Enrique Verdeguer
Madrid, 10 dic (EFEverde).- El medio ambiente continúa siendo un derecho humano de segundo orden, lo que incide negativamente no solo en su conservación frente a la degradación y a la crisis climática climático, sino que impide asegurar el respeto al resto de derechos humanos fundamentales, aseguran diversos expertos consultados por EFEverde.
Desde julio de 2022 el medio ambiente está reconocido por la Organización de las Naciones Unidas como un derecho humano, pero algunos analistas indican que su condición no vinculante no permite establecer una legislación que obligue a los distintos actores socioeconómicos a respetarlo y conservarlo.
Además de afectar negativamente al cuidado del entorno, la falta de reconocimiento incide gravemente en el resto de derechos humanos, que dependen en gran medida de un medioambiente sano y equilibrado para poder ser cumplidos de forma eficaz y continuada.
Sistema interrelacionado
Así lo asegura el responsable de la campaña de Paz y Democracia de Greenpeace, Javier Raboso, quién explica la estrecha relación entre el derecho a un medio ambiente sano con la consecución de otros derechos, como el derecho a la vida, a la libertad o a la educación.
Según el experto, el cuidado del medio ambiente ha sido históricamente entendido como una cuestión aislada, con poca o nula incidencia en el respeto de los derechos humanos y el establecimiento de una sociedad equitativa, permitiendo la explotación de espacios naturales.
Sin embargo, el medio ambiente ha demostrado ser «fundamental para el cuidado de todos los aspectos de la sociedad», y su vulneración implica «agravar problemas económicos, sociales e incluso políticos».
«La explotación pesquera en la costa occidental africana para la producción internacional de harina de pescado, por ejemplo, afecta gravemente a la salud alimenticia de la región y cuarta el desarrollo económico de la población local», aclara Raboso.
Desigualdad frente a otros DDHH
Para el esponsable de investigación del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, Karlos Castilla, la desigualdad legislativa entre el medio ambiente y el resto de derechos humanos provoca situaciones en las que un derecho, de carácter político o civil, «pasa por encima» de otros de naturaleza económica, social o, en muchos casos, ambiental.
«El derecho a la propiedad, por ejemplo, permite en ocasiones la explotación de tierras mineras o el uso inadecuado del agua, provocando graves daños al clima y a los entornos naturales» explica el investigador.
Se trata de un problema agravado por el modelo de producción y consumo de las sociedades industrializadas que, enfocadas en la producción masiva y la reducción de costes, «explotan los recursos naturales del sur global», incrementando las crisis sociales de los países más pobres.
Derecho fundamental
Tanto Castilla como Raboso inciden en la importancia de tomar medidas no solo en el plano internacional, sino también en el nacional, para otorgar al medio ambiente de la protección extra necesaria.
Y es que de acuerdo al artículo 45 de la Constitución Española, el cuidado del medio ambiente sí es un derecho de todos los ciudadanos españoles, pero no está calificado como un derecho fundamental.
Esta falta de «refuerzo legislativo» impide que se tomen medidas eficaces contra aquellos que vulneren este derecho, y permite una mayor permisividad a la hora de atajar los problemas derivados del medio ambiente. (EFEverde).