Para generar un cambio social en este tema se requieren 7 catalizadores que garanticen su aplicación progresiva; entre estos se cuenta la transformación del sector agropecuario, las cadenas de suministro eficientes y la gobernanza multinivel de políticas públicas.
Jhon Jairo Bejarano Roncancio | Profesor titular del Departamento de Nutrición Humana, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)share
Planificación agropecuaria, el fortalecimiento del sistema de vigilancia de la inocuidad y su trazabilidad son parte de los retos. Crédito: Archivo Unimedios
Se sabe que las condiciones crónicas de inseguridad alimentaria en contextos de vulnerabilidad económica y social –agravada por el hambre– llevan a estados de enfermedad e infección especialmente en infantes, y una de sus manifestaciones es la desnutrición con sus comorbilidades, que, lastimosamente, desencadena en la muerte.
Al respecto, el último Boletín Epidemiológico del Instituto Nacional de Salud (INS) registró que entre noviembre y diciembre de 2022 se notificaron 22 muertes en menores de 5 años por infección respiratoria y enfermedad diarreica aguda, probablemente asociadas con desnutrición. Estas cifras muestran un oscuro panorama de la atención a la niñez colombiana.
La desnutrición infantil, como evento de morbimortalidad, es solo uno de los retos del nuevo gobierno durante su cuatrienio, y requiere de la formulación de indicadores que comprueben la mitigación de problemáticas en salud pública para continuar alcanzando las metas trazadoras de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por Naciones Unidas. Para ello, la agenda pública pretende importantes acciones tanto en el derecho a la alimentación como en el cambio climático antropogénico, la pobreza, la desigualdad, el conflicto armado y la presión migratoria, situaciones, que en suma, han multiplicado los casos de inseguridad alimentaria en el país.
En ese sentido, el objetivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2022-2026) en seguridad alimentaria y nutricional (SAN) es convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida, y para ello es importante garantizar el derecho humano a la alimentación (DHA) de toda su población, que incluye la planificación agropecuaria según las particularidades territoriales, el fortalecimiento del sistema de vigilancia de la inocuidad y su trazabilidad para evitar las enfermedades transmitidas por los alimentos; mejorar la gobernanza y los mecanismos para el diseño, la ejecución y el seguimiento de las políticas y sus dinámicas nación-territorio; una conectividad vial, aérea y fluvial para el transporte de alimentos, así como una mejor infraestructura de transporte con cadenas de suministros eficientes y digitales; finalmente generar entornos de desarrollo que fomenten la alimentación saludable como lo señala el DNP 2022.
Una de las estrategias de intervención que históricamente ha vulnerado el DHA –más por corrupción– es el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Lo que plantea el PND es tener un programa con mayor cobertura, más equitativo en territorio y que contribuya al bienestar y la seguridad alimentaria de los niños, niñas y adolescentes en la escuela. Para tal fin, el Gobierno avanzará en el incremento progresivo de la cobertura hasta alcanzar la universalidad, garantizando la atención durante todo el año escolar, incluyendo los periodos de receso académico en las regiones priorizadas, para movilizar la economía local, privilegiando la participación de las comunidades en la operación y el control social con transparencia, agregando acciones para evitar el desperdicio de alimentos.
Dentro una gobernanza interinstitucional el DHA se soporta en tres pilares: (i) la disponibilidad, expresada en una oferta suficiente y disponible, (ii) el acceso a alimentos, que se refiere a los ingresos de una familia o individuo para obtenerlos, y (iii) la adecuación a las necesidades nutricionales de la población según su curso de vida y las prácticas alimentarias territoriales, que implica un alimento en calidad y cantidad suficientes, así como los nutrientes necesarios para el desarrollo físico, mental, social y cultural.
Sin embargo, primero se debe fortalecer la productividad agropecuaria nacional para que sea competitiva y reducir de manera significativa la importación de alimentos frescos. De ahí que las líneas de política trazadas en esta transformación se enmarcarán en la reforma rural integral y sus respectivos planes nacionales sectoriales.
En general, todos estos esfuerzos están alineados a las dimensiones de la SAN como la dimensión humana y su perspectiva de medios económicos con la disponibilidad de alimentos y su acceso, y la dimensión ambiental y su perspectiva de calidad de vida, con el consumo y aprovechamiento o la utilización biológica de los alimentos; de forma transversal a estas dimensiones se encuentra la calidad e inocuidad, que asegura que después de ingerir los alimentos estos no representan un riesgo para la salud.
Este cambio social requiere de siete catalizadores formulados para la garantía progresiva del DHA; estos son:
- Generar una transformación del sector agropecuario para producir más y mejores alimentos en línea con la Reforma Rural Integral, pactada en el Acuerdo Final de Paz.
- Cadenas de suministro eficientes, digitales y tecnificadas para potenciar el campo colombiano.
- Red de infraestructura para garantizar el transporte eficiente de alimentos, así como los insumos, la maquinaria y el equipo de la cadena logística agropecuaria.
- Reducir la intermediación y aumentar la rentabilidad en la comercialización de la producción agropecuaria.
- Alimentos sanos y seguros que cumplan estándares de sanidad e inocuidad en la cadena alimentaria.
- Consumo de alimentos adecuados y adaptados a las necesidades del curso de vida, las prácticas alimentarias territoriales y poblacionales en línea con el Plan Nacional Sectorial de Alimentación derivado del Acuerdo de Paz.
- Gobernanza multinivel políticas públicas asociadas con el derecho humano a la alimentación adecuada (DHAA).
En todo el mundo se ha recomendado promover la agricultura campesina y familiar con enfoque agroecológico, aspectos que están determinados en el PND, pues tiene implicaciones en el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los productores campesinos, y además contribuye a la disponibilidad de variedad de alimentos autóctonos, a la oferta de alimentos naturales y a mejorar las prácticas de consumo, que en la actualidad están íntimamente relacionadas con el incremento de la malnutrición y de las enfermedades crónicas (OPS, 2022; Eat-The Lancet). Desde esta perspectiva, también se estimulan los modelos de agronegocios sostenibles y la bioeconomía, como enfoque emergente, fomentando la colaboración en la generación y transferencia de conocimiento con actores públicos y privados nacionales, regionales e internacionales, considerando mejorar la comprensión de la situación financiera y de bienestar de los hogares agrícolas para diseñar medidas efectivas de apoyo a los ingresos campesinos (OCDE, 2022).
La violencia basada en género tiene un impacto devastador en la productividad agrícola y la SAN, especialmente en áreas rurales, además perpetúa la desigualdad. Crédito:Jeimi Villamizar – Unimedios
Otro aspecto a considerar es la violencia basada en género, ya que tiene un impacto devastador en la productividad agrícola y la SAN, especialmente en áreas rurales, además perpetúa la desigualdad, estancando la reducción de la pobreza. Aquí los hombres son clave en la prevención de este tipo de violencia, para cambiar las actitudes sociales negativas y discriminatorias contra mujeres y niñas (FAO, 2017). Este considerando se encuentra focalizado dentro de la seguridad humana y justicia social del PND, que además considera indicadores para el desarrollo de oportunidades, como la reducción de la pobreza multidimensional, la mortalidad materna, la cobertura en educación superior y la seguridad social.
Por último, en cuanto a los avances de los ODS, este año Colombia ocupó el puesto 75 entre 163 países, situación preocupante pues en los últimos años descendido en el ranking, especialmente en el avance de erradicación de la pobreza, la reducción de las inequidades y la igualdad de género.
En la medición del Índice Global de Seguridad Alimentaria (GFSI) obtuvo la posición 43, y el criterio más bajo es el de asequibilidad de los alimentos. En este índice también se considera que los productores en el campo no pasen dificultades para cosechar los alimentos; también contempla métricas ambientales y de impacto, la disponibilidad, calidad y seguridad, y sostenibilidad y adaptación (ONU, 2022). Prácticamente estos resultados reflejan la situación de departamentos como La Guajira y Chocó, que en 2021 experimentaron mayor pobreza monetaria: 67,4 y 63,4 % respectivamente (DANE, 2022). Estos datos también indican que probablemente varias de las metas de los ODS a 2030 no se alcanzarán a cumplir.
Entonces, los retos a 2023 y en adelante son múltiples y requieren de una articulación interinstitucional real, una agenda de gobernanza participativa y transparente articulada a los ODS, la ejecución de intervenciones muy acertadas en territorio, dadas las preocupantes cifras en inseguridad alimentaria y hambre, sostenibilidad ambiental y soberanía alimentaria; además, la transformación de los sistemas agroalimentarios mediante el desarrollo de cadenas de valor agregado intensivas en innovación y conocimiento, que bien lo exponen las bases del PND.
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