La economía popular y comunitaria (EPC) no es un problema, es un trabajo productivo y estratégico en la economía de Colombia, y aunque desde hace varios años esta categoría se ha venido debatiendo en espacios académicos, solo hasta hace muy poco no se había contemplado para el diseño de políticas públicas. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 es quizá la fuente normativa que más desarrolla esta categoría en pro del reconocimiento social y productivo que se oculta en “informalidad”.
Carlos Alberto Suescún Barón | Economista de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)
Las políticas focalizadas han servido para mantener las condiciones socioeconómicas, pero no precisamente para superarlas. Fuente: Archivo Unimedios
Aunque desde hace varios años se ha venido debatiendo en espacios académicos la categoría de economía popular y comunitaria (EPC), solo hasta hace muy poco no se había contemplado para el diseño de políticas públicas. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 es quizá la fuente normativa que más desarrolla esta categoría en pro del reconocimiento social y productivo que se oculta en la “informalidad”.
Conceptualmente la EPC está en construcción y disputa desde diferentes vertientes, desde aquellas que la vinculan con el emprendimiento y las microfinanzas hasta otras que la conciben como mecanismo de búsqueda de autonomía, desarrollo e impulso comunitario-territorial. En cualquier caso, que narrativamente se hable de economía popular y se pretenda superar la visión puramente estadística de la informalidad ya es un avance muy importante en el reconocimiento de derechos.
La informalidad ha sido el paraguas de una concepción problemática, peyorativa e incluso delincuencial de trabajadores que, tal y como lo define César Giraldo, “están fuera del contrato social”2. En otras palabras, son trabajadores sin derechos3, ya que gran parte del acceso y la materialización real de prerrogativas como salud, pensión, protección ante riesgos y otras medidas de aseguramiento aún siguen conectadas a la condición de trabajador formal.
Ahora bien, muchas de las actividades clasificadas en el “rebusque”, incluyendo las que atienden a cuestiones comunitarias o de cuidado, en realidad resultan fundamentales para el sistema económico en su conjunto. Así, además de estar incluidos en el sistema económico, representan la mayor parte de la fuerza productiva, es decir, la multiplicidad de trabajos, oficios y ocupaciones que constituyen la economía popular y comunitaria son la regla y no la excepción.
A la fuerza de este marco de realidad se suma el aparente agotamiento de la vía típica neoliberal de explicar-“resolver” la informalidad como un resultado no deseado a partir de sobrecostos en el mal llamado “mercado de trabajo”, esto es, que la causa del desempleo y la informalidad ocurre por salarios excesivamente altos (incluidos, por supuesto, las prestaciones sociales y el propio salario mínimo). Por esta vía de solución, reiteradamente fallida, se han eliminado derechos de los trabajadores formales sin afectar significativamente la informalidad ni el desempleo.
Esto debería llevar a pensar que la economía popular y comunitaria ya no puede ser concebida como un problema sino como una serie de trabajos productivos, reproductivos (en sentido social) y de cuidado en diversos niveles que resultan fundamentales y estratégicos para la economía en su conjunto. Así, trascender la consideración problemática de la informalidad para concebir la potencia transformadora y de importancia socioeconómica de las economías populares y comunitarias, resulta oportuno y necesario.
No se puede negar que en las economías populares se revelan las consecuencias más graves de una economía que se ha expandido pero que ha concentrado los beneficios de este proceso de crecimiento económico. En ese punto, las políticas focalizadas han servido para mantener las condiciones socioeconómicas, y no precisamente para superarlas. No obstante, el gasto social (verificado en transferencias monetarias no condicionadas, subsidios, entre otros) resulta fundamental ante la gravedad del conflicto distributivo en Colombia.
Ahora bien, en la superación de la informalidad como problema y como marco cognitivo usado para legitimar políticas laborales y tributarias que han agravado el conflicto distributivo (revelado, por ejemplo, en la pérdida de participación de los salarios en el PIB en los últimos 40 años), más que enfatizar en la importancia del gasto social, resulta trascendental considerar la inversión con foco en la economía popular, no desde una concepción propia de la política social, sino productiva, esto en particular por su efecto multiplicador en la economía y como medida contracíclica.
