El hambre, la pobreza y la desigualdad son problemas estructurales que nutren la violencia en el país. Entender que la salud pública se debe abordar desde una mirada interdisciplinaria, que atienda los contextos sociales y vaya más allá de los paradigmas biomédicos, permitirá abrir senderos hacia una construcción sólida del bienestar colectivo.
Saúl Franco Agudelo | Investigador en salud pública y violencia en la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), médico social y excomisionado de la Verdad de Colombiashare
La paz alude a la posibilidad de vivir tranquilos en sociedad, a partir de la garantía de los derechos fundamentales y las condiciones básicas del bienestar. Foto: Schneyder Mendoza / AFP.
El 24 de noviembre de este año se cumplirá una década de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un proceso que ha tenido tropiezos permanentes por diferentes causas: intereses y cálculos políticos; lenta implementación de varias reformas, incluida la rural integral; asesinato de excombatientes y de líderes sociales; y continuación de la lucha contra las disidencias. A ello se suman las dudas sobre la eficacia de la política de paz total impulsada por el actual gobierno.
En medio de esa tesitura, resolver los problemas estructurales del país en términos de salud pública contribuiría a reducir los escenarios sociales y económicos que originan las expresiones de violencia en Colombia.
Sin salud no hay paz, y sin paz no hay salud
Aunque no parezca una relación directa, en Colombia la salud pública está profundamente ligada a la construcción de paz. Existen diversas consideraciones que permiten entender dicha conexión y ayudan a analizar la situación de ambos campos dentro del contexto actual del país.
La salud pública se piensa y se hace tanto en la casa y en la escuela como en el trabajo, las universidades, la ciudad, el campo y las empresas: se construye desde las instituciones, las organizaciones sociales y el Estado.
La salud pública es la conciencia colectiva sobre el bienestar: es una combinación de la reflexión, la investigación, el estudio y la planeación, con las tareas de promoción, prevención y atención de las enfermedades, y con la ejecución de programas de saneamiento, cuidado de la naturaleza, educación, organización y participación.
Así pues, la salud pública se piensa y se hace tanto en la casa y en la escuela como en el trabajo, las universidades, la ciudad, el campo y las empresas: se construye desde las instituciones, las organizaciones sociales y el Estado. A este último le competen tareas indelegables para la formulación, coordinación, financiación, ejecución y evaluación de las estrategias, los planes y los programas necesarios.
El concepto de salud pública está inmerso en todas las actividades humanas y sociales: desde el cuidado personal y la higiene del entorno hasta en los hábitos alimenticios y la soberanía alimentaria. También se relaciona con las vacunas, los cuidados individuales para evitar enfermedades —o los tratamientos para superarlas—, la pureza del aire y del agua, el ruido, los medios de transporte, las tensiones y las emociones cotidianas. La salud pública entonces no es un aspecto que ataña exclusivamente a los gobiernos o los funcionarios públicos, también compete a la población.
No hay paz si existen condiciones de hambre, discriminación, indignidad laboral y estigmatización al otro. Todo este escenario se resume advirtiendo que sin paz no hay salud, y sin salud no hay paz.
Por su parte, la paz alude a la posibilidad de vivir tranquilos en sociedad, a partir de la garantía de los derechos fundamentales y las condiciones básicas del bienestar. Ello implica que las diferencias o tensiones propias de cualquier grupo humano se resuelven sin violencia. La paz es el resultado sencillo de un complejo entramado de relaciones de poder y de características materiales, políticas y emocionales.
Es por ello que no puede haber paz si no se reconocen por igual la dignidad y los derechos fundamentales de toda la población: no es posible vivir en tranquilidad si unos cuantos acaparan la riqueza, controlan el poder —o tratan de controlarlo—, manejan el conocimiento y dominan las estructuras del Estado. No hay paz si existen condiciones de hambre, discriminación, indignidad laboral y estigmatización al otro. Todo este escenario se resume advirtiendo que sin paz no hay salud, y sin salud no hay paz.
Un país que no resuelve el origen de sus violencias
Después de dos siglos de su conformación como nación, Colombia no ha logrado construir una sociedad igualitaria que reconozca y potencie su riqueza multiétnica y pluricultural, respetuosa de los derechos humanos y con una cultura democrática fuerte. En contraste, se ha cimentado una nación excluyente, racista, inequitativa, machista e intolerante. Los ciclos de violencia vividos por el país tienen sus raíces allí, y se engrosan con los altos niveles de corrupción e impunidad.
Además, las organizaciones armadas han pretendido justificar su origen en el intento de lograr transformaciones sociales. Sin embargo, lejos de lograr su objetivo, han desviado el camino para nutrirse del narcotráfico y del poder coercitivo y simbólico de la violencia.
