Al reflexionar hoy sobre los temas de seguridad del Caribe la discusión vira hacia la criminalidad. Sin obviar los preocupantes temas fronterizos o la presencia cada vez mayor de Rusia o China, todos los analistas coinciden en que la amenaza principal son las elevadas tasas de homicidios existentes. De hecho, la cuenca del Caribe alberga algunas de las ciudades más violentas del mundo, como Cancún, San Pedro Sula (Honduras) o Caracas.
El consenso sobre este problema se interpreta desde distintas perspectivas. La primera sostiene que todos enfrentan un problema de inseguridad ciudadana y crimen urbano ejecutados por individuos y pequeñas bandas delincuenciales. La segunda, que las formas del crimen organizado tradicionales que asolan la región están asociadas con el narcotráfico, factor que alimenta la corrupción y la violencia y erosiona la institucionalidad.
Desde México hasta Venezuela y todas las islas caribeñas padecen de una criminalidad que difiere de la antigua delincuencia organizada tanto en sus dimensiones como en su naturaleza.
La capacidad operativa y el alcance global de las bandas criminales no tienen precedentes; por ejemplo las maras en Centroamérica, el Clan del Golfo en Urabá o el Cartel de Jalisco Nueva Generación, que actúa incluso en África y Asia. Estas transnacionales del crimen poseen flotas de aviones, embarcaciones sumergibles, construyen obras de ingenierías y manejan complejos sistemas de comunicación que son una amenaza severa para nuestros débiles Estados.
Aunque las bandas colombianas producen narcóticos y las mexicanas controlan su distribución, la logística afecta a todo el Caribe constituyéndose un cluster del que cada isla y cada región del litoral continental forman parte de un articulado comercio ilícito.
Estructuras criminales transnacionales
La mayor banda criminal de República Dominicana son los Trinitarios, creada en 1989 por reclusos dominicanos en Estados Unidos, que creció hasta convertirse en una estructura criminal con más de 30.000 hombres vinculados.
Se caracterizan por su internacionalización y por su proceder violento. Se extendieron por la costa este y sur de los EE. UU. para después saltar a Europa. Su origen fueron los robos, extorsiones, secuestros y venta de drogas al por menor.
Tienen sólida presencia en EE. UU., España e Italia y son grandes distribuidores de narcóticos, algo que se les facilita por la posición geográfica de República Dominicana, perfecto lugar para el tránsito de cocaína.
La economía criminal se inserta en la informalidad al margen de las regulaciones estatales. La conexión informalidad-crimen organizado existe en todo el continente en proporciones mayores o menores.
Jamaica es otro Estado caribeño con bandas criminales con alto nivel de internacionalización. En 2017 las autoridades jamaicanas identificaron 257 estructuras activas de bandas conocidas como Posses.
Surgieron en barrios marginales de Kingston con la extorsión y venta al por menor de drogas. Después negociaron con los partidos políticos tradicionales generando una corrupción que intercambiaba votos por contratos públicos.
La más conocida fue el Shower Posse, que armó una red de distribución y venta de narcóticos en Inglaterra, Canadá y EE. UU. Hace una década, tras una intervención militar de los EE. UU. el grupo quedó debilitado pero siguió operando, ahora de forma más fragmentada y difícil de rastrear.
En Trinidad y Tobago también existe un serio problema, aunque con diferencias respecto a otros lugares del Caribe, pues la lógica se define por diferencias étnico-religiosas entre bandas musulmanas, Unruly ISIS, y no musulmanas, los Rasta City.
A finales del siglo pasado Unruly ISIS intentó un golpe de Estado, y tras su fracaso fue duramente atizada por las autoridades. Los otros grupos surgieron en distritos marginales alimentados por la pobreza y la exclusión económica.
La venta de drogas y la extorsión fue el inicio, pero su grado de internacionalización comparado con los anteriores ejemplos fue menor, aunque con riesgo de crecer pues el deterioro del Estado venezolano genera un creciente tráfico de persona, narcóticos y armas que tiene como punto de partida Trinidad y Tobago, previéndose una proyección internacional de sus redes criminales.
En el este análisis no me referiré a las bandas del litoral Caribe de Venezuela y Colombia por su complejidad y transformación continua que las hace difíciles de someter por estar mimetizadas en las estructuras del Estado y del sistema financiero.
Conexión informalidad-crimen organizado
Como se puede observar, las estructuras delincuenciales a las que se ha hecho referencia operan desestabilizando profundamente a unos Estados vulnerables y con capacidades limitadas para regular la vida económica y social de su ciudadanía.
Además, la economía criminal se inserta en la informalidad al margen de las regulaciones estatales. La conexión informalidad-crimen organizado existe en todo el continente en proporciones mayores o menores. Por ejemplo, la economía informal colombiana supone más de 35 % del PIB del país, pero esa misma lógica se ve en Venezuela, Trinidad y Tobago, Jamaica, e incluso México.
El panorama hace que un elevado porcentaje de población caribeña enfrente condiciones de orden público precarias y no existe un acceso pleno a la justicia, sin mencionar el acceso a viviendas, servicios básicos de energía, salud y educación.
Aunque las bandas colombianas producen narcóticos y las mexicanas controlan su distribución, la logística afecta a todo el Caribe constituyéndose un cluster del que cada isla y cada región del litoral continental forman parte de un articulado comercio ilícito.
Las bandas criminales usan diferentes estrategias para competir con el Estado y por una economía independiente que va desde los narcóticos hasta la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas y la extorsión. Ello les permite construir una base social que merma la presencia de los gobiernos al ser generadores de empleo y redistribuidores de recursos.
Otro asunto que no se puede obviar es la enorme capacidad de compra que proporcionan sus ingentes recursos financieros, y por ende poseen mejores medios materiales que las propias fuerzas de seguridad, y le suministra mejor armamento y acceso a capacitación para su uso.
Por ello la clasificación de “crimen organizado” sin matices puede estar equivocada, en el sentido en que reduce el desafío a un plano estrictamente delictivo, como sostiene el investigador Román David Ortiz Marina, consultor y profesor en asuntos de seguridad latinoamericanos y europeos, quien desarrolla este tema con profundidad.
Pero el reto presentado por esta criminalidad tiene una dimensión política que se debe considerar, y no es que exista un sentido ideológico en las acciones del Clan del Golfo o del Cartel de Jalisco, sino que sus actividades económicas tienen un claro efecto político en la medida que debilitan el control del Estado sobre sus territorios y sociedades.
En conclusión, el desafío que enfrentan los países de la cuenca caribeña no es solo la seguridad de sus ciudadanos sino la estabilidad de sus instituciones. Por ello considerar a estas bandas como un asunto criminal es desestimar la gravedad del peligro que enfrentan los Gobiernos. Y desde luego, todo empieza por reconocer la derrota de la guerra contra la droga que se libra desde hace más de 50 años.
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