Conseguir «cero contaminantes» en el aire y el agua, tanto superficial como subterránea y residual urbana de forma gradual hasta 2050 en la UE, es el objetivo de un conjunto de normas reforzadas que presentó este miércoles la Comisión Europea.
Este paquete normativo, que revisa y moderniza varias directivas en vigor, pretende evitar cientos de miles de muertes prematuras y superar con creces en beneficios el gasto para lograr las metas que, una vez validadas por la Eurocámara y el Consejo de la UE (los países), entrarán en vigor con objetivos progresivos en 2030, 2040 y 2050, con tiempo para que la industria y las autoridades se adapten.
«Es nuestro deber limpiar el aire y el agua para nuestras generaciones y las futuras», dijo el comisario de Medioambiente, Virginijus Sinkevicius.
Como novedades, destaca que las personas que sufran daños en su salud por la contaminación atmosférica tendrán derecho a ser compensadas en caso de infracción de las normas de calidad del aire de la Unión Europea o la introducción del principio de «quien contamina paga».
«Cuanto más tardemos en reducir la contaminación mayores serán los costes para la sociedad», añadió el vicepresidente comunitario Frans Timmermans, responsable del Pacto Verde.
Contaminación del aire: derecho a ser compensado
El aire sucio es la mayor amenaza para el medioambiente y la salud en Europa y una de las principales causas de ictus, cáncer, asma o diabetes. En 2019 provocó más de 300.000 muertes prematuras, según la Agencia Europea de Medioambiente.
Afecta de forma desproporcionada a grupos sociales sensibles y vulnerables (niños, ancianos, enfermos y pobres), y perjudica al medioambiente, causando acidificación, eutrofización y daños a los bosques, ecosistemas y cultivos.
El objetivo es reducir la contaminación del aire a la mitad a partir de 2030, lo que según Bruselas estará más acorde con las directrices de la Organización Mundial de la Salud, y llegar a cero en 2050.
Para lograrlo, se establece una revisión periódica de las normas -la primera en 2028- y una reducción a más de la mitad del valor límite anual del principal contaminante, las partículas finas (PM2,5), así como el dióxido de nitrógeno y el ozono, con lo que se espera bajar el número de muertes prematuras en más de un 75% en diez años.
Además de garantizar que las personas que sufran daños en su salud por la contaminación atmosférica tengan derecho a ser compensadas, la Comisión también contempla que puedan ser representadas por una ONG en las acciones colectivas de indemnización por daños, al tiempo que aporta más claridad en el acceso a la justicia, sanciones e información pública.
Refuerza asimismo las disposiciones sobre el control de la calidad del aire y la elaboración de modelos, pero deja en manos de las autoridades nacionales y locales qué medidas concretas adoptar.
Bruselas calcula que con una inversión de menos de 6.000 millones de euros anuales (por debajo del 0,1% del PIB de la UE) se conseguirán beneficios brutos de entre 42.000 y 121.000 millones en 2030, frente a los entre 231.000 y 853.000 millones al año de costes anuales por contaminación.
Aguas residuales urbanas: quien contamina paga
Dado que el 92 % de los microcontaminantes tóxicos encontrados en las aguas residuales de la UE proceden de productos farmacéuticos y cosméticos, un nuevo sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor exigirá que paguen el coste de su eliminación.
Esto se ajusta al principio de «quien contamina paga» y también incentivará la investigación y la innovación en productos libres de tóxicos, además de hacer más justa la financiación del tratamiento de las aguas residuales, según Bruselas.
El objetivo es alcanzar la neutralidad energética del sector para 2040 y mejorar la calidad de los lodos para permitir una economía más circular, con la producción de biogás y fertilizantes.
La Comisión fija también nuevas normas sobre microcontaminantes y requisitos de control de los microplásticos, así como la vigilancia sistemática de las aguas residuales para detectar varios virus, entre ellos el CoV-SARS-19, y la resistencia antimicrobiana.
La obligación de depurar se amplia a los municipios de 1.000 habitantes (2.000 ahora), se exige establecer planes de gestión integrada del agua en las ciudades más grandes y garantizar saneamiento, en particular para grupos marginados.
Bruselas estima que la relación coste-beneficio será positiva: aumentarán los costes hasta 3.800 millones de euros al año en 2040 para beneficios de 6.600 millones anuales.
El glisofato, en la lista de contaminantes en aguas
Bruselas propone actualizar con 24 nuevas sustancias la lista actual de 53 contaminantes (plaguicidas, productos químicos industriales y metales para las aguas superficiales, junto a los nitratos y las sustancias activas de los plaguicidas para las aguas subterráneas) que deben controlarse más estrictamente.
Se trata de los PFAS (utilizados en utensilios de cocina, ropa y muebles, espumas contra incendios y productos de cuidado personal), el glifosato, el bisfenol A (un plastificante), algunos analgésicos y antiinflamatorios, así como antibióticos.
Las nuevas normas, que proponen alertas en las cuencas fluviales en caso de contaminación, reconocen efectos acumulativos o combinados de las mezclas de sustancias contaminantes.
El objetivo es mantener limpias las casi 100.000 masas de agua superficiales (arroyos, ríos, lagos, humedales y embalses) y las 12.000 masas de agua subterránea de Europa, vitales como fuente de agua potable, para la salud de los ecosistemas y la biodiversidad, para los agricultores y la industria, como medio de transporte e indispensables para la producción de electricidad. EFEverde