pensada desde y para los territorios está contribuyendo al incremento de la violencia en las zonas más apartadas del país, objeto de disputa por parte del ELN, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo.
Hay un sentir bastante amplio que afirma que la seguridad va por mal camino. Sin importar la posición política, desde distintos sectores se expresan tantas opiniones, que se ha dado una implosión de factores que juntos han debilitado las perspectivas que se tenían en este campo.
El escenario presenta un incremento tanto en la tasa de homicidios como en los cultivos ilícitos, las masacres y la violencia contra las poblaciones. Según Indepaz, en lo que va de 2022 se han registrado 24 asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos, 5 homicidios de exguerrilleros y 19 masacres con 82 víctimas.
No obstante, dicha violencia no es uniforme en el país, sino que se ha concentrado en las regiones; una demostración es que los asesinatos de líderes sociales se focalizan en departamentos como Cauca (25 %), Arauca (21 %) y Putumayo (13 %). Así mismo, situaciones como el “paro armado” del ELN, la violencia reiterada de las disidencias de las FARC en zonas de frontera con Venezuela, y el manejo de la economía ilegal por grupos de crimen organizado como el Clan del Golfo, complican el escenario por analizar, en el que confluyen dinámicas locales, regionales y nacionales.
De igual manera, la presencia territorial de los grupos armados ilegales y las agencias estatales ha estado en proceso de disputa, lo cual genera mayor violencia en ciertas regiones. En el periodo electoral, varias de estas organizaciones buscan incidir de diversas maneras y con diferentes objetivos, generando un contexto de seguridad más complejo.
La política de seguridad no se ha pensado desde y para los territorios
En Colombia no ha existido una política de seguridad que priorice y tenga en cuenta a las distintas regiones del país, en especial las más apartadas. En las últimas administraciones, esta se ha enfocado más hacia el control territorial, buscando ocupar espacios en confrontación o negociación con las organizaciones armadas ilegales. Tales acciones se han dirigido especialmente en el centro del país, en donde se encuentran las zonas con mayor población y que son el epicentro de la economía.
Lo anterior llevó a que las dinámicas del conflicto armado se fueran desplazando hacia las periferias y las zonas de frontera, y que fueran cada vez más ajenas a los núcleos centrales del país. Esto contribuyó a estimular una nueva etapa de violencia en la que las regiones más apartadas son objeto de disputa por parte de los diferentes actores armados ilegales.
Por ello, a pesar de que se habla de control territorial, la realidad es que hay una mirada de los territorios desde la ocupación a partir de las implicaciones que tiene la confrontación armada. No se contempla a la población ni sus posibles afectaciones, si no que se ha manejado un discurso estatista-centralista de ejercicio de la soberanía y no de atención a la población.
Es esencial entender que cada territorio tiene su complejidad y se ve afectado de manera diferente por las dinámicas de la violencia. Se tiene que pensar una política de seguridad que tenga correlación con los territorios y que ponga en práctica los pensamientos que tienen las comunidades para la salida del conflicto armado.
Además, en los últimos 20 años las políticas de seguridad han sido influidas por la idea de llevar a cabo un control institucional basado en Fuerzas Militares y Policía Nacional. Pero, en dichas propuestas la atención a las regiones no ha tenido una clara estrategia, y por lo tanto no ha contado con el suficiente peso específico por parte de los decisores ni con el apoyo necesario en los pobladores.
En las diferentes políticas de seguridad se ha planteado la necesidad de que estos territorios sean atendidos por la oferta institucional del Estado; sin embargo, esta no llega a las zonas más apartadas. Igualmente, el arribo de las agencias “civiles” estatales se ha puesto en segundo lugar para la llegada a los territorios afectados por la violencia, justo después de la presencia de la Fuerza Pública. No obstante, este mecanismo ha demostrado ser inadecuado, en la medida en que las Fuerzas Militares y la Policía tienen un impacto coyuntural, pero en el mediano plazo; al no existir una política territorial definida, se genera violencia asociada con la disputa por el control del territorio.