Con todo este panorama, construir la paz en Colombia requiere no solo transformar estas condiciones estructurales, sino también resolver los problemas derivados tanto del narcotráfico como de las economías ilegales, la criminalidad nacional y transnacional, y la degradación de la confrontación armada.
Salud pública en Colombia: entre carencias y oportunidades
Aunque Colombia ha avanzado en algunos indicadores de salud pública, es necesario reconocer las carencias en aspectos fundamentales del bienestar colectivo: según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), cerca del 30% del país vive en condiciones de pobreza y el 11,7% subsiste en la miseria. A ese marco se le suma que, tanto en el campo como en las ciudades, la población convive con el miedo a escenarios de violencia, lo que afecta el bienestar emocional de las comunidades.
Según cifras de la FAO de 2024, el 25,5 % de los hogares colombianos alcanza niveles moderados o graves de inseguridad alimentaria. Foto: María Fernanda Londoño, Unimedios.
Otro elemento trascendental de la salud pública es el acceso a agua potable. Pese a que la cobertura de este servicio es satisfactoria en áreas urbanas, el DANE ha revelado que la cuarta parte de los campesinos carecen de él. Esto tiene consecuencias en la alimentación y en la aparición de enfermedades infecciosas.
El contexto se complejiza todavía más si se considera que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en 2024 el 25,5% de la población colombiana (cerca de 15,5 millones de personas) tenían niveles moderados o graves de inseguridad alimentaria. Así mismo, la Defensoría del Pueblo reportó un incremento del 14% en los casos de desnutrición durante 2023, año en el que además hubo 301 muertes por esa causa (171 correspondientes a personas de grupos étnicos, en especial wayuu y emberá). El informe revela no solo que estas comunidades se incluyen entre las más vulneradas en su derecho a la alimentación, sino también que las tasas de desnutrición rurales son mayores que las nacionales.
En Colombia las muertes violentas siguen constituyendo una de las principales causas de fallecimientos. La Comisión de la Verdad estima que entre 1964 y 2019 hubo más de 700.000 víctimas fatales por causa del conflicto armado.
Otro frente para el análisis implica revisar la mortalidad infantil. Si bien este indicador se mantiene en una tendencia descendente, la mejoría es demasiado lenta. Según el DANE, en 2025 murieron 10,2 niños por cada 1.000 nacidos vivos, lo que representa 351 defunciones menos que en 2024. No obstante, en regiones como Chocó los últimos datos disponibles muestran tasas que duplican el promedio nacional.
Por su parte, las muertes violentas siguen constituyendo una de las principales causas de fallecimientos en Colombia. La Comisión de la Verdad estima que entre 1964 y 2019 hubo más de 700.000 víctimas fatales por causa del conflicto armado. Aunque esos valores se redujeron sustancialmente con la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC, en 2023 este indicador volvió a escalar a 26 por cada 1.000 habitantes, una cifra superior al promedio de América Latina y el Caribe, que es de 20.
Los datos enunciados muestran la magnitud y la complejidad de la situación de salud pública en Colombia, de ahí la urgencia de trabajar para mejorar este tema crucial para contribuir a la paz.
¿Qué puede hacer la salud pública por la construcción de la paz?
Como campo de pensamiento y de acción colectiva por el bienestar común, la salud pública tiene múltiples frentes desde los cuales puede contribuir a la construcción de la paz.
El primero es la defensa y la garantía de la vida digna para la población.No se tratade abordar la vida como un concepto abstracto sino como una realidad en la que se puedan satisfacer las necesidades básicas y existan garantías para el cumplimiento de los derechos y el acceso a las oportunidades.
Se construye paz si la población es capaz de ejercer su ciudadanía en el cumplimiento de los acuerdos básicos de convivencia humana (dignidad, igualdad de derechos y no discriminación), y en la exigencia al Estado sobre esa responsabilidad elemental.
La vida digna parte del autocuidado personal y pasa por la promoción de valores de no discriminación y prácticas saludables. También son cruciales el rechazo categórico a la violencia como mecanismo de solución de las tensiones y la reivindicación de los derechos humanos como obligación del Estado y compromiso ciudadano.
El segundo elemento es la implementación de un sistema de salud universal, de predominio público, eficiente y no mercantil. Dentro de este marco, la política pública se debe concretar en un sistema que dé vigencia al derecho a la salud, es decir a la generación de condiciones de bienestar y buen vivir, así como al cuidado de la enfermedad.
