Las mayorías del Senado de la República aprobaron en sesión plenaria el acto legislativo que busca modificar el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia y regularizar la venta del cannabis para uso adulto. Expertos hablan de las oportunidades comerciales, de investigación y de uso médico, además de la prevención pertinente en el tema.
Aunque en Colombia existen diferentes usos aprobados, el de “uso adulto” es el que está a un paso de la no prohibición. Foto: Archivo Unimedios
El acto legislativo que busca modificar el artículo número 49 de la Constitución Política habla de la atención a la salud y del deber del Estado de organizar y garantizar la prestación de este servicio. Con este proyecto se le adiciona un párrafo sobre el porte y consumo del cannabis, que señala:
El porte y el consumo de sustancias psicoactivas no reguladas está prohibido, salvo con fines médicos y científicos. La prohibición prevista en el inciso anterior no aplicará para el porte y consumo del cannabis y sus derivados por parte de mayores de edad. Además, se permitirá la producción, distribución y venta de cannabis con fines de uso adulto por parte de mayores de edad, siempre que se cuente con las licencias otorgadas por la autoridad competente.
Este fue el tema abordado en el programa Análisis UNAL, de Radio UNAL, en el que participaron los profesores Óscar Useche, de la Universidad Minuto de Dios, y Jairo Danilo Moreno Hernández, de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), experto en temas de cannabis, además del médico psiquiatra Pablo Zuleta, director del Área de Consumo de Drogas, Salud Pública y Educación, del Centro de Estudios Sobre Seguridad y Drogas (Cesed), de la Universidad de los Andes.
Durante la conversación trataron cómo se maneja el tema en todo el mundo, y el camino recorrido por Colombia con sus respectivos obstáculos.
Aunque en Colombia existen diferentes usos aprobados, el de “uso adulto” es el que está a un paso de la no prohibición. En este caso es una figura amplia en la que se habla de medidas que incluyen, por ejemplo, mejorar la condición de vida de personas con alguna enfermedad terminal.
Al presentar el proyecto ante el pleno de la corporación, la senadora María José Pizarro Rodríguez, del Pacto Histórico, sostuvo que “en Colombia se han gastado alrededor de 16.000 millones de dólares en una guerra contra las drogas que no ha reducido el consumo, el acceso ni la presencia de grupos criminales. La guerra contra las drogas no ha cumplido su objetivo, es momento de cambiar el enfoque y regularizar el consumo adulto”.
Ese cambio de enfoque habilita escenarios para activistas y emprendedores que llevan más de una década trabajando para estar regulados y lograr un crecimiento de la industria con una materia prima que tiene diversos usos.
Es una regulación que abarca varias perspectivas y como un problema de salud pública que requiere estrategias integrales para avanzar en el tema.
periodico.unal.edu.co