Bogotá, 31 de agosto de 2018.- El Contralor General de la República de Colombia, Edgardo Maya Villazón, consideró que el país no está suficientemente preparado para mitigar los riesgos y afectaciones de técnicas de explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos, como el fracking, y confió en que el Gobierno Nacional establezca como mínimo una moratoria (o suspensión) en la aplicación de la misma.
Según el jefe del organismo de control, actualmente no se cuenta con los términos de referencia ambientales para la explotación mediante dicha técnica.
“Si bien el país tiene un potencial recuperable de este tipo de recurso natural, aún falta información técnica precisa, dado que persisten vacíos en estudios de detalle y datos insuficientes sobre la línea base ambiental, que permitan eventualmente promover su aprovechamiento de manera sostenible, principalmente frente a los riesgos de afectación del recurso hídrico superficial y subterráneo, junto al adecuado manejo de los riesgos asociados a esta técnica”, aseguró el Contralor Maya Villazón al instalar el Seminario Internacional “Control Fiscal Ambiental para el Desarrollo Sostenible”.
Maya Villazón fue más allá e indicó que “Ante esta debilidad institucional, sumada la insuficiencia de información para la toma de decisiones y los grandes riesgos de afectación ambiental, se esperaría que el Gobierno Nacional actuara conforme al principio de precaución y estableciera, como mínimo una moratoria en la aplicación de este tipo de técnicas”.
Recomendó mantener esta moratoria hasta tanto el país cuente con la capacidad institucional y el conocimiento científico, así como una cartografía geológica de detalle y reciente que le permita a las entidades y los titulares de los contratos conocer las particularidades del territorio, acordes a su biodiversidad y las características del subsuelo en cuento a la tectónica y sismicidad.
Con ello, explicó, se reduciría la asimetría de la información con la que históricamente se han llevado adelante los proyectos en el país, con el propósito de afrontar los enormes riesgos ambientales inherentes a esta técnica.
Ante estas incertidumbres ya algunos países han optado por declarar moratorias e incluso algunos definitivamente han prohibido la explotación de este tipo de yacimientos no convencionales mediante la técnica del fracking, recordó el Contralor Maya Villazón.
La alusión del Contralor al tema del fracking surgió luego de comentar como, ante la perspectiva de agotamiento de algunos recursos naturales no renovables, se han buscado opciones desesperadas en las cuales el país no está suficientemente preparado para mitigar los riesgos y afectaciones en recursos muy vulnerables e indispensables para la vida y la continuidad del desarrollo económico y social.
“Tal es el caso de las iniciativas para aplicar las técnicas de fracturamiento hidráulico para la explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos, llamada comúnmente fracking, la cual surge en distintos sectores como una opción muy llamativa para aumentar las reservas energéticas y mantener o incrementar los ingresos fiscales procedentes de las regalías”, subrayó.
Sombrío panorama ambiental
Según el Contralor Maya Villazón, los resultados del control fiscal ambiental que realiza la CGR, a través sus Auditorías, Estudios Sectoriales y Evaluaciones de Políticas Públicas, presentan un panorama sombrío y evidencian que el país transita por una senda de desarrollo que no es sostenible.
“El crecimiento observado en la economía colombiana no está fundado en la generación de valor, sino en el consumo depredativo de sus recursos naturales, en un proceso continuo de descapitalización de su patrimonio natural, el cual, pese a su gran riqueza, ya empieza a mostrar síntomas inequívocos de agotamiento”, sostuvo.
Mencionó al respecto varias situaciones preocupantes que ha detectado la Contraloría:
- Las reservas forestales se encuentran degradadas y disminuidas en su extensión, pasando de más de 65 millones de hectáreas a cerca de 40 millones de hectáreas de coberturas boscosas en la actualidad.
- Los ecosistemas de páramos aún no cuentan con la “protección especial” declarada en la Ley 99 de 1993, dicha norma.
- Se advierte una evidente debilidad institucional del Estado y particularmente de muchas entidades del Sistema Nacional Ambiental
- Son nefastos de los resultados de la política pública de bosques y de deforestación.
- Igual sucede con la política de mercurio y asbesto, que lleva en rezago varios años en su implementación; mientras la de gestión ambiental urbana, no ha funcionado como se esperaba.
- La minería ilegal, que es un 80% de la totalidad, viene produciendo daños irreversibles en fuentes hídricas y reservas forestales, modificando ecosistemas estratégicos y poniendo en riesgo sistémico, no sólo a los habitantes de las diferentes regiones sino a las poblaciones de fauna y flora, muchas de éstas en peligro de extinción.
- Es notoria también la ausencia de una institucionalidad fuerte y competente para aplicar instrumentos como la licencia ambiental, los planes de manejo ambiental, los estudios de impacto ambiental, el diagnóstico ambiental de alternativas y los planes de contingencia.
- Las compensaciones ambientales han perdido su verdadera esencia de reparación, y restauración de los daños provocados a los ecosistemas afectados, y en cambio, se han convertido, en un instrumento dilatorio de las responsabilidades de quienes afectan negativamente el ambiente. Además, no se compensa en naturaleza sino en dinero
- Se suma a esto, que las autoridades ambientales no ejercen su poder sancionatorio. La Contraloría ha encontramos procesos con más de 8 años de inactividad, sin decisión de fondo, en tanto que el territorio está destruido.
- Es gris el panorama encontrado por la CGR en el desarrollo de las auditorías en materia ambiental, pues se han evidenciado serios problemas en el uso y destinación de los recursos recibidos por las autoridades ambientales, en particular las Corporaciones Autónomas Regionales.
Cuantiosas sumas de dinero provenientes de las transferencias del sector eléctrico, tasas retributivas y por uso del agua, sobretasa ambiental y porcentaje del impuesto predial no son invertidas en lo que debería ser, en detrimento de las condiciones de los recursos naturales.
El caso que más ha llamado la atención de la Contraloría, es la destinación de los recursos que superan $1.2 billones de pesos que tiene una de las Corporaciones Autónomas, que en vez de ser invertidos en lo ambiental se emplean para la generación de rendimientos financieros.