Cuando los oficiales de aduanas pakistaníes incautaron el año pasado cantidades masivas de refrigerante R-22, un poderoso gas de efecto invernadero que agota la capa de ozono, se demostró que la efectiva aplicación de las leyes ambientales puede marcar la diferencia en la protección del planeta.
En octubre de 2018 las autoridades aduaneras confiscaron en el puerto de Karachi 18.000 kilogramos del refrigerante, la mayor incautación de este tipo en Pakistán. La redada se produjo cuando un oficial de aduanas, Rahmatullah Vistro, fue alertado sobre los planes de contrabando.
Vistro es uno de los muchos funcionarios de aduanas de todo el mundo que han recibido capacitación de ONU Medio Ambiente para identificar las sustancias que agotan la capa de ozono, que a menudo son ingresadas de contrabando través de declaraciones falsas o etiquetado incorrecto -como sucedió en el caso pakistaní-.
Los países están eliminando los hidroclorofluorocarburos como el R-22 en el marco del Protocolo de Montreal, el tratado que protege la capa de ozono. Según la última Evaluación científica del agotamiento de la capa de ozono, el ozono estratosférico se ha estado recuperando a una tasa de 1% a 3% por década desde 2000, gracias a las acciones tomadas bajo el Protocolo de Montreal.
Los impactos destructivos del R-22 en la capa de ozono se ven agravados por su enorme potencial de calentamiento global – 1.800 veces mayor que la del dióxido de carbono-. Las emisiones de gases de efecto invernadero del cargamento de 18.000 kilogramos habrían sido equivalentes a quemar más de 132.000.000 kilogramos de carbón.
Aun así, la demanda de sustancias controladas sigue siendo alta en algunos lugares donde las alternativas son costosas o no funcionan tan bien a temperaturas extremadamente altas. El comercio ilegal de sustancias que agotan la capa de ozono tiene un valor de casi US$ 70 millones por año, según las últimas estimaciones.
Los éxitos muestran que la aplicación de las leyes ambientales es posible, aunque esto aún no sea la norma. La primera evaluación global del estado de derecho ambiental de ONU Medio Ambiente, realizada en 2018, encontró que la débil aplicación de las leyes es una tendencia global que está exacerbando las amenazas ambientales, aunque el número de leyes en esta materia se haya multiplicado por 38 desde 1972.
“Este informe explica por qué, pese a la proliferación de leyes ambientales, persisten problemas como la contaminación, la reducción de la biodiversidad y el cambio climático”, dijo David Boyd, Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos y el medio ambiente. “A menos que se fortalezca el estado de derecho ambiental, incluso las normas aparentemente rigurosas están destinadas al fracaso y no se alcanzará el derecho humano fundamental a un medio ambiente saludable”, señaló.
Las instituciones sólidas pueden hacer cumplir las leyes ambientales y garantizar una gestión más eficaz de los recursos naturales. ONU Medio Ambiente trabaja con los países para fortalecer la aplicación y el cumplimiento de las normas mediante la promoción de un enfoque de gestión ambiental basado en derechos, y el fortalecimiento de las capacidades para hacer cumplir las legislaciones y combatir las infracciones.
“Ya tenemos la maquinaria en forma de leyes, regulaciones y agencias para regir nuestro medio ambiente de forma sostenible. La voluntad política resulta ahora esencial para garantizar que las leyes y organismos funcionen a favor del planeta”, dijo Joyce Msuya, Directora Ejecutiva interina de ONU Medio Ambiente.
ONU Medio Ambiente también trabaja para generar conciencia pública contra de los delitos ambientales, alentando así a los gobiernos y las autoridades a tomar medidas enérgicas a través de las leyes existentes. Por ejemplo, la campaña Feroz por la Vida ha movilizado a millones de personas en la lucha contra el tráfico de vida silvestre desde su lanzamiento en mayo de 2016. En 2018, la campaña ayudó a brindar mayor protección para el leopardo de las nieves cuando el Gobierno de Mongolia revocó las licencias de minería en la Reserva Natural Tost.
ONU Medio Ambiente y sus socios también alientan a la acción a través del reconocimiento de aquellos que hacen cumplir las leyes. Por ejemplo, un golpe digno de reconocimiento en 2018 fue la sentencia contra el capo de la vida silvestre Boonchai Bach, un ciudadano vietnamita-tailandés de 41 años condenado en Tailandia a dos años de prisión por traficar 11 kilogramos de cuerno de rinoceronte valorados en US$ 700.000.
El equipo que entregó la evidencia (la Aduana tailandesa, la Policía Real de Tailandia y el Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Plantas) recibió uno de los Premios de Cumplimiento Ambiental de Asia 2018 por su trabajo.
«Solo sueño con lograr un gran objetivo como este, llegar a los cabecillas de las organizaciones criminales», dice Klairong Poonpoon, director de la Oficina de Conservación de Vida Silvestre del Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Plantas. «Queríamos hacer algo que pueda tener un impacto en la región», añadió.