Madrid (EFE).- Los litigios climáticos y ambientales van en aumento, se han más que duplicado desde 2017, con más demandas de organizaciones y ciudadanos que piden más ambición y justicia climáticas o plebiscitos y protestas en contra de proyectos para la extracción de recursos de la naturaleza, gracias a la “mayor visibilidad” que tienen estos casos .
De acuerdo con los datos del Informe mundial sobre litigios climáticos: Revisión Global 2023 del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y del Sabin Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia (Estados Unidos), los litigios climáticos pasaron de 884 en 2017 a 1.550 en 2020 y a 2.018 en 2022.
Demanda por una mayor ambición climática en España
Expertos consultados por EFE señalan que los litigios han ido en aumento ante la mayor sensibilidad y concienciación de la ciudadanía, pero también ante la “mayor visibilidad” de demandas que reclaman “un medioambiente saludable”, un derecho reconocido en julio de 2022 por Naciones Unidas.
En España, el Tribunal Supremo desestimó en julio pasado el recurso presentado por Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, la Coordinadora de ONGs para el desarrollo y Fridays For Future contra el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, que fue aprobado por el Consejo de Ministros en 2021.
Este 4 de septiembre se termina el plazo para presentar aportaciones al borrador del PNIEC, que las organizaciones ecologistas y sociales demandantes consideran con objetivos climáticos “insuficientes”, a pesar del fallo del Tribunal Supremo que dice es “ajustado a derecho, no arbitrario” y respeta los compromisos de a Unión Europea.
El responsable de Clima y energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, señala a EFE que la conflictividad climática “ha aumentando sustancialmente” en todo el mundo, pero el “problema es hasta qué punto los marcos legislativos y normativos, en este caso en España, están preparados” para tratar estos conflictos.
Explica que entre los motivos para el aumento de la conflictividad está el que los yacimientos tradicionales de petróleo “se están agotando y hay muchas empresas están buscando nuevos yacimientos o infraestructuras o minerales de carácter estratégico que promueven nuevos proyectos”.
Menciona, por ejemplo, el caso del bosque de Hambach (Alemania) que se convirtió en una gran mina a cielo abierto de lignito, un carbón que emite gran cantidad de CO2 a la atmósfera; además, dice, “en África está el intento de abrir una nueva línea de gas, gasoil y petróleo, y nuevas explotaciones gasísticas ante el cambio de suministradores de gobiernos, como por ejemplo el europeo”.
Apunta que el aumento se debe también a que se les “está dando mayor visibilidad”, y el discurso de emergencia climática está haciendo que “estos conflictos que en muchos casos son muy antiguos, se empiecen a ver ahora en todos los territorios”.
Añade además que existe “también una mayor capacidad de organización en red, como las agrupaciones ecologistas en la izquierda, algunos que están muy cercanos”, y ahora existe la capacidad de entablar contacto y “eso le da más altavoz”.
En opinión de Andaluz, a pesar de que desde 2019 las cuestiones ambientales y climáticas “han ido ganando en importancia”, la conciencia ciudadana sobre la emergencia climática, “está más activada, pero no lo suficiente”, aunque alaba que entre las mayores preocupaciones de los jóvenes ya consten las ambientales y climáticas, aunque “no corresponde a todos los estratos sociales”.
Aunque una cosa es la concienciación, matiza Andaluz, y “otra es la capacidad de tomar acción”.
Denuncia contra Canadá
La pasada semana, representantes de organizaciones sociales, muchas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas en Latinoamérica denunciaron los “múltiples abusos de las corporaciones canadienses” en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú y República Dominicana.
Una de esas organizaciones es Amazon Watch, cuya asesora e Incidencia, Sofía Jarrín Hidalgo, señala que “Canadá ha tenido una práctica sistemática de vulneración a los derechos humanos en América Latina y en el mundo”, incluso, dice “como un comportamiento histórico” que “no se ha visiblilizado porque las denuncias se han hecho de forma individual, pero no colectiva”, como en esta ocasión.
El proyecto engloba a organizaciones sociales junto a comunidades locales de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinas con el objetivo de denunciar “de forma conjunta los abusos empresariales y la participación de sus entidades financieras en la región”, según la representante de Amazon Watch.
Además, explica, que la iniciativa surge “ante la ineficacia” de poder plantear procesos que agoten las vías de justicia nacionales e internacionales de forma individual y de que “el Gobierno canadiense no ha sido receptivo a las diferentes necesidades de las comunidades locales afectadas por la operación de sus empresas”.
“Existe un patrón de comportamiento entre las empresas canadienses” que se dedican a la extracción de minería y petróleo, subraya, y explica que además existe el ejercicio de “una diplomacia económica” con la que el “Estado de Canadá ejerce sus influencias en los estados de acogida” y “exige condiciones favorables” para esas actividades e inversiones.
Otros casos
En Europa se han planteado pleitos en Países Bajos, Francia, Noruega, entre otros países; en Latinoamérica está el caso de Ecuador donde comunidades indígenas han ganado pleitos contra petroleras en sus territorios, el último en un plebiscito para cesar la actividad en el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía o la minería en la Reserva de la Biosfera del Chocó andino, pero existen muchos más en todo el mundo. EFEverde