Nelson Andrés Ravelo Franco *físico de la Universidad Nacional de Colombia
Reducir el costo energético, aprovisionar agua y contar con la participación comunitaria en las soluciones son los principales desafíos para el Archipiélago, cuya vulnerabilidad ante fenómenos climáticos quedó en evidencia con el impacto del huracán Iota en noviembre de 2020. La reconstrucción, lejos de resarcir la deuda histórica de la Colombia continental con la comunidad raizal, la está victimizando de nuevo.
Aunque la Colombia continental no se encuentra dentro de la zona de tránsito directo de los huracanes, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina está ubicado en una región que sí ha sido afectada de forma directa y recurrente por estos fenómenos naturales.
En ese sentido, el paso por el Archipiélago tanto del huracán Iota –el 16 de noviembre de 2020– como del huracán Eta –dos semanas antes– se debe entender como parte de un fenómeno frecuente con el que la comunidad raizal ha convivido históricamente. Es por eso que los isleños construyen sus baños en concreto con una placa como techo, que usan como refugios y gracias a los cuales se evitaron pérdidas de vidas humanas, mientras el 98 % de la infraestructura de las islas de Providencia y Santa Catalina resultó destruida.
Sin embargo, el hecho de que las comunidades convivan con estos fenómenos no es suficiente para explicar por qué fue tan grave el daño provocado por el huracán Iota. Para una respuesta parcial es necesario incluir al menos tres elementos:
- que no se habían creado condiciones de respuesta para un huracán de nivel 5;
- que las condiciones usuales de la velocidad de los vientos han cambiado producto de la crisis climática, pues al aumentar la temperatura del agua superficial estos tendrán más energía; y
- que la perspectiva con la que se ha hecho prevención, gestión del riesgo y atención a desastres no ha generado mejores capacidades en las comunidades.
La visión con la que se han atendido los desastres ha sido la de regresar las islas a su “normalidad” (volviendo a las condiciones de riesgo que existían) desconociendo los conocimientos de las comunidades, su relación con el resto del ambiente y deteriorando su cultura.
Esto se ha hecho evidente con la actual reconstrucción, pues mientras el Gobierno nacional –mediante las declaraciones del Ministerio de Vivienda– insiste en que las casas reconstruidas podrían soportar vientos de hasta 250 km/h, durante la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, adelantada el 5 de mayo en Providencia, la Alcaldía Municipal de Providencia admitió haber cometido errores durante la reconstrucción, como usar materiales no adecuados para el ambiente salino que podrían comprometer la infraestructura de las casas.
Desconocimiento del saber de las comunidades
En marzo del presente año –mediante el derecho de petición– a las instituciones públicas que participaban en el proceso de reconstrucción se les pidió información sobre diagnósticos recientes de la población de las islas de Providencia y Santa Catalina y también sobre caracterizaciones socioeconómicas o culturales.
La mayor parte de la información se limitó a suministrar registros del estado de ejecución de diferentes proyectos de infraestructura. La única excepción fue la respuesta de la Defensoría del Pueblo, que compartió un informe de campo que le había sido encargado como parte del seguimiento a la acción de tutela interpuesta por la Veeduría Cívica Old Providence.
Dicha tutela sirvió para que la Corte Constitucional –mediante el Auto 691 del 23 de mayo de 2022– fallara a favor, solicitándoles a las respectivas instituciones que garantizaran sistemas de saneamiento adecuados, teniendo en cuenta las observaciones del pueblo raizal y la ruta jurídica para que obtuviera el reconocimiento de propiedad colectiva de Providencia y Santa Catalina evaluando cómo se afecta por la presencia de terceros con títulos de propiedad.
Las respuestas a los derechos de petición se contrastaron con la realidad relatada por las lideresas raizales durante el conversatorio adelantado en el marco del seminario. Por ejemplo, en el tema del agua, la información suministrada por las instituciones públicas había hecho énfasis en la reconstrucción del acueducto y en la cantidad de litros de agua que se ha suministrado por persona por día, aclarando si es potable o tratada.
Por su parte, las lideresas comentaron que antes del huracán el acueducto funcionaba de manera intermitente y con una única tubería que rodeaba la Isla, por lo que durante semanas, y en ciertas épocas del año, aunque no se recibía el agua del acueducto se lograba solventar fácilmente con el agua recogida durante los meses de lluvia. Ante este panorama, expresaron su inconformidad con la demolición de las cisternas familiares de cemento como etapa inicial de la reconstrucción. Esta actuación empeoró las condiciones de vulnerabilidad.
La situación se agrava con la falta de claridad frente al origen del agua usada para la construcción de infraestructuras, con el uso de una planta desalinizadora de la que poco se le ha informado a la comunidad, con la pretensión de reemplazar las cisternas por tanques plásticos de 1 m3 o con la construcción de casas nuevas sin pozo séptico. Un conjunto de errores que demuestran la visión centralista y continental con la que se pretende mitigar el riesgo en las islas, pero que están provocando el efecto contrario.
La discusión sobre transición energética en el Archipiélago
Además del riesgo ante huracanes, el blanqueamiento de corales, la inundación de manglares por el aumento de nivel del mar, o la disminución en la frecuencia de las lluvias provocada por el aumento de la temperatura promedio, existe la discusión sobre la crisis climática y la necesidad de tomar acciones hacia una transición energética. En ese escenario se enmarcan diferentes iniciativas de eficiencia energética, instalación de paneles solares, acción climática, conservación, e incluso la formulación del Plan Territorial de Adaptación al Cambio Climático.
Sin embargo, la realidad muestra que dichas iniciativas no son suficientes porque no abordan dos dimensiones prioritarias, sin las cuales no hay acción climática efectiva ni transición energética justa: entender que la principal causa de la crisis climática es la dependencia que tenemos como sociedad de la quema de combustibles fósiles, y que impedir que se agudice requiere dejar gran parte de estos en el subsuelo.
En ese sentido, resulta contradictorio que mientras la comunidad local rechazó de manera emblemática las actividades petroleras costa afuera y sus promesas de supuesto desarrollo, los proyectos de transición en las islas no buscan evitar el consumo de combustibles fósiles, sino que se proponen complementarlo.
Las acciones de eficiencia energética se tornan insuficientes mientras la generación de electricidad, la potabilización del agua (teniendo fuentes de agua dulce que podrían ser tratadas) y la cocción de alimentos dependen de la quema de diésel, o mientras se prefieran materiales para la reconstrucción intensivos en combustibles fósiles.
Lo justo en la transición energética
La segunda dimensión que están dejando de lado las iniciativas existentes de transición energética es la justicia con las comunidades del Archipiélago. El modelo energético existente, basado en la extracción y quema de combustibles fósiles, ha marginalizado a unos territorios y a sus comunidades, entendiéndolas como sacrificables a nombre del desarrollo y bienestar de otras regiones. En esa medida, tampoco basta sustituir un combustible por otro si no se restituyen los daños provocados y se previene que vuelvan a ocurrir, es decir, si no se transforma el modelo.
En efecto, aunque el paso de los huracanes Iota y Eta deterioró las condiciones de vida de las comunidades del Archipiélago, sus capacidades para enfrentar estos desastres ya habían sido afectadas por el modelo que las reduce a zonas para el turismo masivo. ¿Cómo esperar que la región nororiental de la isla de San Andrés no pase hambre durante una pandemia cuando toda su economía depende del turismo masivo? ¿Cómo esperar que los niños de San Andrés consuman comida local cuando su dieta alimenticia ha sido moldeada por los productos que la industria turística lleva desde el continente?
Aunque las islas de Providencia y Santa Catalina se han resistido a la entrada del turismo masivo, el modelo que desconoce la autonomía de la comunidad raizal para decidir y construir su opción de futuro también las ha afectado deteriorando la íntima relación que tenían sus habitantes y modos de vida con el entorno.
Ahora, la reconstrucción –entendida desde una visión continental y limitada a un tema de infraestructura– ha profundizado el daño. Sin acceso a turistas, como sucedía en prepandemia, y sin una alternativa económica que les garantice ingresos, han aumentado la prostitución, los embarazos no deseados y la especulación de la tierra contra el derecho colectivo de la comunidad raizal. Así como se desconocieron las propuestas de diseños y materiales para la reconstrucción hechos por la diáspora raizal, pretendieron pasar por alto el rechazo de la comunidad raizal en consulta previa de 2015 a la construcción de una estación de guardacostas por parte de la Armada Nacional en Providencia, provocando el surgimiento del Campamento por la Dignidad.
El desafío entonces para la transición energética en el Archipiélago es entender que solo se logrará salir de una sociedad fosilista si se enfrentan el deterioro provocado por el turismo masivo y por una gestión del riesgo que desconoce al Archipiélago y sus comunidades. Y para esto, la única garantía de justicia y de construcción de autonomía es que los conocimientos, necesidades y organizaciones raizales sean los protagonistas de esa transición. El ejemplo lo están dando estas propias organizaciones, a pesar de que no suelan enmarcar sus proyectos dentro de la transición energética justa o no identifiquen la relación que tiene la energía con la construcción, con los residuos, con el agua o con el alimento. Es el caso de la organización R-Youth que viene proponiendo un modelo agroecológico raizal que garantice el buen vivir para las comunidades rurales isleñas planteando alternativas económicas a la actividad extractivista del turismo.
* Los aportes del presente texto difunden algunos aprendizajes del seminario “Transición energética justa en Colombia: Desafíos para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, organizado por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Caribe, la Fundación Sea, Land and Culture Old Providence Initiative Prosealand y Censat Agua Viva.
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