La transformación de Bogotá como zona urbana con edificios, cemento en la mayoría de su suelo y alta contaminación en todas las esferas, ha hecho que poco a poco la ciudad le haya dado la espalda a su entorno natural, incluyendo humedales y laderas de ríos y quebradas. La priorización de su expansión representa, entre otras, una amenaza tanto para gran parte de la biodiversidad propia de la Sabana y la alta montaña, como para el bienestar de los bogotanos.
La ciudadanía bogotana y sus autoridades enfrentan el reto de revertir la manera como se ha asumido la gestión territorial, acogiendo a los ecosistemas no como un obstáculo para una noción muy particular de “desarrollo”, sino como un entramado vivo que alberga diversidad biológica y funciones esenciales para las sociedades que interactúan con ella.
Estas propuestas implican hacer una lectura integrada de la ciudad y destinar recursos humanos y económicos que propicien la participación ciudadana efectiva y los procesos de cogestión con las autoridades ambientales, comunidades y demás instancias de la administración con competencia en la gestión territorial.
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Bogotá urbanísticamente separada
La ciudad tiene el gran reto de regular su expansión urbana y así evitar la conurbación o unión urbana con los municipios vecinos sin que exista una zona natural de amortiguación que las separe, preservando el área rural y la ciudadanía presente allí. Esto para mitigar las islas de calor y los centros de contaminación atmosférica (emisiones) y auditiva (ruido). Además para posibilitar los corredores de vida silvestre nativa y migrante –que sostienen y conducen la biodiversidad– y alentar la vida campesina aún presente.
De ahí la necesidad de respetar y fortalecer los bordes de la ciudad como corredores ecológicos –como la Reserva Thomas van der Hammen, los cerros Orientales, Agroparque Los Soches, Usme y Sumapaz, entre otros–, en especial para el suroccidente de la ciudad, donde son escasos y fuertemente presionados. Es indispensable que la administración no ceda ante la presión de los constructores que ven en estos bordes, hoy rurales, un gran negocio ligado a su transformación en suelo urbano.
La calidad de aire
Lascantidades de material particulado, en concreto las PM2.5, son las que más se producen en ciudades como Bogotá y son una mezcla que puede incluir sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales.
El PM2.5 es el contaminante que se produce por las emisiones de combustión, especialmente del transporte de carga e intermunicipal, los cuales aportan más del 45 % de la contaminación del aire en la capital por fuentes como automóviles, buses y camiones.
Esto conlleva a la necesidad de implementar acciones inmediatas, a partir del efectivo monitoreo ambiental y los estudios –además de las soluciones– sobre los efectos de las principales fuentes contaminantes (emisiones vehiculares de gasolina y diésel, combustión industrial, estaciones de servicio, entre otros).
Además de mejorar el sistema de monitoreo ambiental urbano y rural –según los estándares internacionales–, urge un mayor control sobre las emisiones y la aplicación de sanciones efectivas e incentivos que permitan reconvertir o transformar las fuentes más contaminantes, priorizando políticas y acciones que fomenten el uso de otro tipo de energía menos impactante.
Gestión de residuos sólidos
Sumanejo en la ciudad es un tema urgente y complejo que se debe abordar desde diferentes estrategias. Reducir el material dispuesto en el Relleno Sanitario Doña Juana (RSDJ), a la par que se optimiza su funcionamiento y se organiza la función de las asociaciones de recicladores y de los centros de acopio y reciclaje en la ciudad, proyectando la ciudad hacia la minimización en la generación de residuos sólidos y el desmonte parcial del Relleno.
Es urgente fortalecer los procesos de educación ambiental que masifiquen la separación de basuras en la fuente por parte de la ciudadanía y reconozcan las condiciones ambientales en las que viven las comunidades al lado del Relleno como un tema de responsabilidad ciudadana. Es necesario consolidar el manejo de residuos con el sector productivo y comercial, generando compromisos y responsabilidades al final del ciclo, que incluye –entre otros aspectos– la reglamentación del uso de plásticos de un solo uso y del icopor. Además, se debe hacer seguimiento y control al funcionamiento del RSDJ atendiendo los informes de la Contraloría de Bogotá (2018) que revelan incumplimientos y hallazgos con alcance administrativo, fiscal e incluso penal.
Así mismo, se deben fortalecer las redes con las organizaciones de recicladores, asegurando la productividad, eficiencia y equidad en la prestación del servicio que debe acompañarse del funcionamiento y la masificación de los centros de acopio, implementando nuevas tecnologías y estableciendo otras áreas de la ciudad que cumplan la función de vertedero con miras al desmonte del relleno.
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Gestión del agua
Los compromisos delegados por el Consejo de Estado en su Sentencia 479 de 2014 –enfocados en descontaminar el río Bogotá– son vitales para la próxima administración, que debería priorizar la puesta en marcha de otra planta de tratamiento de aguas residuales, optimizando la de Salitre.
También se deben generar estrategias pertinentes para el control de vertimientos industriales y domiciliarios, atendiendo además el estado actual de los cuerpos de agua de la ciudad, avanzando en la restauración de las rondas de los ríos, quebradas y humedales, en el marco de procesos de descontaminación a largo plazo. Finalmente, para avanzar en la gestión del agua para la ciudad es recomendable respaldar obligatoriamente la consolidación de su gestión comunitaria en áreas rurales y periurbanas, reconociendo los acueductos comunitarios como un elemento clave del desarrollo rural y comunitario.
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Anillos alimentarios agroecológicos
El fortalecimiento de las zonas rurales productoras de alimentos en inmediaciones de Bogotá (preferiblemente lideradas por campesinos agroecológicos, dada su resiliencia ambiental y cultural), garantiza una oferta alimentaria sana y con menor huella de consumo en la ciudad, al reducirse el uso de combustible y agroquímicos, a la par que se rescatan variedades nativas. Aparte de robustecer la conectividad ecológica, apoyar este tipo de producción protege la biodiversidad y evita la conurbación con municipios vecinos.
En cuanto al Ordenamiento Territorial Participativo, es necesario definir un diálogo constante entre los diferentes actores, incorporando las percepciones comunitarias en la planeación de la ciudad.
Justicia ambiental
Las zonas en las que reside la población menos favorecida coinciden con las que han tenido que soportar el inadecuado manejo ambiental y técnico de su territorio, con problemáticas que van desde los efectos de la minería urbana, pasando por la disposición inadecuada de residuos, la escasez o inexistencia de zonas verdes por habitante, la nula conectividad ecosistémica, la precaria infraestructura vial que implica mayores afectaciones en el aire, hasta la deficiente regulación ambiental en industrias, por nombrar solo algunas. Esta realidad ha generado contaminación y deterioro en las condiciones de vida de la población, fruto de la desorganizada transformación en el uso del suelo.
La ciudad está en deuda con una planeación que garantice condiciones ambientales dignas para todos, para lo cual se debe robustecer una institucionalidad ambiental que atienda los focos causantes de esos escenarios de injusticia ambiental.
Los desafíos no son sencillos, pero ponerlos en discusión es un primer paso para abrir debates, apuntando a una ciudadanía activa y observante que conduzca a que sus autoridades incorporen estas reivindicaciones en sus planes de gobierno y fundamentalmente en el próximo Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá.
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