La protección del 30 por ciento del océano y su biodiversidad para 2030 permitiría la conservación de un ecosistema que ocupa más del 70 % del planeta y del que dependen más de mil millones de personas, en el marco de la celebración este 8 de junio del Día Mundial de los Océanos y con la Conferencia de Lisboa en puertas.
Día del Océano
La excesiva urbanización del litoral, la sobrepesca, la explotación de recursos, la contaminación causada por el plástico -entre otros materiales contaminantes-, el transporte marítimo o la minería submarina -que está en discusión-, son algunos de los temas de los que se hablará en la Conferencia del Océano, que se celebrará en la capital lusa entre el 27 de junio y el 1 de julio próximos.
Precisamente, ‘Revitalización: Acción colectiva por el Océano’, es el lema de Naciones Unidas para la celebración este año del Día Mundial del Océano, con el horizonte puesto en el compromiso de proteger el 30 por ciento de la naturaleza en tierra y marina para 2030, un compromiso al que se han sumado muchos países, entre ellos España.
18 nuevos espacios marinos
En una entrevista con Efe, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, explica cuál es la situación de España al respecto: están en marcha las declaraciones de dieciocho nuevos espacios que colocarían al país en 2025 en un nivel de protección del 25 %, lo que significa, subraya, estar «muy bien alineados para conseguir la protección del 30 % para 2030 que tenemos comprometidos e incluso superarlo».
En relación a la próxima reunión de Lisboa, donde se abarcarán entre otros temas la minería submarina, Morán ha señalado que España forma parte del grupo de países que desde hace años viene trabajando en «la línea de alcanzar unos niveles de protección del mar adecuados a las expectativas de futuro que el conjunto de la ciudadanía va reclamando de las administraciones».
En ese ámbito, ha advertido que «hay varias áreas concretas en las cuales España vienen alineándose con el conjunto de la Unión Europea, que en último término lidera a nivel internacional estos objetivos».
La amenaza de la minería submarina
Uno de ellos es el que afecta a la minería submarina donde «la posición española es la de aplicación del principio de precaución, de manera que no se avance en autorizaciones de explotación de minería submarina en tanto no haya un conocimiento suficiente en relación con las garantías de que no vayan a producirse efectos ambientales irreversibles en el medio marino».
Morán indica que desde el Ministerio para la Transición Ecológica y Rego Demográfico (Miteco) se trabaja en «la necesidad de incrementar el conocimiento y mientras no tengamos el suficiente conocimiento no se puede tomar decisiones que puedan llevar a efectos irreversibles», y, en último término, «cuando haya de ser gestionado, ha de ser mediante una «regulación rigurosa, que tenga herramientas de control suficientes, tomando en cuenta que en último término la explotación de recursos mineros submarinos más allá de las aguas jurisdiccionales nacionales corresponde a Naciones Unidas, porque se entiende que son recursos que pertenecen al conjunto de la humanidad».El Secretario de Estado de Medio Ambiente dice que preocupa además la contaminación por plásticos, problema sobre el que se están tomando decisiones de país para corregir uno de los «efectos más perniciosos que afectan a la sostenibilidad del mar», así como las especies invasoras y la crisis climática.
En relación a la sobrepesca, Morán detalla que en España se ha abordado la regulación de la actividad pesquera y su compatibilidad con la protección del medio con algunas prácticas exitosas, como la declaración de áreas marinas protegidas desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación «a tenor con la experiencia del propio sector» de los pescadores.
Estrategia de adaptación del borde litoral
Sobre los impactos del cambio climático en el litoral español, Morán ha manifestado que «España sufre un problema de exceso de ocupación y rigidización del litoral, con infraestructuras y urbanismo que deterioran esa primera línea de costa y que en un escenario de cambio climático nos hace mucho más vulnerables».
Añade que teniendo en cuenta el traslado de población del interior a la costa y la elevación del nivel del mar, se está abordando «en estos momentos los procesos de la estrategia de adaptación del borde litoral de nuestro país a los efectos del cambio climático que va a marcar cuáles deben de ser las políticas de gestión del litoral a lo largo de las próximas décadas en este país».
Negociaciones internacionales
Sobre la protección del océano, también se ha referido el técnico de Ecologistas en Acción, Joam Evans Pims, quien explica que la Convención del Derecho al Mar, que es la que regula todo el funcionamiento de la alta autoridad y demás temas relacionados con el océano, prevé que si no hay acuerdo sobre las normas de explotación del fondo marino, se aplicará «la norma de los dos años», que autoriza a países que tienen licencia a iniciar actividades de minería submarina.
«Esto se activó el año pasado», según Evans Pims, y una de las grandes discusiones es porque «no es viable» tener listas unas normas para el año que viene con la complejidad que eso supone y la negociación que conlleva.
Por su parte, el director de Conservación de WWF, Enrique Segovia, ha señalado que «España está a favor de no explotar el suelo marino a través de la minería marina» y aboga porque se ponga en práctica el principio de precaución, para lo que «todavía hay margen de maniobra».
Esto «es clave», porque cada vez existe más demanda de más recursos, «para seguir teniendo más móviles o una industria cada vez más voraz», cuando lo que se necesita es «el reciclado, la reutilización y ser conscientes de que existen límites y el impacto que eso está generando» en el océano y la naturaleza. EFEverde