También se tiene una visión negativa y apartada de los territorios que han sido objeto de control y de ocupación por parte de las organizaciones armadas ilegales, por lo que cualquier tipo de acercamiento institucional se encuentra mediado por la lógica de “el otro”, el desconocimiento y el estigma. De igual manera, se desconoce lo que ocurre en los territorios y la forma como se encuentran afectados por la violencia.
Territorios en la reconfiguración del conflicto armado
El conflicto armado interno es más intenso en zonas con problemas estructurales (precaria o inexistente presencia estatal, desigualdades o exclusión), pero también por vicisitudes coyunturales, como la crisis venezolana y la reconfiguración de las organizaciones armadas. Así, a partir de los riesgos y desafíos principales en materia de seguridad, se identifican los siguientes nodos territoriales:
Corredor Pacífico-Atlántico: Chocó, Antioquia y Córdoba. Constituye un importante entorno de disputa por las posibilidades que le otorga a sus detentadores:
- Primero, de asentarse de manera estratégica tanto en un espacio que conecta al Pacífico con el Caribe, a través de sus océanos, como con la posibilidad de establecer una conexión con el Magdalena Medio y las estructuras armadas asentadas en la cordillera Oriental.
- Segundo, el hecho de que es una zona rica en recursos que pueden ser utilizados para las economías ilegales como la minería, el narcotráfico –en su cadena: cultivo, procesamiento y comercialización–, el lavado de dinero, el tráfico de armas, las extorsiones y el enlace con la economía legal de la zona.
- Tercero, se asientan grupos con complejidades históricas como: relegados del reparto de la tierra, desplazados internos, migraciones de diferentes nacionalidades que buscan pasar el Tapón del Darién, comunidades indígenas y afro que han sufrido la violencia.
En esta zona hacen presencia los tres principales grupos armados ilegales del país: el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC. Además, existe una importante actividad de la delincuencia organizada y de otras agrupaciones de mayor calado como Los Caparros.
Pacífico Sur: Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Es una de las más violentas del país, con efectos en desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, masacres y homicidios selectivos de líderes sociales.
- Confluyen dos agentes principales: el ELN (los Frentes de Guerra: Occidental Omar Gómez y Suroccidental Carlos Alberto Trochez Zulueta) y las disidencias de las FARC. Además, hace presencia, aunque menor, el Clan del Golfo.
- Depende de los acuerdos que se adelanten en las organizaciones, dado que son las disputas territoriales las que generan mayores oleadas de violencia en los espacios sociales.
- La importancia que representa para las organizaciones ilegales se relaciona con el hecho de ser una zona de acopio, cultivo y procesamiento de drogas, que además conecta con la zona del circuito internacional del narcotráfico.
Corredor nororiental: Catatumbo y sur de Bolívar. Conecta la frontera venezolana con el Magdalena Medio, facilitando el contrabando y el tráfico ilegal de personas, en especial migrantes venezolanos. Así mismo, es una zona rica en recursos naturales con baja presencia estatal.
- El grupo más representativo es el ELN (Frentes de Guerra: Nororiental Manuel Pérez Martínez y el Darío de Jesús Ramírez Castro). Esta organización se disputa de manera transversal el control desde el Nudo de Paramillo, en el norte de Antioquia, pasando por el sur de Bolívar y llegando a la zona del Catatumbo, que conecta con la presencia que tiene en Venezuela como retaguardia estratégica y por la posibilidad que constituye el lago de Maracaibo en la salida de mercancías ilegales al exterior.
- Esta guerrilla controla importantes recursos derivados del tráfico de armas, el narcotráfico, las extorsiones –tanto en los pasos fronterizos como a las poblaciones– y el contrabando, que a la vez le permite ejercer el reclutamiento forzado en poblaciones vulnerables.
- Otros grupos en la zona son los Rastrojos, las disidencias del EPL (principal contendiente del ELN en la zona) y una porción del Clan del Golfo, los cuales hacen presencia mas no han tenido la capacidad suficiente para contrarrestar las capacidades adquiridas de manera histórica por el ELN. Asimismo hay articulaciones de las disidencias de las FARC que hacen presencia a través del Frente 33, la Segunda Marquetalia con el Comando Danilo García y –aunque de manera reducida– el Bloque Suroriental, organizaciones que han tendido a hacer alianzas estratégicas con el ELN para evitar cualquier tipo de choque regional.
Zona de frontera en Arauca. Esta zona, con un desarrollo histórico peculiar, se encuentra en disputa permanente, es un paso fronterizo estratégico en la medida en que articula los llanos venezolanos y colombianos, a la vez que cuenta con recursos derivados del petróleo, fundamental para cualquier tipo de organización armada.
- La disputa es por los recursos humanos –en términos de las personas que pueden ser reclutadas debido a sus condiciones, teniendo el agravante de la migración venezolana y los desplazamientos forzados que se generan en la zona– y petroleros, el contrabando y la posición estratégica.
- El control de Arauca conlleva tener una salida del mercado ilegal hacia los estados de Apure y Amazonas (Venezuela), facilitando la apertura de rutas que tengan como puerto el lago de Maracaibo o la zona oriental, por medio del llamado Arco Minero del Orinoco.
- Hace presencia el ELN (Frente de Guerra Oriental), el cual venía en un proceso de expansión derivado de los vacíos territoriales tras la salida de los excombatientes de las FARC, después de la firma del Acuerdo Final de Paz.
- La guerrilla del ELN tiene la mayor parte el control territorial y continúa con incursiones permanentes en los estados de Apure y Amazonas. En la actualidad se ha visto un alto crecimiento de la violencia derivado de las confrontaciones con otros grupos armados ilegales –disidencias de las extintas FARC– que buscan control en la zona, y últimamente del paro armado que llevó a cabo esta organización en 2022.
- Las disidencias de las FARC se han hecho presentes por medio de la rearticulación del Comando Conjunto de Oriente. Se han detectado confrontaciones en ambos lados de la frontera entre la llamada Segunda Marquetalia y las disidencias al mando de Gentil Duarte. Otras organizaciones con menor presencia en la zona son el Clan del Golfo y las posibles alianzas con las Fuerzas Bolivarianas de Liberación.
Los anteriores son espacios nodales que constituyen un ámbito de confrontación por parte de los grupos armados ilegales y con una concentración de la intensidad de la violencia del país.
Sin embargo, no son los únicos y hay otras zonas que se deben tener en cuenta, como por ejemplo el suroccidente de los Llanos Orientales y la conexión de estos con Caquetá y Meta, la región de Putumayo.
Retos y desafíos para tener en cuenta
Uno de los grandes desafíos que afronta el país, y en especial el próximo gobierno, se deriva del riesgo de la configuración territorial que se ha dado en las regiones, las cuales han sido las principales golpeadas por un reacomodo de las fuerzas ilegales.
Esto tendría que llevar a una revisión integral de las dinámicas que se presentan en cuanto a la comprensión de la seguridad, dado que la manera de control territorial y la imposición armada no puede seguir siendo la principal vía de resolución del conflicto.
Las zonas mencionadas tienen una precaria presencia estatal que debe ser subsanada por medio de las instituciones civiles. En este escenario, cada vez es más urgente implementar el Acuerdo Final de Paz.
De igual manera, es prioritario diseñar un proceso de conversaciones con el ELN para lograr su integración en la vida sociopolítica, previa a su abandono de la violencia. También, establecer políticas para encontrar alternativas a su desmovilización con las otras organizaciones armadas ilegales.
En la sociedad colombiana existe un importante desgaste por la manera como los recientes gobiernos han venido gestionando la seguridad, lo cual obliga a diseñar mecanismos que permitan poner a estos territorios –relegados históricamente– en una nueva orbita para el desarrollo de la paz.
Para ello, es esencial comprender que cada territorio tiene su complejidad y se ve afectado de manera diferente por las dinámicas de la violencia. Se tiene que pensar una política de seguridad que tenga correlación con los territorios y que ponga en práctica los pensamientos que tienen las comunidades para la salida del conflicto armado.
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