Aunque durante el día las fuerzas estatales simulan tener el control del territorio, en las noches emerge el poder de las economías ilícitas, las cuales, bajo la anuencia estatal, explotan la naturaleza, presionan a las comunidades locales y mantienen el orden.
Juan Manuel Ñustes | integrante del Grupo de Estudios Transfronterizos, UNAL Sede Amazonia; docente de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales UNAL Sede Bogotá; estudiante de la Maestría en Estudios Políticos del IEPRIshare
Según la Procuraduría General de la Nación, el 85 % del oro que se extrae en la Amazonia colombiana es de origen ilegal. Foto: archivo Unimedios.
El Sol se oculta, pero en el Putumayo la jornada apenas comienza. Estoy sentado en una finca, me quito las botas y tomo tinto mientras reflexiono sobre lo que ha significado estar en la frontera entre Colombia y Ecuador. Había pasado el día cruzando esta zona, comprendiendo sus complejidades. En este horizonte de selva y agua se oculta un ritual que se ha normalizado: el comercio clandestino transfronterizo, llamado “contrabando” por el discurso estatal.
El Estado se niega a reconocer lo que no controla, y aquí en la frontera esa apariencia de dominio perdura hasta que cae la noche. En medio de la oscuridad que cubre los ríos se cierran los pasos entre ambos países y se encienden otros motores: los “peque-peque”—canoas adecuadas con motores de guadaña— y los grandes planchones retumban al abandonar sus estacionamientos. Es un sonido que aturde a los extraños pero que no asombra a los agentes estatales ni a los habitantes de esta zona.
En la Amazonia noroccidental se concentra la mayor área de cultivos de coca de América: 58.000 hectáreas según reportes de la UNODC.
Los ríos no son recelosos: permiten el paso a cualquiera que conoce sus cauces, aunque todos saben que por ellos transita lo prohibido. Es uno de esos espacios que el pensador francés Michel Foucault llamó como “heterotópicos”, porque son aquellos que ordenan un territorio y que, en caso de desaparecer, romperían el sentido que lo soporta.
En este caso el Estado colombiano usa un velo para no aceptar la realidad: su ilusión de dominio aquí es ficción. ¿Qué va a gobernar si todo está controlado? Desde el origen de su propio concepto, el Estado ha apuntado a crear un paisaje seguro para recaudar impuestos.
En esta región lo hace con vehemencia durante el día para exigir cobros a vendedores informales o viajeros incautos. En la noche es más dócil, más reservado. Hacia afuera crea un relato de autoprotección y orden mientras en la práctica negocia para regular aquello prohibido que simula rechazar.
La Amazonia noroccidental —región fronteriza que abarca partes de Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia— ha sido el principal foco de la política contra las drogas y el crimen organizado en el país. En ella se concentra la mayor área de cultivos de coca de América: 58.000 hectáreas según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, y es un territorio que también sufre el influjo de grupos armados ilegales (mapa 1).
De hecho, los departamentos fronterizos del sur del país fueron centrales en la implementación del Plan Colombia, un acuerdo de cooperación con Estados Unidos que durante 15 años pretendió luchar contra las economías no regularizadas o ilegales.
La minería ilegal, más rentable que el narcotráfico en las fronteras
Al percatarse del intento de control por parte del Estado, las economías ilegales han empezado a expandirse. La cocaína, por ejemplo, ya no es el motor principal de ingresos de los grupos armados irregulares. En cambio se diversifican como lo exige el mercado: han encontrado en la explotación del oro y de otros minerales estratégicos un foco rentable, pues su uso es vital ante la necesidad contemporánea de hallar caminos para la transición energética.
“El narcotráfico nunca se va a acabar porque los Gobiernos lo necesitan”, me dijo un líder social en el Putumayo en abril de 2025.
Para obtener insumos explotan los ríos y montañas, como en el cerro Yapacana, una elevación situada cerca de la estrella fluvial de Inírida y que pertenece al municipio venezolano de San Fernando de Atabapo. En los límites amazónicos de Colombia y Venezuela se han asentado campamentos mineros de grandes proporciones que llegan a extraer entre 25 y 37 toneladas al año, según un reporte de Mongabay.
Puente Internacional de San Miguel, en la zona fronteriza entre Colombia (Putumayo) y Ecuador (Sucumbíos). Foto: Juan Manuel Ñustes.
En ese escenario, el Estado demuestra su fragilidad: la extracción ilegal se solapa con los títulos mineros y le resulta intrincado saber el origen de los productos que entran al mercado del norte de la Amazonia. No se sabe si provienen del Ejército de Liberación Nacional (ELN) —presente en San Fernando de Atabapo—, del grupo los Comandos de Frontera, que se mueven en Puerto Leguízamo (frontera colombo-ecuatoriana), o de una multinacional con licencia minera (mapa 1).
Influjo de la minería ilegal y los actores armados sobre la región noroccidental de la Amazonia. En la frontera con Ecuador la organización Los Choneros se ha fortalecido. Fuente: elaboración propia basada en RAISG (2025) y Amazon Underworld (2025b).
Ahora bien, otro elemento fundamental ha generado un efecto que irradia a esta zona: los bombardeos de fuerzas militares norteamericanas a lanchas civiles, que se han desplegado en el Caribe desde septiembre de 2025 y no han cesado. Este nuevo capítulo de la añeja (y poco eficiente) guerra contra las drogas ha fortalecido el narcotráfico en los ríos de la Amazonia.
“El narcotráfico nunca se va a acabar porque los Gobiernos lo necesitan”, me dijo un líder social en el Putumayo en abril de 2025, durante una visita de campo.
Bien dijeron los antropólogos Thomas Wilson y Hastings Donnan que las actividades ilegales son el lado subversivo pero integral del Estado, pues lo socavan y lo constituyen al mismo tiempo. Entonces el Estado en sí mismo es una contradicción.
Quiénes mandan en las fronteras
Según el antropólogo Francisco Gutiérrez Sanín, todos los sectores sociales se implican directa o indirectamente en la economía ilegal. Por eso no es riguroso asumir que los mercados irregulares sean el motor de la violencia. De hecho, en el caso colombiano hay una mayor correlación con la ganadería extensiva.
Así mismo, la violencia de la minería y el narcotráfico en el noroccidente de la Amazonia se concentra en la región de la cuenca alta del río Putumayo-Içá (límites entre Colombia, Ecuador, Perú y Brasil).
Un informe del Observatorio Amazonia reveló que comunidades del macroterritorio Jaguares del Yuruparí han registrado niveles de mercurio en la sangre hasta cuatro veces superiores a lo permitido, a causa de la contaminación en la cuenca del río Caquetá. Foto: archivo Unimedios.
Es necesario precisar que el narcotráfico y el comercio de minerales de origen ilegal comparten espacios con la informalidad del contrabando y del cultivo de coca porque todos estos procesos suceden en la frontera. Sin embargo, estas dos últimas partes —el contrabando y los cultivos— son subordinadas de forma autoritaria por el poder de los primeros y del Estado.
En ese contexto, existe una suspensión de derechos tanto de los cocaleros como de los contrabandistas locales. Los Estados y los grupos armados se ensañan con ellos porque son poblaciones en las que pueden ejercer su poder. En medio de tales limitaciones, estos sectores negocian sus identidades, y aun en esas condiciones de vulnerabilidad permanecen realizando las labores que les brindan sustento.
Esta lógica es propia del capitalismo, sistema que permite que exista una relatividad en la transición de las normas y concede ventajas inusuales a los diferentes renglones de la economía (incluso a los ilegales), lo que al final favorece su propia estructura. En el contexto específico que nos compete, esas ventajas benefician la dinámica del narcotráfico y la minería ilegal cuyo alcance y poder han alcanzado a las maquinarias del petróleo y el gas en la región Amazónica.
Todo ello ocurre no porque el Estado desconozca tales realidades, sino porque comparte algunos de los beneficios del entramado de esa economía repleta de ambigüedades. Así, el Estado suele realizar operaciones esporádicas de control solo cuando se ve presionado o doblegado, sin modificar sustancialmente el paisaje extractivo.
La situación en la zona noroccidental de la Amazonia se complejiza todavía más si se considera que entre los mismos actores armados hay una intención de eliminar a sus enemigos. En la zona brasileña se han develado conflictos violentos entre las organizaciones Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital, mientras que en la región colombo-venezolana se libra la lucha entre la Segunda Marquetalia y el ELN. Al final todos estos grupos terminan beneficiados a una escala mayor.
Una investigación transfronteriza del medio Amazon Underworld reveló que los pueblos indígenas son los que han garantizado la conservación forestal de la Amazonia. Sin embargo, esa determinación les ha costado ser víctimas de presiones por parte de grupos organizados, del Estado y de las empresas mineras.
Según la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), las áreas en las cuales más se superponen los territorios indígenas y los puntos de extracción minera se sitúan en las regiones amazónicas de Ecuador y Perú.
Un Estado que necesita escuchar a las comunidades
La forma como está constituido el Estado en el noroccidente de la Amazonia sugiere su interés por lo ilegal, por lo tanto, se vislumbra su utopía de control y su realidad de negociación. En la frontera todas las actividades se conectan, y no importa tanto su legalidad como su legitimidad
Las contradicciones del Estado en la Amazonia colombiana se pueden resolver si las políticas limítrofes y la lucha contra la criminalidad cuentan con la participación de las comunidades locales transfronterizas.
Frente a este panorama, la acción estatal hace que las economías formales, informales e ilegales se superpongan, y en ese contexto los grupos armados se ajustan a las lógicas del mercado. Las organizaciones del noroccidente de la Amazonia pagan salarios, diversifican sus fuentes de ingreso y la formación política ya no es su prioridad.
Mientras camino por esta vasta región la sensación de sentirme observado permanece. Los funcionarios estatales me miran con desconfianza y esquivan con cautela las preguntas sobre la intención de de ampliar la presencia militar.
El resultado de esa decisión podría hacer que las estructuras ilegales se muevan al Perú y generen un efecto de globo que derive en una crisis cocainera como la acaecida en 2023. En aquel entonces, la superproducción de cocaína causó una disminución sustancial en los precios y colapsó el mercado.
El trasegar por estas fronteras me ha permitido entender que el Estado actúa como si mantuviera el control de la región, pero hace concesiones con las economías ilegales, negocia su realización mutua.
Aquí es necesario plantear la cuestión: ¿el Estado opera en negación silenciosa frente a lo que considera ilegal, pero hacia afuera mantiene su postura de orden discursivo? Esta contradicción se puede resolver si las políticas limítrofes y la lucha contra la criminalidad cuentan con la participación de las comunidades locales transfronterizas. Ellas no temen al día o a la noche y saben lo que el Estado oculta cuando llega el ocaso.
periodico.unal.edu.co