La Corte Constitucional dio un plazo de hasta 20 días para que expertos y organizaciones internacionales entreguen datos clave para establecer los reales efectos nocivos de la minería ilegal en la salud de comunidades indígenas del departamento del Chocó, en Colombia.
La Sala de revisión liderada por el magistrado Jorge Iván Palacio le puso la lupa a la grave denuncia de organizaciones sociales del Chocó que señalan que como consecuencia del vertimiento de mercurio en los ríos del departamento se desató una crisis ambiental que le costó la vida a tres niños de las comunidades Quiparadó y Juinduur y a 34 embera katío. Las muertes se registraron, según la denuncia, entre 2013 y 2014 en zonas aledañas al río Sucio y el río Andágueda.
La Corte dio instrucciones para que expertos y comunidades académicas contribuyan a establecer el real estado de contaminación de esas fuentes hídricas y los riesgos de su consumo. Además, exigió explicaciones por parte de las instituciones a las que les correspondería evaluar y mitigar los riesgos por cuenta de las actividades mineras en la zona.
En la tutela los denunciantes señalan que el uso del mercurio y demás elementos usados en la minería están poniendo en riesgo la supervivencia de los peces y el desarrollo de la agricultura “que son elementos indispensables y esenciales de alimento en la región”.
El alto tribunal realizó el 28 de enero pasado una inspección judicial en la zona en la que se estaría registrando esa grave crisis ambiental.
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