El Salvador, Guatemala, Honduras, México
1. El Reto de la Migración, el Desarrollo y la Seguridad Alimentaria en Mesoamérica: la situación especial de los Territorios Rurales
Estudios de Naciones Unidas y otros organismos han demostrado que, a pesar de los grandes esfuerzos realizados en las últimas décadas, en los cuatro países de Mesoamérica, existen territorios cuyos indicadores socioeconómicos se están quedando rezagados respecto a los promedios nacionales. Las causas de esta realidad provienen de problemas históricos, pero también de la falta de crecimiento económico, inversión productiva, deterioro de los recursos naturales, y la ocurrencia, cada vez mayor, de desastres naturales, como sequías e inundaciones. Dichos territorios son además centros de origen de numerosos migrantes internos e internacionales con destino principalmente hacía EEUU.
Los territorios rezagados están marcados por enormes deficiencias institucionales y donde la focalización de programas públicos sigue siendo limitada. A su vez, en muchos de ellos hay una marcada presencia de pueblos indígenas y afrodescendientes que muestra la realidad de su exclusión y desigualdad étnica. La actividad agrícola, pesquera y forestal en estos territorios sigue jugando un rol importante en la estructura económica y de empleo pero que frecuentemente está al margen del mercado interno, regional y global. Esta actividad económica y social se enfrenta a desafíos para acceder a la tecnología, infraestructura, servicios de extensión o financiamiento, y que además se desarrollando en muchos casos, en suelos pobres, sin seguridad jurídica sobre la propiedad, y contando con centros de acopio insuficientes y distantes que dificultan la comercialización.
Por otra parte, algunos de estos territorios se han visto afectados en las últimas décadas por la expansión de actividades económicas al margen de la legalidad (cultivos ilícitos, explotación ilegal de los bosques o de recursos minerales), que no solo generan conflictos, disputas y violencia, sino que conducen al desarraigo y, eventualmente, a la migración irregular de sus poblaciones. Esta violencia desalienta a demás inversiones en actividades legales y tiene enormes impactos ambientales y en el manejo sostenible de la biodiversidad. Bajo este contexto, los ingresos de estos agricultores rurales son extremadamente precarios, informales e inseguros, quedando en evidencia su alta dependencia de las remesas y subsidios gubernamentales.
Esta realidad, se enmarca además en una institucionalidad donde los gobiernos locales enfrentan grandes desafíos y donde la participación política de la población en la búsqueda de soluciones concertadas a los desafíos que enfrentan es muy limitada. En algunos casos, este hecho muestra una crisis de las políticas públicas y falta de legitimidad de los modelos de desarrollo rural implementados hasta ahora.
Diversos estudios han demostrado que las políticas nacionales de desarrollo rural no sólo no han tenido la efectividad deseada en muchos de estos territorios, sino que, en la mayoría de los casos, no han podido enfocarse en los grupos más vulnerables. Este rezago afecta especialmente y en forma desproporcionada a mujeres rurales, jóvenes, niños, niñas y adolescentes.
Además, los estudios de la FAO, la CEPAL, el WFP, la OIM, el ACNUR y otros organismos con experiencia en el tema de la migración regional, también muestran que, existe una relación causal entre las condiciones de estos territorios y el origen de los movimientos migratorios. Al menos la mitad de los migrantes de los países del norte de Centroamérica, provienen de las zonas rurales más rezagadas, o que han sido afectadas por desastres naturales y los efectos del cambio climático.