Aunque desde 2012 el país cuenta con el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo, hasta el momento este no contempla como “jurídica” los desplazados ambientales y climáticos, los afectados por estas causas son categorizados como “damnificados”, lo cual impide que haya mayor visibilidad de las víctimas.
Según el profesor Marco Romero, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), “los principios rectores de Naciones Unidas incluyen como causas de desplazamiento forzado no solo los problemas de desertificación y eventos climáticos o situaciones de deterioro ambiental, sino la construcción de proyectos de infraestructura o megaproyectos, desarrollo o extractivos”.
En entrevista con Análisis UNAL (Franja internacional), programa de Radio UNAL (98.5 FM), el académico dijo que “en Colombia este tema no se está abordando con la seriedad que se debe; por ejemplo, no hay un estatuto de derecho para los desplazados forzados por el cambio climático o por megaproyectos mineros y tratados de libre comercio que condenan a algunas regiones a la marginalidad económica y social”.
Señaló además que “el Estado colombiano tiene una deuda pendiente muy grande con el resto de los desplazados –no solo aquellos a causa del conflicto–, lo cual evidencia que el problema del desplazamiento forzado es mucho más grave.
Los informes recientes del Observatorio de los Desplazamientos Internos (IDMC) y del Centro Noruego para los Refugiados (NRC) indican que, en el mundo, las guerras y los desastres naturales causaron en 2021 un récord de 59 millones de desplazados; en ambos reportes Colombia fue el tercer país con más desplazados durante 2021.
Según las ONG, aunque las personas desplazadas por los conflictos armados siguen siendo las más numerosas, los desplazamientos provocados por los desastres naturales fueron la causa principal.
Con respecto a las cifras ofrecidas por las ONG, el académico aclara que “en los últimos años estas vienen utilizando una metodología, según la cual, aquellos desplazados que han tenido algún tipo de estabilización en los países de acogida, se retiran de los registros”.
“Aunque estamos de acuerdo con que esto se haga, en términos de memoria histórica el registro oficial señala que los desplazados en Colombia son 9 millones de personas en 2021, y no 5 como indican los informes de las ONG”.
Para el docente, el incumplimiento del Acuerdo Final de Paz ha jugado un papel esencial en el incremento del desplazamiento forzado en el país, ¿por qué?
Según el profesor Romero, “los Estados en general se resisten a reconocer el desplazamiento forzado interno, porque cuando un país tiene millones de desplazados quiere decir que hay millones de personas que el Estados es incapaz de proteger, y se supone que es esta es una de sus obligaciones principales”.
Otra razón por la que no lo reconoce es porque el desplazamiento implica un desarraigo y una ruptura estructural de tipo económico.
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