Este gobierno tomó la decisión de reconocer a las víctimas del conflicto y poner en marcha su reparación integral. Se expidió la Ley de Víctimas que comprometió al Estado con este propósito, y la firma del acuerdo de paz con las Farc, cuyo centro son las víctimas, ha contribuido a reducir significativamente las muertes violentas y los ataques contra la población civil. El acuerdo incluye la creación de la Justicia Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas desaparecidas, que están orientadas a satisfacer los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas.