Este ha sido un año de fenómenos climáticos catastróficos. Lluvias de proporciones bíblicas en toda Asia meridional provocaron inundaciones que afectaron a más de 41 millones de personas y cobraron la vida de al menos 1200 personas. Huracanes sin precedentes causaron muerte y destruyeron infraestructura en varios Estados insulares del Caribe y en pueblos y grandes ciudades del sur de Estados Unidos. En África, la sequía puso en riesgo de inanición a 20 millones de personas en Somalia, Sudán del Sur, Nigeria y Yemen. Y por tercer año consecutivo, los países dotados de arrecifes de coral —desde Asia oriental y el Pacífico hasta el norte de África— han visto desaparecer enormes secciones de sus sistemas de arrecifes (i) debido al estrés térmico provocado por las temperaturas insosteniblemente altas de los océanos.
Todos estos acontecimientos a nivel mundial lanzan la misma alerta: debemos acelerar la acción climática y cumplir las metas establecidas en el Acuerdo de París. Este año, en la CP que se celebrará en Bonn (Alemania), el llamado a la acción ha encontrado un promotor ideal, el Gobierno de Fiji, (i) país que pasará a la historia como el primer pequeño Estado insular en presidir y organizar las negociaciones.
Desde la firma del Acuerdo de París en 2015 se han tomado muchas medidas positivas para acelerar la acción climática a escala mundial. Según la Agencia Internacional de la Energía, (i) las emisiones mundiales de dióxido de carbono relacionadas con la energía se mantuvieron sin variaciones por tercer año consecutivo en 2016 a pesar del crecimiento de la economía mundial, lo que demuestra una continua disociación entre las emisiones y la actividad económica. Los mercados mundiales están experimentando una importante transformación impulsada por las energías renovables gracias al rápido descenso de los costos de la energía solar y la energía eólica, (i) y las baterías están cumpliendo un rol cada vez más importante para equilibrar la oferta y la demanda. Además, la fijación del precio del carbono está cobrando impulso a nivel mundial, ya que más de 40 jurisdicciones nacionales y 25 subnacionales han establecido un precio para la contaminación provocada por las emisiones de carbono.