Interpol ha coordinado una operación en 43 países del mundo para combatir el tráfico ilegal de residuos, que en el caso de España ha sido llevada a cabo por Seprona, de la Guardia Civil con 4.020 inspecciones y 1.477 denuncias en un mes.
La Dirección General de la Guardia Civil ha dado cuenta hoy de los resultados de la operación “Tyson”, desarrollada en esos 43 países entre el 1 y el 30 de junio pasado con el objetivo de ofrecer una respuesta global contra el vertido y tráfico ilícito de residuos.
1,5 millones de toneladas de vertidos
Fotografías facilitadas por la Guardia Civil. EFE
Más de 1,5 millones de toneladas de vertidos ilegales han sido descubiertas en esta operación mundial que, en el caso de España, fue coordinada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil con la participación de 1.000 agentes del cuerpo.
Así, se realizaron 4.020 inspecciones, entre ellas 1.090 a medios de transporte, 526 en centros de tratamiento, 318 en centros de producción de residuos y 473 a vertederos, entre otras.
Con ellas se detectaron múltiples infracciones que han dado lugar a 1.477 denuncias administrativas, así como al esclarecimiento de cinco delitos, en tanto que otros doce se están investigando actualmente.
Entrada y salida de residuos
Y si algo ha llamado la atención de los investigadores, según han comentado a Efe fuentes del Seprona, es comprobar el enorme volumen de residuos que de forma ilegal entran en España desde localizaciones muy pequeñas como Malta y Gibraltar, que por su tamaño es prácticamente imposible que produzcan tantos.
Por tanto, a esos territorios llegan residuos procedentes de otros países y desde allí son “importados” a España, que no solo recibe, sino que también exporta, ya que este tráfico ilegal se ha convertido en un importante negocio para las redes criminales.
Todos los países, tal y como establecen los convenios internacionales, tienen la obligación de gestionar sus propios residuos, por lo que “no tiene sentido” que, por ejemplo, a España lleguen desde Alemania, Francia o Estados Unidos, estados muy desarrollados. Pero se hace así para deshacerse de ellos de forma más barata.
Italia, Grecia, Portugal, Andorra, Israel, Emiratos Árabes, Omán Argentina, Uruguay, Colombia u Honduras son otros países que exportan sus residuos a España de forma ilícita.
Crecimiento de los delitos medioambientales
Las fuentes del Sepron destacan el crecimiento que está experimentando el delito medioambiental, sobre todo el tráfico de especies y de residuos. Tanto es así, que la Unión Europea ya los ha situado al mismo nivel que el narcotráfico o el terrorismo y se ha puesto como prioridad combatirlos.
Durante la operación, se ha actuado sobre las actividades ilegales vinculadas a los traslados transfronterizos de residuos, los vertidos ilícitos, las actividades no controladas en vertederos, las operaciones irregulares de reciclaje y el mercado ilegal de sustancias que afectan a la capa de ozono.
En concreto, en el transcurso de la operación en España se han detectado infracciones por residuos de construcción y demolición, de aparatos eléctricos y electrónicos, vehículos viejos, residuos urbanos, metálicos, lodos y neumáticos fuera de uso.
Tráfico y vertidos
Así, se detectaron dos buques que transportaban 6.600 toneladas de residuos metálicos y, en cuya descarga en puertos españoles, se estaban efectuando vertidos al mar sin ninguna medida de seguridad.
También se localizó otro buque con plásticos triturados procedentes de Dakar (Senegal) sin la correspondiente autorización, mientras que en un establecimiento se hallaron 136.000 litros de aceites vegetales usados y 32.000 litros de aguas residuales de dichos aceites sin el control pertinente.
Se investigó asimismo a una empresa por actuaciones fraudulentas reiteradas durante al menos seis años en la gestión de residuos y se detuvo a tres personas como presuntos autores de varios delitos de traslado transfronterizo ilícito de residuos procedentes de Gibraltar y con destino a la localidad gaditana de Medina Sidonia.
Todos los detenidos e investigados en esta operación se enfrentan a penas de prisión de 6 meses a 5 años y, sin perjuicio de las acciones penales o administrativas, los infractores deberán reparar el daño medioambiental causado, lo cual eleva la cuantía de las multas, dado que la afección de este tipo de acciones repercute de manera directa sobre la sostenibilidad del medio ambiente. Efeverde