Con la firma del presidente de la República y la promulgación de la ley, finalmente la Conmebol quedó sin la inmunidad diplomática que le había sido concedida en 1997. Horacio Cartes, el mandatario paraguayo, cumplió con el último paso este jueves.
La polémica sobre la inmunidad con la que contaban el predio y los documentos de la matriz del fútbol sudamericano se desató luego de que Estados Unidos iniciara una investigación contra dirigentes de la FIFA y la Conmebol por corrupción y lavado de dinero.
El proyecto fue presentado por el diputado Hugo Rubín y pasó sin mayores problemas por las dos cámaras del Congreso. El mismo Cartes había solicitado con anterioridad la derogación de la inmunidad de la Conmebol, una vez que esta saltó al tapete de las discusiones.
El 29 de mayo de 1997 era sancionada en Paraguay la ley 1070, por la que se concedía a la Confederación Sudamericana de Fútbol la inviolabilidad de su local permanente. El proyecto había sido presentado durante los últimos meses de 1996 en el Parlamento, donde pasó sin mayores problemas por las dos cámaras. En aquella época, la sede de la CSF se encontraba todavía en construcción.
Con solo cuatro artículos, el Estado paraguayo le estaba dando al predio de una entidad deportiva el mismo nivel que una representación diplomática de la mismísima ONU. “La inviolabilidad dispuesta en esta Ley, tiene el mismo alcance que la establecida en las secciones 3 y 4 de la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, ratificada por Ley No. 11 del 19 de febrero de 1952”, se puede leer en el artículo 3 de la ley.
Es decir que los bienes de la Conmebol gozaban de inmunidad contra allanamiento, requisición, confiscación, y expropiación y contra toda otra forma de interferencia, ya sea de carácter ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo. Lo mismo ocurre con los documentos de la matriz del fútbol sudamericano.
Esto significa, por ejemplo, que si en Paraguay se abriera un proceso de lavado de dinero contra algún dirigente de la Conmebol y necesitara de realizar allanamientos en su predio o confiscar documentos de la misma, no lo podría hacer por más que existiera una orden judicial. Al menos no sin que antes se derogue la ley que data ya de hace casi dos décadas.