En el Amazonas hay once áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, de las cuales solo una, el Parque Nacinal Natural Amacayacu, permite actividades de ecoturismo como estrategia de conservación. En las otras 10 solo se pueden realizar actividades orientadas a la conservación, la educación y la investigación. La creciente visibilidad de la Amazonía en redes sociales y medios de comunicación ha incentivado un turismo no regulado que, lejos de aportar a la conservación, genera serias afectaciones ecológicas y culturales. Además, pone en riesgo a los visitantes, debido a que no hay infraestructura de rescate o atención médica.
Amazonas
Conocer Colombia, y especialmente sus parques nacionales naturales, es sin duda una experiencia única. Recorrer montañas, refrescarse en ríos o simplemente contemplar paisajes que parecen irreales y escuchar los sonidos propios de la selva permite activar todos los sentidos y comprender mejor la biodiversidad que habita en el país.
Sin embargo, estas experiencias no se pueden vivir en todos los parques nacionales, ya que existen áreas protegidas que al ser visitadas por el ser humano se pueden alterar al punto de desaparecer. Por eso, como parte de la estrategia de conservación de las 65 áreas protegidas, solo se abren al ecoturismo 25 en todas las regiones del país.
En el Amazonas, por ejemplo, existen 11 áreas protegidas, y de ellas únicamente el Parque Nacional Natural Amacayacu tiene permitidas actividades de ecoturismo. En las diez áreas restantes solo se pueden realizar actividades orientadas a la conservación, la educación y la investigación. Una de las razones por las cuales no tienen vocación ecoturística es que albergan ecosistemas únicos y cruciales para la vida, que son frágiles y se deben proteger a toda costa.
Pese a su importancia y a la normatividad clara que sustenta la ley en Colombia de no visitar estas áreas protegidas, la creciente visibilidad de la Amazonía en redes sociales y medios de comunicación ha incentivado un turismo no regulado que, lejos de aportar a la conservación, ha generado serias afectaciones ecológicas y culturales, con actividades tan simples, o que parecen inofensivas, como caminatas o visitas guiadas sin planificación, las cuales impactan los ecosistemas.
Por ejemplo, el tránsito de turistas fuera de senderos establecidos compacta el suelo, destruye la vegetación nativa y altera los microhábitats. En zonas con especies endémicas (que solo habitan en ese lugar) o en peligro de extinción, esta alteración puede tener efectos irreversibles. Además, la presencia humana masiva y continua provoca estrés, desplazamientos y cambios en los patrones de alimentación, reproducción o migración de muchas especies. Frente a esta amenaza, algunas especies pueden abandonar zonas clave para su supervivencia.
Pero estas visitas no solo afectan a los animales; también a las poblaciones indígenas que habitan en los parques ya que, en los recorridos de prevención, vigilancia y control (PVC) que realizan los guardaparques, encuentran botellas plásticas, residuos de jabones o desechos humanos que contaminan los ríos y la fuentes hídricas de las cuales dependen las poblaciones indígenas para consumo y uso doméstico.
El turismo sin regulación también rompe las estructuras culturales tradicionales. El contacto constante con visitantes externos puede provocar cambios en la organización social, la cosmovisión indígena y sus prácticas de subsistencia. Incluso se han reportado afectaciones a sitios sagrados.
La gran mayoría de áreas protegidas de la Amazonía albergan cerros, lagunas, cuevas, ríos y bosques que son considerados sagrados por las comunidades. El ingreso no autorizado a estos sitios constituye una profanación espiritual. Por ejemplo, en el Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis, sitios como el Raudal del Jirijirimo en el río Apaporis, en la frontera entre los departamentos de Vaupés y Amazonas, tienen un valor simbólico ancestral. Su uso turístico ha sido rechazado por los pueblos indígenas, quienes tienen voz y voto en la toma de decisiones en el territorio.
El derecho de las comunidades indígenas a decidir sobre su territorio está protegido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (Ley 21 de 1991). El turismo impuesto sin consulta previa vulnera este derecho fundamental. En el caso del Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis, las decisiones consensuadas en las instancias de coordinación con autoridades indígenas prohíben expresamente el turismo en áreas sagradas, tal como se estipula en su Régimen Especial de Manejo (REM).
Aunque las restricciones y la normativa son claras, persiste una oferta turística no autorizada promovida por agencias privadas, autoridades locales y regionales, pobladores y operadores informales. Incluso influencers en redes sociales publicitan paquetes turísticos dentro de áreas protegidas sin advertir sobre las restricciones legales, ofreciendo acceso a sitios sagrados o territorios indígenas sin consentimiento de las comunidades.
Estas visitas no autorizadas han sido plenamente identificadas por Parques Nacionales Naturales de Colombia y sus impactos están documentados. En el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, por ejemplo, se realizan sobrevuelos ilegales que ponen en riesgo a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV) que habitan allí. Lo mismo sucede en el Parque Nacional Natural Río Puré, donde está prohibida cualquier actividad externa a las dinámicas tradicionales de los pueblos residentes.
En la Reserva Nacional Natural Nukak, se realizan visitas sin consulta a las comunidades, interfiriendo en procesos de retorno cultural y reubicación. En el Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis, las visitas a sitios sagrados han desencadenado conflictos sociales entre comunidades indígenas, además de afectar directamente su espiritualidad.
Es fundamental comprender que las comunidades indígenas (más de 64 en la región amazónica) no solo son habitantes ancestrales de estos territorios, sino también guardianes milenarios de uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta. Su papel en la conservación de las áreas protegidas no es simbólico: está sustentado en criterios ecológicos, sociales, jurídicos y filosóficos que los posicionan como actores clave en la gobernanza ambiental de Colombia, especialmente en regiones como la Amazonía.
En este contexto, son claras las afectaciones que genera el turismo no autorizado en diez de las áreas protegidas del Amazonas. Además, tanto las personas que ofrecen los servicios como los turistas que los aceptan corren peligros. En zonas de alta fragilidad como Chiribiquete o Río Puré no existe infraestructura de rescate o atención médica, lo que expone a los visitantes a accidentes, enfermedades tropicales o ataques de fauna silvestre. Y a los operadores turísticos y sus asociados a posibles acciones legales. El llamado es a respetar los ecosistemas y las comunidades que los habitan.
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