Publicado por: Alba Santandreu, efeverde
Activistas han denunciado que el Gobierno brasileño ha decidido abrir las puertas de una gigantesca reserva natural de la Amazonía a las empresas del sector minero, una decisión que supone un retroceso en la lucha para proteger del pulmón verde del mundo.
El Ejecutivo del impopular presidente Michel Temer autorizó el miércoles la extinción de una reserva natural de más de 47.000 kilómetros cuadrados -una superficie mayor que la de Dinamarca- entre los estados brasileños de Pará y Amapá para la extracción de oro y otros minerales nobles.
La reserva fue creada en 1984 por la dictadura militar brasileña, que pretendía explorar cobre en la región, algo que finalmente no se produjo y que impidió la actuación de compañías mineras en la zona.
La Reserva Nacional do Cobre y Asociados (Renca) está considerada de alto potencial para la exploración de oro, además de hierro, manganeso y tántalo.
Este miércoles el Ejecutivo de Temer autorizó extracción de oro en una reserva de 47.000 kilómetros cuadrados. EFE/Marcelo Sayao
Opiniones
La extinción de la reserva natural ha sido vista con buenos ojos por el sector minero, pero ha sido rechazada por organizaciones no gubernamentales, como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), que considera la medida un “auténtico retroceso en la protección de la Amazonía“.
Para WWF, la decisión del Ejecutivo pone en riesgo nueve áreas protegidas, lo que puede causar “impactos irreversibles al medio ambiente y a los pueblos de la región”.
“Eso crea presión para una región intacta del Amazonas. Cuando se abre para la minería, además de la actividad formal, se fomentan actividades de extracción ilegal, la invasión de tierras públicas, la deforestación y los conflictos sociales con pueblos indígenas“, dijo a Efe Maurício Voivodic, director ejecutivo de WWF Brasil.
La reserva cuenta con dos tierras indígenas, en las cuales no es posible la práctica de minería.
No obstante, para Voivodic la extinción de la reserva natural puede “fomentar la invasión de tierras” y ejercer “presión para que los indígenas realicen acuerdos con las actividades clandestinas” de mineros ilegales.
El Gobierno y los políticos
La decisión del Gobierno también ha dividido opiniones dentro de la política brasileña.
El propio Ejecutivo brasileño afirmó en un comunicado que “ninguna reserva ambiental de la Amazonía fue afectada por la medida“ ya que lo que “dejó de existir fue una antigua reserva mineral, y no ambiental“.
La citada área “no es un paraíso, como quieren hacer parecer, erróneamente, algunos“, agregó el Gobierno.
Para el senador Randolfe Rodrigues, del partido Rede, “el decreto supone el mayor ataque a la Amazonía en los últimos 50 años. Ni la dictadura militar osó tanto”, señaló en declaraciones recogidas por el diario O Globo.
El diputado Valdir Colatto, miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera Temer, dijo al mismo medio que la medida puede garantizar el desarrollo de la región, siempre y cuando sean respetados los límites legales relativos a las áreas indígenas y ambientales.
De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía de Brasil, el “objetivo de la medida es atraer nuevas inversiones, con generación de riqueza para el país, de empleo y de renta para la sociedad, basado siempre en los preceptos de sustentabilidad”.
A diferencia de WWF, el ministerio considera que “la medida podrá contribuir al combate contra las minas ilegales instaladas en la región.”
Por su parte, la modelo brasileña Gisele Bündchen calificó el decreto de “vergüenza” y advirtió de que “están subastando la Amazonía”.