Del acuerdo de la cumbre de París contra el cambio climático quedó excluida cualquier referencia a objetivos de reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) para la aviación civil. Los gobiernos optaron por esperar al desenlace de las negociaciones que, bajo el amparo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), dependiente de la ONU, con 191 países miembros y sede en Montreal (Canadá), llevaban seis años en curso. Unas conversaciones que desembocaron este lunes en propuesta: establecer, por primera vez, objetivos obligatorios de reducción de emisiones para los aviones comerciales que entren en operación a partir de 2020.
La propuesta, pactada por un panel en el que han participado 170 expertos de 22 países, debe ser aún refrendada por el consejo de la OACI, en el que está representado España, a finales de año. La normativa planteada varía según el peso de los aparatos -las mayores reducciones serán para los aviones de más de 60 toneladas- y su antigüedad. Se aplicará desde 2020 para los nuevos modelos. Y de forma gradual, entre 2023 y 2028, para los aviones que se produzcan de modelos ya existentes. Si no cumplen con los objetivos, las unidades de esos modelos ya existentes deberán retocarse para ser más eficientes, o dejar de producirse a partir de 2028. La nueva normativa no será de aplicación para los aviones ya operativos ni para los que se pongan en funcionamiento antes de 2020.
El sector del transporte aéreo fue responsable de la emisión de 724 millones de toneladas de CO2 en 2014, el 3% del total, pero sobre todo es uno de los sectores para los que se proyecta un mayor crecimiento de las emisiones. Estimaciones de la OACI apuntan a que se multiplicarán por tres para superar los 2.200 millones de toneladas en 2050. Una tendencia que la nueva normativa debería amortiguar.