Aunque existe un consenso respecto a la necesidad de reformar el sistema de salud colombiano, aún persisten diferencias políticas frente a cómo se debe dar esta transformación. Desde una perspectiva de salud pública es fundamental priorizar diversos aspectos, entre ellos: la equidad sobre la discriminación por estratos; el bienestar colectivo y la adecuada atención de las enfermedades sobre el lucro particular; y los derechos y la atención de los grupos empobrecidos y más vulnerables frente a los privilegios de poder y las élites urbanas.
Otro factor importante es equilibrar la atención de las enfermedades con la prevención y la promoción de la salud. No es correcto que el sistema se concentre en los costos y la rentabilidad y soslaye las condiciones que originan escenarios de enfermedad. El Estado debe ejercer con transparencia y responsabilidad la dirección del sistema y dar lugar a las iniciativas privadas no regidas por el ánimo de lucro.
En ese sentido, el sistema de salud será inadecuado si no acoge la diversidad cultural. Tampoco funcionará si no considera la formación y las condiciones de trabajo del personal que requiere en sus distintos frentes. Por tanto, en Colombia un nuevo sistema de salud es un prerrequisito y un pilar fundamental para la paz.
Aunque la aprobación de un nuevo modelo le corresponde al Congreso de la República, su formulación, debate e implementación requiere de una amplia participación de la ciudadanía y de organizaciones populares, sociales, gremiales, étnicas, académicas y políticas.
Otro aporte fundamental de la salud pública debe ser el apoyo decidido a los procesos de paz. Aunque está claro que la paz no es solo un asunto de salud pública, el sector sí puede aportar a la fundamentación y al reconocimiento de la urgencia de la paz. Por lo tanto, las personas y organizaciones vinculadas a él deberían participar activamente en los distintos esfuerzos populares, sociales y estatales para superar la confrontación armada. La paz es un bien público que no se debe dejar en manos de los gobiernos de turno, y menos aún que se convierta en un botín partidista o electoral.
La experiencia de los distintos procesos de paz ha demostrado la importancia de entender los motivos y las dinámicas de la guerra: su complejidad, su larga duración, su degradación y sus altísimos costos para las personas, las organizaciones, la democracia, la naturaleza y la cultura.
El Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado a mediados de 2022, abordó estos temas y elaboró un conjunto de recomendaciones cuya implementación sentaría bases sólidas para la paz. Al respecto, hay que insistir en que no existen fórmulas mágicas. No obstante, las dificultades no deben conducir al escepticismo, sino a redoblar los esfuerzos para comprender la profundidad de cada coyuntura y repensar las alternativas. La paz es ardua, costosa y supone un proceso, pero es posible, urgente y necesaria.
Ampliar el enfoque de la salud pública
La formación en salud pública es un proceso de toda la vida, por eso la sociedad necesita personas educadas en este campo y en los distintos niveles: técnicos, académicos y profesionales. A pesar de esa urgencia, hoy se tienden a priorizar aspectos administrativos, lo que ha supuesto no solo la burocratización de la práctica o la cuantificación de los fenómenos de salud (en especial, las enfermedades), sino también la desatención de los determinantes sociales y las consecuencias colectivas.
Es imprescindible asumir que la formación en salud pública requiere un enfoque multidisciplinario que abarque elementos históricos, sociológicos, económicos, antropológicos y epidemiológicos. Esto implica construir un modelo capaz de comprender la complejidad de varios fenómenos que afectan la salud, como el cambio climático, la violencia, el hambre, el racismo, la exclusión y las condiciones ambientales y de trabajo.
La formación en salud pública es un proceso de toda la vida, por lo que la sociedad necesita personas educadas en los distintos niveles: técnicos, académicos y profesionales. Foto: Leonardo Muñoz/AFP.
También es necesario reforzar y replantear la investigación en salud pública, por lo que es preciso reformular los temas, métodos, propósitos y el destino de los resultados. Los procesos de investigación no deberían ser un apéndice de los estudios biomédicos; por el contrario, deben ampliar su espectro disciplinar y buscar respuestas a las necesidades sociales en el contexto local, regional, nacional y transnacional.
Los resultados de la investigación en salud pública no se deberían limitar a la publicación de hallazgos o a la bonificación salarial de los investigadores. Su aporte debe contribuir a superar las condiciones adversas al bienestar y al logro del buen vivir colectivo, que es otra forma de definir el concepto de paz.
Los elementos descritos perfilan el campo de la salud pública y su incidencia en la construcción de paz, y animarían el debate público, así como la acción política para lograr por fin lo que no se ha alcanzado en los casi 10 años transcurridos desde la firma de los acuerdos entre el Estado y las FARC.
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