América Latina cuenta con mejores condiciones de agua y saneamiento que hace 20 años, pero debe mejorar los sistemas de provisión para alcanzar la universalización de estos servicios
En los últimos años América Latina ha mejorado significativamente sus sistemas de agua y saneamiento. Una amplia mayoría de ciudadanos cuentan con un acceso seguro y estable a este servicio básico.
De todas formas en los próximos años el objetivo será avanzar en una gestión integrada del recurso hídrico para mejorar la calidad y la seguridad en el suministro entre las poblaciones más vulnerables. De acuerdo con el informe «Universalización de servicios de agua potable y saneamiento». Los tres retos que tiene el sector son:
Adoptar mecanismos de regulación que aseguren la sostenibilidad financiera de las empresas prestadoras.
Establecer diferentesmecanismos de financiamiento de proyectos de infraestructuras según las capacidades, el tamaño y las características de las ciudades.
Lograr economías de escala que aseguren la sostenibilidad de los servicios en las ciudades y, especialmente, en las zonas rurales.
La toma de decisiones, el planteamiento de políticas públicas y las inversiones relacionadas al agua y al saneamiento representan un compromiso que los países deben asumir desde el más alto nivel político hasta los gobiernos locales, incluyendo las empresas prestadoras de servicios y promoviendo la más amplia participación de los sectores productivos y de la sociedad civil.
Un ejemplo de éxito es la Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Manchaco, en Bolivia. Como resultado de una mancomunidad de seis ciudades, la empresa cuenta con representación regional, capacidad alta de gestión y economías de escala en su administración que aseguran la continuidad y sostenibilidad de los servicios.
El agua y el saneamiento están estrechamente relacionados a los objetivos de desarrollo nacional, como la reducción de la pobreza y el impulso del progreso económico.
Es esencial focalizar las inversiones donde los beneficios económicos y sociales sean mayores, con una gestión integrada que permita, por un lado, universalizar el acceso a los servicios de agua y saneamiento y, por otro, garantizar su calidad.
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