En materia de encadenamientos, hacia adelante se puede tener un espectro amplio dada la interconexión entre lo popular y campesino con diferentes mercados, tanto internos como externos. Fuente: Archivo Unimedios
El efecto multiplicador tratado por Keynes en su Teoría general4consiste en el análisis psicológico, válido a la fecha, entre el aumento/disminución del consumo ante variaciones en el ingreso (la propensión marginal a consumir) y el efecto expansivo de cambios en la inversión que conducen a un aumento del ingreso. En otras palabras, según la propensión marginal a consumir, las variaciones en la inversión pueden ocasionar importantes cambios en el ingreso y el nivel de ocupación.
No hay motivos para suponer que en Colombia la propensión a consumir sea baja, y mucho menos que lo sea en un contexto en el que gran parte de la población trabajadora resuelve su problema económico sin plena garantía de derechos. En tal escenario, y siguiendo el análisis de Keynes, el efecto multiplicador de la inversión tendería a impactar considerablemente el ingreso y la ocupación. Por lo tanto, una expansión en la inversión en las economías populares y comunitarias, por pequeña que sea, podría conducir a una importante expansión del ingreso interno y una espiral de beneficios a diferentes sectores, incluidos por supuesto aquellos clasificados en lo formal.
La forma de viabilizar lo anterior sería mediante el aprovechamiento de las asociaciones público-populares que dispone el Plan Nacional de Desarrollo (particularmente los artículos 100, 101, 102 y 103), legitimando la participación de la economía popular y comunitaria como órgano ejecutor, prestador o proveedor de bienes y servicios, tanto en mercados institucionales como en encadenamiento con otros sectores mercantiles.
Factores de expansión de la inversión en la economía popular y la comunitaria
A diferencia del efecto multiplicador general de la inversión en sectores formales, en las economías populares sobresaldría su mayor potencial por dos motivos: la proximidad y la amplitud.
La proximidad resulta relevante por la capacidad de vigilancia y control de las comunidades u organizaciones populares y comunitarias, especialmente las relacionadas con obras que les benefician de manera directa. Esta característica estaría relacionada a su vez con la disminución de costos de transacción o de intermediación cuando se consideran destinatarios de la inversión de mayor escala o con mayor arraigo en la institucionalidad. La amplitud, por otro lado, se refiere a la diversidad y al gran número de unidades de producción que conjuntamente podrían expandir el ingreso o la ocupación.
De las dos cosas ya hay evidencias, aunque resultan marginales dada la potencialidad. Por ejemplo, ya se cuenta con impactos en la construcción de placa-huellas y otras vías terciarias desarrolladas por comunidades veredales5, o la provisión de alimentos en espacios comunitarios que superaron la cantidad de raciones6. En materia de encadenamientos, hacia atrás el efecto multiplicador tocaría a las unidades domésticas u otras organizaciones y asociaciones territoriales, y hacia adelante se puede tener un espectro amplio dada la interconexión entre lo popular y campesino con diferentes mercados, tanto internos como externos.
Este enfoque se debería privilegiar en las decisiones de inversión, nuevamente, no solo por la materialización de una narrativa que supere la dimensión problemática de lo informal tanto en la ruralidad (campesino) como en lo urbano (popular) y lo entienda como sector productivo relevante, sino también por factores coyunturales de la macroeconomía colombiana, como el costo creciente del servicio de la deuda en comparación con la inversión. Si para la próxima vigencia fiscal la inversión resultara inferior en aproximadamente el 60% al servicio de la deuda, es primordial que se examine el efecto multiplicador de la inversión y del gasto público en las economías populares y comunitarias7.
* Profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana.
2 Giraldo, C. (2022). Lo popular: Dimensiones económicas, sociales y políticas. Buenos Aires: Clacso. Recuperado de https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/169769/1/Lo-popular-Giraldo.pdf.
3 Sindicato de empleados públicos del SENA (Sindesena). (2021). Tejiendo una propuesta SENA para el fortalecimiento de la formación profesional integral. Recuperado de https://sindesena.org/wp-content/uploads/2022/02/01.2Anexo-Version-Final-Proyecto-Fortalecimiento_21-09-2021.pdf.
4 Keynes, J.M (1943). Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. 1ª, ed. en español. México: Fondo de Cultura Económica.
5 Para más detalles, ver: https://twitter.com/NoticiasCaracol/status/1781774218591420498.
6 Para más detalles, ver: https://amediacuadra8.blogspot.com/2023/07/quien-apago-las-ollas.html.
7 Según proyecciones del Marco de Gasto de Mediano Plazo para el periodo 2024-2027, mientras la inversión pública alcanzaría $68,8 billones en 2025, en igual vigencia el servicio de la deuda totalizaría $112,9 billones.
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