La Corte Internacional de Justicia ha dado la razón a Colombia frente a Nicaragua en una disputa por sus fronteras marítimas. Uruguay se está quedando sin agua potable, advierten expertos de la ONU. El último informe de ONUSIDA muestra que acabar con esta enfermedad es posible.
Colombia gana una disputa con Nicaragua por sus fronteras marítimas
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha rechazado la petición de Nicaragua de extender su plataforma continental más allá de su frontera marítima con Colombia.
Nicaragua pidió a la Corte que le conceda una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas (370 km) desde su costa caribeña, pero Colombia defiende que la plataforma del archipiélago de San Andrés “se une incuestionablemente con la plataforma continental que tiene la costa caribe colombiana”.
La jueza Joan E. Donoghue leyó la decisión a la que llegó el máximo órgano judicial de Naciones Unidas, cuyas sentencias son legalmente vinculantes y finales.“Por trece votos contra cuatro. Rechaza la solicitud presentada por la República de Nicaragua para que la Corte adjudique y declare que las islas de San Andrés y Providencia tienen derecho a una plataforma continental hasta una línea formada de arcos de 200 millas náuticas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial de Nicaragua”.
El litigio entre Colombia y Nicaragua por esta zona marítima, rica en recursos pesqueros y minerales, se ha prolongado durante décadas. En 2012, por un fallo de la CIJ, Colombia mantuvo la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero perdió casi 75.000 kilómetros cuadrados de mar con los que Nicaragua obtuvo algunos yacimientos submarinos de petróleo y gas, así como derechos de pesca.
La ONU asesorará a Colombia para poner en marcha las recomendaciones de la Comisión de la Verdad
El Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución presentada por el Gobierno de Colombia para respaldar la implementación de importantes recomendaciones de la Comisión de la Verdad.
El texto de la resolución pide a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos “que proporcione e intensifique su asistencia técnica” a las autoridades nacionales y locales por un período renovable de dos años para implementar esas recomendaciones, prestando especial atención a las víctimas y aplicando una perspectiva de género que tenga en cuenta los orígenes étnicos. También solicita al Consejo que nombre a un experto internacional en derechos humanos encargado de identificar y verificar los obstáculos a la implementación del acuerdo de paz de 2016.
“Gracias a esta resolución vamos a fortalecer el trabajo de protección de defensoras y defensores de derechos humanos en toda Colombia. Vamos a acompañar de mejor manera las reformas al sistema de seguridad, y la integración de un enfoque de derechos humanos”, dijo Juliette Rivero, la representante del Alto Comisionado en el país.
La resolución obtuvo 28 votos a favor, y 19 abstenciones.
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