Aunque estos tienen relación directa con proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, se trata de falsas soluciones centradas en lo financiero que no tienen en cuenta a las comunidades que tradicionalmente han preservado los ecosistemas en el país. Además, con el uso de estas herramientas lo que se hace es un gran lavado de la imagen de las grandes empresas.

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El 28 de agosto de 2017 Colombia emitió –con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)– el primer Bono Verde en la bolsa de valores del país, con valor de 200.000 millones de pesos.

Los fondos que generó están siendo utilizados por el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex), que es una institución de financiación bancaria cuyo fin es financiar las necesidades de capital de trabajo y activos fijos de empresas o proyectos viables de todas las dimensiones y sectores de la economía del país.

Este fue el tema abordado en el programa Análisis UNAL, de Radio UNAL, al que fueron invitados los profesores Carmenza Castiblanco, del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA), y Camilo Díaz Urrea, de la Facultad de Ciencias Económicas, ambos de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL); también William Gaviria Ocampo, coordinador para América Latina y el Caribe del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, y Carlos Enrique Diaz, coordinador de la Oficina de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El profesor Díaz empezó explicando que “un bono verde es un bono cuyo capital es destinado 100% al financiamiento de iniciativas o proyectos que tengan un impacto ambiental positivo, como por ejemplo la reducción de las emisiones de carbono y el financiamiento de proyectos de energías renovables o de iniciativas relacionada con la reforestación”.

Colombia fue el primer país de la región en diseñar una taxonomía de bonos verdes, la cual clasifica las inversiones y actividades económicas en función de su contribución significativa a los objetivos ambientales del país. En relación con el impacto económico de los bonos verdes, el experto señaló:

El economista Díaz, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la UNAL, manifestó que, “es importante avanzar en incentivos tributarios y no tributarios pensando sobre todo en la pequeña y mediana empresa, porque una limitante que ha tenido el impulso de los bonos verdes es que quienes terminan clasificando y accediendo a las grandes inversiones terminan siendo las grandes empresas, por lo que desde el Ministerio se ha venido tratando de darle un enfoque más centrado en la economía popular”. ¿Cómo aprovechan esta herramienta los grandes capitales?

Por su parte el consultor Gaviria recordó que los bonos no solo son emitidos por el sector público, sino también por el sector privado nacional e internacional, lo cual implica una pérdida de soberanía en los territorios donde se diseñan estos mecanismos para involucrarse en proyectos centrados en la naturaleza.

Dijo además que “desde 2017 se han adelantado en Colombia 6 proyectos, y el principal sector que ha emitido bonos ha sido el sector financiero nacional. Prima más la ganancia que la conservación ambiental”.

A su turno, la profesora Castiblanco hizo referencia al informe Monitor publicado en 2022 y que evaluó la transparencia e integridad en la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) por parte de las empresas que usan tanto los bonos verdes como los de carbono, el cual concluyó que existe una gran distancia entre los compromisos climáticos de las grandes corporaciones y su liderazgo real; además hay ausencia de supervisión, de regulación de alto nivel, lo cual promueve el lavado verde o green wash. Sobre qué tan fiable es la intermediación del sistema financiero para alcanzar metas climáticas certeras, mencionó:

Escuche el programa completo aquí.

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