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Un estudio realizado en ocho predios ganaderos en esta zona rural de Palmira demostró que el uso de los recursos naturales (suelo, agua y atmósfera), no afecta la sostenibilidad de la zona, pero aspectos como falta de vías y servicios públicos perjudican la calidad de vida de sus pobladores. Para ellos, se propone un esquema de pago por servicios ambientales.
Entre los parques naturales Las Hermosas y Nima (Valle del Cauca), a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar, se encuentra la vereda La Nevera. Allí la mayoría de sus habitantes han encontrado en la ganadería una de las pocas fuentes de sustento.
Esta actividad no es de carácter intensiva y tecnificada, por el contrario, la ganadería que practican es extensiva, pues suelen tener un animal por hectárea en promedio. Aunque resulta positivo en aspectos medioambientales, no representa una óptima rentabilidad y se ve reflejado en la disminución de su calidad de vida, por la falta de vías y servicios públicos básicos, entre otros.
“Esta situación podría afectar la sostenibilidad del sistema productivo”, afirma Raúl Andrés Molina Benavides, zootecnista y magíster en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia (UN) Sede Palmira, quien adelantó un estudio en la zona para caracterizar los sistemas ganaderos y evaluar su viabilidad ambiental, económica y social.
Según el experto, lo que sucede en esta vereda, ubicada en la zona rural alta del municipio de Palmira, es el reflejo de lo que acontece en el país. De las más de 51 millones de hectáreas dedicadas a las actividades agropecuarias, alrededor de 37 millones se destinan a la ganadería, particularmente la bovina, que en un 70 % se realiza bajo sistemas de producción extensivos.
“Estos se caracterizan por una baja eficiencia en el uso del suelo, sumado a un gran deterioro ambiental a causa de problemas como la deforestación, las quemas, la erosión, la pérdida de la biodiversidad y la inequidad social, factores que han influido en la percepción sobre la ganadería bovina, vista como un sector productivo que atenta contra la sostenibilidad ecológica mundial”, amplía.
Ambientalmente sostenible
Para el desarrollo del estudio, se tomaron 192 muestras de suelo en ocho predios, a dos rangos de profundidad (0-5 y 5-10 cm) en cuatro sitios de muestreo (una en bosque nativo y tres en potreros destinados para el pastoreo del ganado) y con tres repeticiones por sitio de muestreo. Además, para indagar aspectos como el tamaño del predio, el área en pastos, el número de animales en el hato, la cantidad de vacas en el ordeño, las fechas de partos y la producción de leche por vaca diaria, se realizó una encuesta a los propietarios.
De esta manera, el investigador encontró considerables valores de carbono orgánico en el suelo (33,72 toneladas por hectárea (t/ha) para el bosque y 25,29 t/ha para los potreros), así como una óptima densidad o compactación (de 0,46 gramos/centímetros cúbicos -g/cm3- y 0,5 g/cm3, respectivamente).
Según estos resultados, los suelos de la zona son importantes sumideros (acumuladores) de dióxido de carbono, ya que tienen buena capacidad de retención de agua y de fertilidad moderada, explica el investigador.
Para medir la cantidad de agua utilizada por un bovino, (huella hídrica) desde su nacimiento hasta el sacrificio (10 años), se consideraron tres aspectos: la cantidad de líquido necesario para alimento (forraje y concentrados), bebida y servicios. En La Nevera esta fue de 16.222 m3, valor que se encuentra por debajo del promedio mundial. Esto puede atribuirse a las altas precipitaciones (lluvias) de la zona, lo que disminuye la cantidad de agua requerida para el riego de los potreros.
En cuanto a la emisiones de gases de efecto invernadero, calculadas a través del simulador dgas (Dairy Greenhouse Gas abatement strategy Calculator), las fincas en promedio emitieron 76 kg de dióxido de carbono equivalente por año –kg CO2eq (unidad de medida que unifica diferentes poderes de calentamiento global). Respecto a la huella de carbono, esta fue de 4,2 kg CO2eq/kg de leche, el cual está por encima del promedio mundial (2,6), debido a la baja producción de leche por animal.
Problema social
En relación con el componente social, el 75 % de las viviendas de los predios estaban en estado regular, el 100 % de los campesinos no acceden a programas de educación, capacitación y asistencia técnica y la totalidad de los predios no cuentan con servicios públicos (agua, luz, alcantarillado, gas, etc.).
Precisamente, Evier de Jesús Dávila, secretario de Infraestructura de la Alcaldía de Palmira, afirma: “aunque lo ideal sería que las trochas fueran pavimentadas, por la falta de recursos únicamente se ha realizado mantenimientos, cada seis meses, a los 48 kilómetros de vía terciaria”.
A su vez, Jorge Enrique Llano, secretario de Vivienda señala: “en cuanto a servicios públicos, se pasó un proyecto a la electrificadora EPSA, pero por falta de viabilidad financiera fue descartado. De igual manera, apenas se ha desarrollado la primera parte de una iniciativa que busca la puesta en marcha de sistemas alternativos de energía, con la instalación paneles solares”.
Asimismo, dentro de los resultados, el 87,5 % de las fincas no tiene huertas caseras o cultivos, actividades relacionadas con la soberanía alimentaria. “Durante los recorridos vimos que había un puesto de salud sin equipos ni personal de atención. Además, paradójicamente, muchos de ellos deben ir hasta la ciudad para adquirir los alimentos”, amplía el zootecnista.
Otro aspecto detectado durante el estudio fue la pérdida del relevo generacional, ya que la mayoría de personas participantes eran de la tercera edad. En opinión del profesor Hugo Sánchez Guerrero, de la UN Sede Palmira, “las personas abordadas en los predios eran ancianos y por eso debe haber un incentivo para que los jóvenes se queden en el campo. Si van a estudiar a la ciudad, deben tener garantías para regresar e impulsar el agro”.
Pago por servicios ambientales
Los expertos coinciden en señalar que el entorno y las condiciones socioeconómicas son limitantes para crear estrategias de reconversión (acciones conjuntas que beneficien lo ambiental y productivo), pues los campesinos, abandonados por el Estado durante años, desconocen técnicas adecuadas para que su actividad sea más sostenible.
Ante esta situación, los investigadores proponen un esquema de pago para los campesinos por el cuidado, conservación, mejoramiento y monitoreo de los recursos naturales que poseen en sus predios.
De esta manera, “sería posible generar información de la dinámica que sirva para mostrar a los beneficiarios e interesados en comprar un servicio ambiental real, ya sea gobierno, Estado o también empresas privadas, a través de planes de responsabilidad social”, explica Raúl Andrés Molina.
Gracias a estos estudios, se podrá identificar el impacto de la producción agropecuaria en zonas altoandinas que presentan problemáticas sociales, económicas y ambientales, los cuales deberán ser considerados para impulsar el agro colombiano, de cara al posconflicto.
Edición:
UN Periódico Impreso No. 197